
El comandante mayor retirado de Gendarmería Nacional, Miguel Ángel Torres, fue detenido en las últimas horas junto a otras siete personas, entre ellas su hijo y dos agentes del Servicio Penitenciario de Salta, acusados de integrar una banda dedicada al narcotráfico. De acuerdo a la investigación, se sospecha que transportaban éxtasis y cocaína, en grandes cantidades, desde Salta hacia Mendoza.
El negocio que presuntamente habían montado los acusados empezó a desmoronarse el 7 de mayo de 2024. Aquel día se encontraron 99 kilogramos de marihuana en un control de ruta ubicado en el puesto El Naranjo, en el sur salteño. Por el hecho detuvieron a tres personas.
En las primeras horas de investigación apareció un nombre vinculado al cargamento: Antonio Agustín Gutiérrez. La pesquisa profundizó sobre su entorno y encontraron vínculos con el gendarme recién jubilado, además de su hijo, Miguel Emanuel Torres Ibba, y Diego Andrés Bahamonde.
Entre las personas cercanas también detectaron presuntos lazos con Sandra Mariela Areco Florentín y Daniel Antonio Olivera Serrano. La primera es personal administrativo de las cárceles salteñas, mientras que el segundo, que es su marido, era un uniformado de la misma fuerza. Lo echaron hace pocas semanas, previo a su detención.
Las tareas de inteligencia y trabajo de campo que llevó adelante la Policía concluyeron que entre todos conformaban una organización criminal, con una clara distribución de roles. También establecieron que compraban la droga en Bolivia, para luego acopiar los cargamentos en la ciudad de Orán y, desde allí, llevarlo a Mendoza.
Fuentes judiciales indicaron que la banda operaba siempre con una misma modalidad: armaban un convoy de dos o tres autos para el traslado. Toda la droga iba en un mismo vehículo, mientras que el resto oficiaba de “puntero”, para alertar a los cómplices sobre controles de ruta o presencia de fuerzas de seguridad.

Para esto, según los investigadores, era determinante el conocimiento que tenía el ex gendarme Torres, quien durante sus días en la fuerza ocupó cargos importantes y llegó a liderar unidades.
Ahora comandaba a su célula narco: coordinaba las operaciones del tráfico, y participaba de los viajes en un auto Fiat Argo.
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio Público Fiscal, los Torres tenían un acuerdo con otra banda que operaba en Orán para participar del negocio ilícito. Con ese otro grupo habrían mantenido una deuda, que obligó al ex gendarme a vender una propiedad para pagarles y evitar un ajuste de cuentas.
El momento de la detención
Las autoridades -que ya venían siguiendo a la organización hace meses- montó un operativo de monitoreo alrededor de una entrega que se estaba desarrollando el último lunes.
La banda emprendió viaje en tres autos. A través de la geolocalización de los celulares, detectaron que Gutiérrez y Torres hijo viajaban en un Fiat Cronos, el ex gendarme en su auto habitual y en un tercer vehículo, una Fiat Toro, iban Olivera Serrano, su pareja y Bahamonde.
Llegaron juntos a la ciudad mendocina de Guaymallén. Torres padre estacionó frente a una casa ubicada en Adolfo Calle al 9100 y, antes de entrar, hizo un gesto de aprobación con la mano hacia una camioneta Volkswagen Amarok. Tras identificarlo, el conductor de ese vehículo se fue.
Segundos después llegó el auto en el que estaba la droga: el Fiat Cronos. Entonces intervino la Policía para interceptarlos, encontraron 14 kilogramos de cocaína y detuvieron a Gutiérrez y Torres Ibba. Entraron a la casa y allí cayeron otros dos cómplices: Paul César Heredia Comandiri y Francisco Salinas Campos.

En una habitación de la vivienda encontraron otros 18 kilogramos de la misma droga. También incautaron 995 gramos de éxtasis, dos pistolas, $300.000 y celulares, entre otros elementos de interés para la causa.
Los operativos continuaron en la zona y derivaron en la captura de los otros cuatro presuntos criminales que habían viajado a Mendoza: el comandante mayor retirado Torres, Bahamonde, Olivera Serrano y Areco Florentín.
En paralelo, se ordenaron varios allanamientos en Salta y Orán, de los que se obtuvo computadoras, celulares y documentación que serán determinantes para el avance de la causa.
Todos están imputados por el delito de transporte de estupefacientes agravado. Areco Florentin fue la única investigada como partícipe secundaria. A Comandiri y Salinas Campo, detenidos en la casa de Mendoza, se los acusará por almacenamiento y tenencia de armas de uso civil, en concurso ideal y real, respectivamente.
El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, firmó la prisión preventiva de los ocho acusados. Todos están presos en una cárcel a excepción de Areco Florentín, quien recibió el beneficio del arresto domiciliario.
La causa seguirá siendo investigada por los fiscales generales, Eduardo Villalba y Carlos Martín Amad, que supervisan el trabajo de la Fiscalía de Distrito, integrada por Diego Iglesias y el auxiliar Jorge Viltes Monier. Esta, a su vez, cuenta con la colaboración de la Procunar.
La investigación no está cerrada y aún falta responder una pregunta clave para el futuro procesal de los detenidos: si el destino final de la droga era la provincia de Mendoza o también enviaban cargamentos hacia Chile.
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