La maniobra comenzó a desentrañarse tras una denuncia presentada por el apoderado de un reconocido banco en Rosario. El 15 de octubre de 2024, el representante legal de la entidad alertó al Ministerio Público de la Acusación sobre un caso que, a simple vista, parecía aislado: los familiares de una mujer fallecida el 4 de septiembre habían recibido un correo de la entidad notificando la aprobación de un crédito a su nombre, apenas dos días después del deceso. Ese préstamo fue rápidamente transferido a una cuenta de L. M. J. V., uno de los nombres que, con el tiempo, se convertiría en pieza clave dentro de una trama más amplia.
El dato no era menor. El movimiento financiero generó sospechas internas y, al ser auditado, reveló que no se trataba de un caso puntual. De hecho, la investigación posterior destapó un mecanismo sistemático de usurpación de identidad con fines de defraudación. Según el legajo judicial, V. C. V., M. S. V. y la propia L. M. J. V., junto a M. B. V. y un hombre identificado como M. F. S., habían montado una estructura para solicitar préstamos personales a nombre de personas que ya habían fallecido.
La operatoria consistía en acceder a la base de datos de antiguos clientes del Banco Macro, verificar si algunos habían muerto recientemente y, en ese caso, crear usuarios de homebanking a partir de sus identidades. Una vez que el sistema aceptaba la creación del usuario digital, se solicitaban préstamos que eran aprobados de manera automática por el banco. El dinero se transfería a cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las hermanas Villa. En otras ocasiones, las sumas eran retiradas en efectivo desde cajeros automáticos, muchas veces por el propio M. F. S., empleado del centro de estética “Renacer”, propiedad de L. M. J. V., donde también trabajaban sus hermanas.
En total, se detectaron 36 préstamos fraudulentos, por un valor aproximado de 45 millones de pesos. En los registros del banco, los nombres de los beneficiarios coincidían con personas fallecidas, y varios casos fueron cruzados con publicaciones de avisos fúnebres. Uno de los ejemplos incluidos en el expediente judicial fue el de una mujer oriunda de Salta que murió el 30 de agosto de 2024. El obituario se publicó el día siguiente, y ese mismo 31 de agosto fue dado de alta su usuario digital en la plataforma del banco.
Las tres hermanas que seguían en libertad —V. C. V., M. S. V. y L. M. J. V.— fueron condenadas esta semana a la pena de tres años de prisión condicional por el delito de defraudación, en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El juez Gonzalo López Quintana homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Ramiro González Raggio y la defensa de las imputadas. En el acuerdo se estableció que las acusadas ya habían abonado 13 millones de pesos como parte de la reparación económica al Banco Macro, y que asumirán el compromiso de pagar 24 cuotas mensuales de 3 millones para cubrir el saldo restante.
El origen de la causa judicial se remonta a noviembre del año pasado, cuando, tras el primer aviso del banco, la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos y detuvo a todos los involucrados. La pesquisa reveló que la asociación ilícita tenía como base operativa el centro estético Renacer, ubicado en Mitre al 700, que figura a nombre de las tres hermanas como suplentes en los registros.
Por su parte, L. M. J. V. también arrastraba otra causa iniciada por el Colegio de Médicos, que la denunció por haber utilizado un título apócrifo de la Universidad de Buenos Aires para ejercer la medicina en su centro de estética. Esa situación, según los investigadores, motivó el traslado del local a un inmueble de Alvear al 1000, donde continuaron con la actividad, aunque de manera más discreta.
En paralelo, el 9 de mayo pasado, en un juicio abreviado anterior, M. B. V. y M. F. S. habían sido condenados a tres años de prisión condicional. Además, ambos realizaron un pago de 10 mil dólares como reparación por los daños causados a la entidad financiera.
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