Avanza el juicio contra un pastor por explotación laboral e inspeccionaron el templo donde todo ocurría

A cuatro meses de haber comenzado el juicio contra el pastor evangélico Roberto Tagliabué en Mar del Plata, este lunes se realizó una inspección ocular en la iglesia donde se llevaron a cabo los hechos que están siendo juzgados. Además de las autoridades judiciales, policiales y la Fiscalía, estuvo presente el propio imputado —acusado de trata de personas por explotación laboral agravada y privación ilegal de la libertad, entre otros delitos— quien fue trasladado desde la unidad penitenciaria en la que permanece alojado.

Según comentaron los vecinos del lugar al portal La Capital el inmueble, ubicado sobre la calle Génova del barrio Pueyrredón, está tomado desde hace aproximadamente un año. Se trata de la iglesia El Shaddai y el Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA), los dos espacios vinculados a la causa, los cuales carecían de habilitación y personal médico mientras operaba como supuesto centro de rehabilitación.

En tanto, se espera que el juicio continúe el próximo 29 de septiembre con el alegato de la fiscal federal Laura Mazzaferri, quien solicitará la condena contra Tagliabué por los delitos mencionados, además de ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal, así lo indicó el mismo medio local. Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la acusación está centrada en la captación y sometimiento de jóvenes vulnerables a trabajos forzados en el marco de un falso programa de recuperación. El Tribunal Oral Federal de la ciudad balnearia lleva adelante el expediente, que reúne nueve casos ocurridos entre 2001 y agosto de 2022.

Durante la apertura del debate el 26 de mayo pasado, la Fiscalía —integrada por María Eugenia Montero, Diana Arias y Victoria Sassola, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas— expuso un panorama en el que las víctimas con antecedentes de adicciones, problemas económicos y conflictos con la ley habrían sido captados mediante engaños, violencia y aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad. Parte de ellos habían sido derivadas por la Justicia provincial como alternativa a cumplir penas de prisión o para suspender procesos penales.

La acusación reconstruyó que las personas alojadas en El Shaddai y su programa asociaban su integración al mismo con la obligación de realizar trabajos no remunerados, como venta ambulante de panificados, productos de limpieza y plantas, además de atender comercios pertenecientes al evangélico y ejecutar tareas de mantenimiento y albañilería en la propia iglesia. Las jornadas laborales abarcaban prácticamente la totalidad del día y no se reconocía pago alguno, ya que el pastor administraba todo el dinero generado.

El supuesto programa de recuperación cobraba a los asistentes por los gastos de alimentación, alojamiento y un diezmo mensual, además de retener los montos correspondientes a planes sociales o pensiones por discapacidad que pertenecían a las víctimas. Las reglas internas incluían un sistema de multas económicas y la entrega de vales a quienes adquirían productos en el minimercado administrado por el acusado.

De acuerdo con la investigación, la estructura liderada por Tagliabué utilizaba mecanismos de captación que involucraban la difusión de folletos, la promoción en una página web, y la intervención en instituciones carcelarias y tribunales provinciales. También se empleaba el rol de encargado pastoral como herramienta de control ante las autoridades, informando permanentemente sobre la situación de quienes residían bajo su supervisión.

En la primera audiencia pública, la defensa del pastor presentó su alegato de apertura y el tribunal escuchó a dos víctimas, quienes prestaron declaración a puertas cerradas para resguardar su identidad y situación de vulnerabilidad.

El caso también incluyó denuncias por comercialización de fauna silvestre y maltrato animal. Durante los allanamientos realizados en 2022, las autoridades federales secuestraron 97 especies exóticas y 154 animales adicionales en la propiedad del imputado, lo que derivó en cargos adicionales por transgresión a la Ley Nacional de Fauna.