Hoy se conocerá el veredicto contra los penitenciarios de Salta acusados por corrupción

El veredicto en el juicio por la presunta red de corrupción, que operaba dentro de la Unidad Carcelaria Número Uno en la ciudad salteña de Villa Las Rosas, se conocerá este jueves en los tribunales provinciales. Diecinueve personas se encuentran imputadas en el proceso y enfrentan pedidos de condena que oscilan entre 6 y 20 años de prisión.

Las autoridades judiciales indicaron que este jueves los acusados podrán efectuar sus últimas declaraciones ante el tribunal conformado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, previo a la lectura formal de la sentencia. Los fiscales del caso solicitaron penas específicas de 11 años y 8 meses de prisión efectiva para Sergio Faustino Moya; 12 años para Francisco Arturo Bisceglia; 9 para Marcos Matías Bucotich García, y 8 años y 6 meses para Raúl Antonio Arjona y Luis Roberto Castaño, según NA.

Los pedidos de condena también comprenden a Marcelo Olguín Magno, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores, para quienes se requirieron 6 años de prisión efectiva. A Rubén Antonio Guaymás se le solicitaron 5 años, a José Luis Alarcón y María Inés Méndez, 9 años, a Baldomero Darío Córdoba, 2 años, y a Manuel Méndez y Héctor Gustavo Banega, 9 años y 6 meses.

En el caso de varios de los funcionarios penitenciarios imputados, los fiscales solicitaron penas agravadas por tratarse de la comisión del delito desde el interior de la cárcel y en calidad de personal encargado de la custodia de reclusos.

El caso surgió a partir de una denuncia anónima que activó el despliegue de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. La presentación alertaba sobre presuntos actos de corrupción en el penal. Dado que los internos y sus contactos externos cambiaban habitualmente de chips en los teléfonos celulares utilizados para coordinar acciones, el trabajo se centró en la intervención de dispositivos y en el rastreo de los códigos IMEI, con autorización de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO).

Durante al menos treinta días, los investigadores analizaron comunicaciones entre internos, familiares y funcionarios penitenciarios. El cruce de datos y la coordinación con el área de Inteligencia Penitenciaria posibilitaron definir con exactitud los roles ocupados por los implicados, que incluían jefes de pabellón, celadores, encargados de seguridad y miembros de la Junta Correccional, órgano responsable de gestionar beneficios como traslados, progresividad de pena o ingreso a regímenes especiales.

La investigación indagó en el funcionamiento de la Junta Correccional y en la concesión de beneficios a cambio de pagos canalizados a través de familiares o mediante transferencias encubiertas.

En este contexto, el oficial José Luis Alarcón, apodado “Cachorro”, fue identificado como uno de los coordinadores para el ingreso de elementos prohibidos, particularmente celulares.

Entre los internos, Méndez se le atribuye el consumo de estupefacientes y la obtención de beneficios sin ajustarse a las reglas del penal. Incluso, en algunas grabaciones se lo escucha relatar cómo lograba influir sobre agentes para obtener “diez puntos de conducta” o facilidades para actividades no autorizadas.

Sergio Faustino Moya fue sindicado como uno de los coordinadores de traslados no autorizados de internos y de la gestión de favores, tareas que continuó supervisando desde la alcaldía de Ciudad Judicial y que extendía incluso a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta, donde gestionaba beneficios para detenidos a cambio de dinero.

Según el testimonio de los investigadores, la operatoria contemplaba la utilización de familiares ficticios, el pago de sumas de dinero por transferencias y la redistribución de fondos obtenidos a través de una compleja red que incluía más de 113 cuentas bancarias vinculadas a diecisiete de los imputados.

El financiamiento de la organización era articulado externamente por Baldomero Darío Córdoba, encargado de canalizar los fondos hacia los funcionarios penitenciarios, de acuerdo a lo acreditado en las evidencias bancarias y peritajes forenses.