Una mujer de 42 años presentó una denuncia ante la Justicia el pasado 21 de enero tras detectar, durante el cierre contable anual de su empresa, una serie de movimientos bancarios que no coincidían con lo presupuestado ni con los registros previos. Las cifras no cerraban. Lo que parecía un error terminó revelando un esquema de maniobras que, según la investigación, le provocó un perjuicio económico millonario.
¿La principal sospechosa? Una contadora pública de 47 años, identificada como M.J.P., a quien la denunciante había contratado en 2023 para hacerse cargo del área de gestión bancaria de la compañía, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación.
El acceso de M.J.P. a las finanzas de la empresa comenzó formalmente en octubre de 2024. Apenas unos meses después, la víctima notó anomalías que llamaron su atención. De acuerdo con la denuncia a la que accedió Infobae, la contadora había modificado planillas de pago sin autorización y, de forma unilateral, había incrementado su remuneración mensual de un millón de pesos a cuatro millones, sin mediar contrato nuevo ni ningún acuerdo registrado.
Pero eso no fue todo. Al revisar las cuentas, la denunciante descubrió otro punto aún más llamativo: la emisión de múltiples cheques a nombre de una sociedad anónima, por un total aproximado de 112 millones de pesos. El nombre de la empresa no le resultaba familiar. Según las actuaciones judiciales, la firma no tenía vínculo con la damnificada, lo que hizo suponer que se trataba de una estructura paralela montada por la misma contadora para desviar fondos.
Tras verse expuesta, M.J.P. presentó su renuncia, también en enero de este año. Desde entonces, su paradero era desconocido. A partir de ese momento, la causa se investiga como “defraudación por administración fraudulenta”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro.
Las autoridades comenzaron con el análisis de comunicaciones telefónicas, tomaron declaraciones testimoniales y realizaron averiguaciones discrecionales que permitieron reconstruir el recorrido de la sospechosa.
Así, lograron establecer que M.J.P. era en realidad la responsable de facto de esta sociedad anónima y que habría utilizado su posición de confianza dentro de la empresa damnificada para acceder sin restricciones a los fondos.
Con estos elementos, el fiscal Germán Camafreitas solicitó dos órdenes de allanamiento a la DDI de San Isidro y la SDDI Pilar que fueron libradas y ejecutadas este martes:
- El primer procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en la calle Independencia, en San Pedro, donde los efectivos encontraron a M.J.P. En esa vivienda, además de proceder a su aprehensión, secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos tablets, dos notebooks, y una suma de dinero en efectivo: $4.100 y 552 dólares.
- En simultáneo, se realizó un segundo operativo en un comercio ubicado en la calle Rómulo Naón, también en San Pedro. Allí, los agentes identificaron al responsable del local, un distribuidor de bebidas identificado como M.A.G., de 55 años. En ese lugar, la Policía Bonaerense secuestró una notebook marca Lenovo, un teléfono celular, $451.120 en efectivo, y siete impresiones de cheques electrónicos que coinciden con los documentos mencionados en la causa.
Las diligencias fueron avaladas por el fiscal Camafreitas, quien dispuso que M.J.P. comparezca en audiencia a lo largo del día. La investigación continúa abierta y apunta a establecer si hubo más personas involucradas o si la contadora actuó por cuenta propia.
Cómo sigue la causa
En tanto, todavía se sigue indagando a los implicados para determinar el destino final de los fondos desviados. M.J.P. fue puesta en libertad.
Según indicaron fuentes del caso a Infobae, la información recolectada hasta el momento refuerza la hipótesis inicial: la sospechosa habría utilizado su posición estratégica para alterar registros contables y obtener un beneficio patrimonial indebido.
La clave, coinciden los investigadores, estará en los dispositivos electrónicos y los documentos secuestrados, que podrían arrojar más detalles sobre el recorrido del dinero y la estructura detrás del presunto fraude.
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