Luego de que la Justicia Federal lo procesara en la causa Seguros por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, el expresidente Alberto Fernández publicó un descargo en redes sociales, donde denunció persecución “por ser peronista”.
“Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”, comenzó el posteo, publicado en su cuenta de X.
Este jueves, el juez Sebastián Casanello procesó al exfuncionario y le aplicó un embargo por $14.634.220.283. La acusación se fundamenta en el decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar con Nación Seguros, y en la designación de María Cantero como su secretaria privada.
Según el fallo, hay “fuertes sospechas” de que el exfuncionario construyó una oficina en Presidencia que se convirtió en “asiento de los negocios del grupo empresarial de los cuales él mismo había participado”.
En esa línea, el expresidente aseguró que la decisión judicial “fuerza la interpretación de pruebas” para mantenerlo “arbitrariamente ligado al proceso”.
“Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, agregó en el descargo.
El comunicado de su defensa, adjunto en el posteo, afirmó que Fernández no fue indagado por esa imputación. Por eso, anticiparon que recurrirán el procesamiento, con la expectativa de que la Cámara Federal de Apelaciones lo anule por considerarlo arbitrario, prematuro e infundado.
“Deja en evidencia que el Magistrado ya tenía tomada su decisión de forma previa a escuchar personalmente al Dr. Fernández el viernes pasado. Pese a su extensión, tan solo unas pocas páginas están directamente destinadas a hablar del exmandatario, las cuales además solo se fundan en presunciones que nada tienen que ver con algún accionar delictivo”, detalla el texto.
El escrito argumenta que la decisión vulnera los principios de “acto, culpabilidad, proporcionalidad y el derecho de defensa”.
Para el estudio de Mariana Barbitta, el juez dictó el procesamiento “sin haber producido ninguna de las pruebas” ofrecidas por el expresidente y “sin contar con el análisis de especialistas en materia de seguros”.
El procesamiento
En el fallo, Casanello también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, la histórica secretaria de Fernández.
El juez determinó que la designación de Cantero en la Casa Rosada generó una “confusión de intereses”. “Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir -en especial, su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios del primer mandatario- suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”, se puede leer en el documento.
Y agrega: “La evidencia reunida mostró, además, que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral. A la par de un trato frecuente y cercano (reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos), se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales”.
Efectivamente, Martínez Sosa aprovechó como pocos el paso de su amigo Alberto Fernández por la Casa Rosada. El empresario y sus “satélites” cobraron $2.297.820.134, casi el 60% de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.
Durante el gobierno de Fernández, la empresa Martínez Sosa acumuló contratos con 19 organismos públicos y recibió $366.635.744 en comisiones. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.
La cifra creció a $ 416.546.348 si se suman las comisiones cobradas en 2024.
Apenas estalló el escándalo, Martínez Sosa intentó despegarse del expresidente, pero la filtración de los chats reveló que visitaba a Fernández en la quinta de Olivos, sin dejar rastros, y que utilizaba a su pareja para abrir puertas en reparticiones oficiales, tal como reveló este medio.
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