En una extensa audiencia, el fiscal provincial José Luis Caterina acusó este martes a 13 policías de Rosario, entre ellos altos mandos, y a cuatro civiles, que tienen vinculación con una estación de servicio de la zona sudoeste de la ciudad, por el millonario desvío de fondos que estaban destinados a la carga de combustible de patrulleros.
Antes de que se pase a un cuarto intermedio hasta este miércoles por la tarde, solicitó la prisión preventiva de todos los agentes y de tres civiles, cuestión que resolverá con posterioridad el juez Gustavo Pérez Urrechu.
Por lo pronto, las maniobras para desviar el dinero se hicieron de dos formas, según explicó el fiscal Caterina. Una, por sobrefacturación del combustible cargado en los móviles policiales. La otra, por cargas ficticias o “fantasmas”, de acuerdo al término que utilizó el funcionario judicial.
Se presume que entre agosto del año pasado y mayo se generó un perjuicio mensual de al menos 45 millones de pesos a las arcas provinciales.
Caterina expuso la evidencia recolectada mediante distintas medidas. Por un lado, leyó comunicaciones entre los coimputados, producto de intervenciones telefónicas. También mostró la información que arrojaron los GPS que él ordenó colocar a algunos patrulleros para comprobar los recorridos hechos y compararlos con el combustible cargado.
Por último, exhibió fotos de policías hoy imputados que, de civil o uniformados, iban quincenalmente a la estación de servicio a retirar el dinero en efectivo acordado, que era sacado en sobres de papel madera o en cajas.
El funcionario judicial aseguró que en el relevamiento hecho con la División de Asuntos Internos detectó que había 85 patrulleros que figuraban fuera de servicio en julio del año pasado, pero aparecían cargando combustible en los documentos registrados por el personal policial involucrado.
Dos camionetas, por caso, fueron detectadas en fuera de servicio en un depósito, con problemas de arranque. Como no tenían GPS, el fiscal ordenó que se les colocara dicho dispositivo el 30 de octubre del año pasado, y el resultado fue sorprendente: hasta el 21 de noviembre de ese año, uno de esos vehículos no circuló por fuera del predio de la Jefatura de Policía, y en algunos días ni siquiera fue encendido. Sin embargo, aparece haciendo ocho cargas de combustibles por un monto de 252 mil pesos.
Otro ejemplo fue el uso de un Renault Clio, un móvil no identificable, que era utilizado por el comisario Juan Pablo Pigozzi, quien solo en diciembre pasado le cargó combustible –según la documentación elevada– por 1.422.000 pesos. El fiscal ponderó que dicho monto arrojó que el auto llegó a cargar nafta hasta dos veces al día.
Caterina también señaló que el lunes de la semana pasada, en los allanamientos realizados por esta causa, se encontraron posnet de la estación de servicio apuntada en los domicilios particulares de algunos policías, rollos de papel para esos dispositivos. Es más, en la casa de un agente se incautaron 25 millones de pesos, 9 mil dólares y cuatro neumáticos de un auto que no correspondían a una compra hecha a nivel personal.
Lo que dejó entrever el funcionario del Ministerio Público de la Acusación es que, una vez procesados los contenidos de los celulares incautados, el número de acusados podría engrosarse.
Todos los imputados estuvieron por videoconferencia en la audiencia que se llevó adelante en el Centro de Justicia Penal, para evitar traslados, por motivos de seguridad.
Por un lado, los jefes policiales imputados fueron Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Fabián Ramírez, titular de Garaje y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Rodrigo Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería.
Los otros agentes acusados fueron el subinspector Javier Arce del Cuerpo Guardia de Infantería, el subinspector Fernando Ceballos del Grupo Táctico Multipropósito, el subinspector Jorge Delgado de la División Logística, el subinspector Sergio Darío López del Comando Radioeléctrico, el subinspector Gustavo Bazán de la División Logística, el inspector Juan Villordo de la brigada motorizada, la empleada de la División Personal Nancy Plomer y el inspector Franco Cuesta de la Policía de Investigaciones.
Los civiles, en tanto, fueron Mónica Juana Bianconi, presidenta del directorio “Gas Auto Tiferno S.A.”, su director suplente Oscar Artemio Coullery, el encargado Daniel Reynoso y la empleada administrativa María Fernanda De Franco, todos relacionados a estación de servicio que está situada en Ovidio Lagos al 3900, a diez cuadras de la Jefatura de Policía de Rosario, donde se concentraron las operaciones investigadas por el Ministerio Público de la Acusación.
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