“Animaladas procesales”: se recrudeció la pelea en tribunales por la indagatoria al presidente de San Lorenzo

Parece el cuento de La Buena Pipa. Cuando parecía que la pelea en el escritorio por ver quién se quedaba con la causa por coimas de 25 mil dólares contra el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, había llegado a su fin y este 11 de septiembre finalmente iba a ser indagado por el delito del que se lo acusa, nuevamente apareció un freno. El defensor del sospechoso hizo una presentación y se suspendió la indagatoria, otra vez.

¿Dónde nace la pelea? Con una cámara oculta de Telenueve Denuncia según la cual entre febrero y junio de 2024, la madre de un jugador juvenil entregó dos pagos en efectivo —uno de USD 20.000 y otro de USD 5.000— al entonces presidente de San Lorenzo, con el fin de asegurar el fichaje del futbolista. El contrato se formalizó el 24 de julio de 2024, aunque el chico no integró ni el plantel profesional ni el juvenil, ni participó en torneos organizados por la AFA. Y la plata no habría ingresado al club.

Ante la difusión del caso, el fiscal de la Ciudad Maximiliano Vence inició una causa de oficio. En paralelo, la fiscal del fuero de instrucción nacional Mónica Cuñarro recibió la denuncia del abogado César Francis, candidato opositor en San Lorenzo.

La Ciudad no quiso soltar el expediente y Curraño lanzó fuertes acusaciones contra su colega porteño de forum shopping “precedido de un acuerdo (tácito, explícito o expreso) que obedecería a actos contrarios al espíritu de justicia”.

Y entonces, todo llegó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, a través de su Sala VII, el 3 de septiembre pasado consideró que la figura de administración fraudulenta, prevista en el artículo 173, inciso 7° del Código Penal, no fue transferida a la Ciudad de Buenos Aires en los convenios celebrados con el Estado Nacional en el marco de la Ley 24.588, por lo que cualquier intento de investigación local constituiría un “traspaso de hecho”.

La decisión confirmó que será la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, con el expediente a cargo de la jueza Laura Bruniard, la encargada de continuar con la causa por presunta defraudación por administración fraudulenta. Y la magistrada entonces citó a Moretti para ser indagado el próximo 11 de septiembre.

Esa decisión ahora fue frenada por la presentación de Gastón Marano, abogado de Moretti: un recurso de reposición con apelación en subsidio ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 de la jueza Bruniard.

El escrito, firmado por Marano, expone un conflicto de competencia entre la justicia nacional y la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que, según la defensa, pone en riesgo garantías constitucionales básicas y podría derivar en la nulidad de los actos procesales.

“Tal vez no haya pasado por el conocimiento de V.S. pero mi asistido ya fue citado a indagatoria y a realizar su descargo y proveer a su defensa en el fuero citadino, acto que se ha llevado adelante el día 8 de julio del corriente. Adjunto la citación al respecto, por si V.S. no hubiera tomado conocimiento de esta", avisó el abogado.

¿Qué quiere decir?

El letrado le avisa que ya lo indagaron en la Ciudad y llamarlo de nuevo a indagatoria en el fuero nacional generaría una doble persecución penal. Por ello, la magistrada Bruniard este martes decidió suspender la cita para el 11 de septiembre para Moretti.

“Hasta tanto adquiera firma lo resuelto sobre la competencia de este Tribunal, suspéndase la declaración indagatoria de Marcelo Luis Angel Moretti”, firmó la jueza.

Además, en su presentación, Marano advirtió sobre la imposibilidad material de ejercer una defensa adecuada, ya que el juzgado nacional no tiene acceso a todas las pruebas recolectadas en la causa de la Ciudad, lo que podría derivar en la nulidad de la indagatoria.

En palabras de la defensa: “Sin poder dar cuenta de las pruebas existentes contra Moretti, no puede citárselo a indagatoria, en tanto no podría defenderse de lo que desconoce”.

El escrito también plantea dificultades para ofrecer prueba de descargo, como la declaración de un testigo clave que se encuentra imputado en una de las jurisdicciones, lo que impide su citación válida en la otra.

Marano sostiene que la situación es inédita en la historia judicial argentina y que “lo que está aconteciendo con esta causa es la comidilla de funcionarios de ambos fueros: nadie puede dar crédito a las verdaderas animaladas procesales que se están llevando adelante”.

El defensor sugiere que “vuelva las cosas a su quicio y se proceda conforme a derecho, resolviendo la cuestión de competencia”. Y entonces, en subsidio, pidió que se eleve la apelación a la Cámara y las actuaciones al Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires como superior común de ambas jurisdicciones.