
Desde mediados de julio que Julieta Silva enfrenta un nuevo proceso en la Justicia, después de que su esposo la denunciara por presuntamente haberlo golpeado. Hasta el momento, la acusada se había negado a declarar, pero decidió presentarse este martes. Pese a que sus palabras no trascendieron, su abogado planteó que su defendida fue víctima de “chantaje y extorsión”.
Luego de que fuera procesada por lesiones leves, privación ilegítima de libertad, amenazas y desobediencia judicial, la imputada acudió a los tribunales de San Rafael, Mendoza, para comparecer ante el fiscal Fabricio Sidoti. Estuvo acompañada por su madre y el equipo legal encabezado por Roberto Castillo y Clarisa Fuentes.
Minutos antes de que Silva relatara su versión de los hechos, Castillo reveló que su clienta habría guardado silencio en etapas anteriores por temor a perder la custodia de sus hijos. Fue así que expuso una situación que habría vivido, en la que terceros le habrían advertido que podría recibir una condena de 25 años si hablaba.
Según la información publicada por el medio local MDZ, el defensor apuntó que esta persona se habría aprovechado de la vulnerabilidad emocional de la mujer, debido a que también le tocaba enfrentar el estigma social por haber sido condenada por atropellar y matar a su ex pareja, Genaro Fortunato, en 2017. Por esto, consideró que se habría tratado de una maniobra de “chantaje y extorsión”.

En línea con esto, señaló que se habría tratado de “una pelea intrafamiliar” y remarcó la que misma habría derivado en la presentación de “falsas denuncias” pensadas para afectar a la mujer. Asimismo, reprochó que Silva habría realizado denuncias previamente, pero que estas habrían sido archivadas.
A raíz de esto, tanto su clienta, como su familia, desarrollaron una desconfianza en el sistema judicial de Mendoza, por lo que decidieron contratar a representantes legales que fueran de Buenos Aires. De la misma manera, los abogados de la acusada adelantaron su intención de constituirse como querellantes en las denuncias previamente presentadas por su clienta.
Silva enfrenta una causa judicial tras una denuncia por violencia doméstica presentada por su esposo el pasado 12 de julio. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el esposo de la acusada realizó una llamada de emergencia al 911 desde el baño del domicilio, en donde se habría refugiado al presuntamente haber sido agredido por la mujer.
Al ingresar al lugar, la Policía constató que el denunciante presentaba lesiones compatibles con violencia física, incluyendo una escoriación y una tumefacción. Por este motivo, la Justicia dispuso una prohibición de contacto con la víctima y le dictó prisión domiciliaria.

Tras ser imputada por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo”, Silva expresó públicamente su postura sobre el incidente. “No fue más que una discusión”, manifestó, a la vez que le restó gravedad a lo ocurrido. Además, sostuvo: “Esto con el tiempo se va a arreglar, lo que está pesando acá es mi nombre”, en referencia con la notoriedad que adquirió el caso.
Durante una audiencia realizada el 8 de agosto, el juez Claudio Gil del Juzgado Penal Colegiado 2 de San Rafael autorizó que la imputada permanezca en el hogar bajo el monitoreo de una tobillera electrónica, para que pueda atender a la hija en común de apenas un año que tiene la pareja.
Previo a esto, el fiscal Sidoti había sumado cargos en su contra por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo en varios hechos independientes. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, se tratarían de unos 10 hechos aproximadamente.
Incluso, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) había pedido que la mujer cumpliera con una prisión preventiva, tras alegar la gravedad de los hechos por los que fue acusada, el riesgo de fuga, el peligro que correría la víctima y la influencia que podría tener sobre el resto de los testigos. No obstante, el juez rechazó el planteo y mantuvo el beneficio para Silva.
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