Después de tres extensas jornadas de debate en el Centro de Justicia Penal, este jueves por la tarde terminó la audiencia en la que fueron imputados 13 policías de Rosario –entre ellos, altos mandos de la Unidad Regional II– y cuatro civiles relacionados a una estación de servicio. Todos están acusados del millonario desvío de fondos que estaban destinados a la carga de combustible de patrulleros.
El juez provincial Gustavo Pérez Urrechu ordenó la prisión preventiva efectiva para todos por seis meses, a excepción de una empleada administrativa del predio donde se expende la nafta, que quedó en libertad.
En el transcurso de los tres días, el fiscal José Luis Caterina explicó que las maniobras para desviar el dinero se hicieron de dos formas: una, por sobrefacturación del combustible cargado en los móviles policiales, la otra, por cargas ficticias o “fantasmas”.
Se presume que en los diez meses que tiene la investigación se generó un perjuicio de al menos 45 millones de pesos mensuales a las arcas provinciales.
Los policías que quedaron detenidos son Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Ramírez, titular de Garaje y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería respectivamente.
Los otros agentes encarcelados, pero de menor rango, son Javier Arce de Infantería, el subinspector Fernando Ceballos del Grupo Táctico Multipropósito, el subinspector Jorge Delgado de la División Logística, el subinspector Sergio López del Comando Radioeléctrico, el subinspector Gustavo Bazán de la División Logística, el inspector Juan Villordo de la brigada motorizada, la empleada de la División Personal Nancy Plomer y el inspector Franco Cuesta de la Policía de Investigaciones.
Los civiles, en tanto, fueron Mónica Juana Bianconi, presidenta del directorio “Gas Auto Tiferno S.A.”, su director suplente Oscar Artemio Coullery, el encargado Daniel Reynoso y la empleada administrativa María Fernanda De Franco.
Todos ellos relacionados a una estación de servicio que está situada en Ovidio Lagos al 3900, a diez cuadras de la Jefatura de Policía de Rosario, donde se concentraron las operaciones investigadas por el Ministerio Público de la Acusación. Solo De Franco quedó en libertad, bajo una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante seis meses.
Cómo operaba la banda
El fiscal Caterina expuso la evidencia recolectada mediante distintas medidas. Por un lado, leyó comunicaciones entre los coimputados, producto de intervenciones telefónicas. También mostró la información que arrojaron los GPS que él ordenó colocar a algunos patrulleros para comprobar los recorridos hechos y compararlos con el combustible cargado.
Por último, exhibió fotos de policías hoy imputados que, de civil o uniformados, iban quincenalmente a la estación de servicio a retirar el dinero en efectivo acordado, que era sacado en sobres de papel madera o en cajas.
Por su parte, los defensores de los agentes y civiles replicaron con distintos planteos sobre la falta de evidencia que existía sobre algunos de los imputados, y hasta sugirieron que hay uniformados involucrados que no fueron sentados entre los imputados. Algunos policías, por caso, también hicieron uso de la palabra.
En su exposición, el fiscal enfatizó que en el relevamiento hecho con la División de Asuntos Internos detectó que había 85 patrulleros que figuraban fuera de servicio en julio del año pasado, pero aparecían cargando combustible en los documentos registrados por el personal policial involucrado.
Dos camionetas, por caso, fueron detectadas en fuera de servicio en un depósito, con problemas de arranque. Como no tenían GPS, el fiscal ordenó que se les colocara dicho dispositivo el 30 de octubre del año pasado, y el resultado fue sorprendente: hasta el 21 de noviembre de ese año, uno de esos vehículos no circuló por fuera del predio de la Jefatura de Policía, y en algunos días ni siquiera fue encendido. Sin embargo, aparece haciendo ocho cargas de combustibles por un monto de 252 mil pesos.
Otro ejemplo fue el uso de un Renault Clio, un móvil no identificable, que era utilizado por el comisario Juan Pablo Pigozzi, quien solo en diciembre pasado le cargó combustible –según la documentación elevada– por 1.422.000 pesos. El fiscal ponderó que dicho monto arrojó que el auto llegó a cargar nafta hasta dos veces al día.
Caterina también señaló que el lunes de la semana pasada, en los allanamientos realizados por esta causa, se encontraron posnets de la estación de servicio apuntada en los domicilios particulares de algunos policías, rollos de papel para esos dispositivos.
Es más, en la casa de un agente incautaron 25 millones de pesos, 9 mil dólares y cuatro neumáticos de un auto que no correspondían a una compra hecha a nivel personal.
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