
Una denuncia de un trabajador esclavizado derivó en un indignante hallazgo en una lomitería de Córdoba. Tras una inspección al centro de distribución de una reconocida franquicia de la capital provincial, se descubrió que mantenían encerrados durante más de 12 horas diarias a 27 empleados en dos cuartos diminutos, uno de los cuales tenía su puerta bloqueada por una heladera industrial.
Según detalló UTHGRA Córdoba, un llamado de uno de los trabajadores, que se encontraba dentro de uno de los depósitos de la empresa Di Metro, alertó al gremio, que, de manera inmediata y junto a personal del Ministerio de Trabajo cordobés, realizó una inspección a los contiguos locales ubicados en Aviador Kingsley 2958 y 2974.
En el primero de ellos, luego de haber sentido la resistencia de los responsables del establecimiento, realizaron la inspección. Rápidamente, hallaron, en un cuarto cuya puerta estaba bloqueada por una heladera industrial, a seis empleados en condiciones de encierro. Ante esa situación y la negativa de los encargados de permitir el ingreso al área bloqueada, se llamó de inmediato al 911 para continuar el procedimiento con personal policial.
Una vez arribados los efectivos de la fuerza de seguridad, se accedió al depósito contiguo, de Kingsley 2974, y se descubrió que había otros 21 trabajadores encerrados, para llegar a un total de 27.
El gremio indicó que “además de las irregularidades relacionadas con el encierro de los trabajadores y su falta de registración formal, los depósitos inspeccionados presentaban condiciones paupérrimas en materia de higiene y espacios de trabajo”.

“Una situación lamentable y desesperante la que sufrieron estos trabajadores. Estaban hacinados en condiciones paupérrimas de trabajo. Nos opusieron resistencia, no querían que ingresáramos”, denunció en declaraciones a eldoce.tv Juan Rousselot, secretario general de UTHGRA Córdoba.
El sindicalista remarcó que los trabajadores estaban “hacinados, encerrados, sin ningún tipo de salida más que esa puerta que estaba tapada por la heladera, en condiciones infrahumanas, como si estuviéramos en la época de la esclavitud”. Además, calificó la escena descubierta como “aberrante”.
“Ninguno se encontraba registrado, tenían jornadas de 12 o 13 horas diarias y con salarios de miseria”, agregó. Y manifestó que estaban “en una situación de servidumbre que es inaceptable”.

Rousselot espera “que la Justicia actúe con celeridad para que estos casos no vuelvan a ocurrir”.
La denuncia fue radicada ante la Comisaría 20 y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, quedando registrada bajo el número de trámite 2570831, según informó UTHGRA Córdoba en su página web.
“Además de las irregularidades relacionadas con el encierro de los trabajadores y su falta de registración formal, los depósitos inspeccionados presentaban condiciones paupérrimas en materia de higiene y espacios de trabajo. En lugares destinados a la manipulación de alimentos, se constataron graves falencias en limpieza, organización y salubridad, exponiendo no solo a los trabajadores, sino también a los consumidores, a riesgos sanitarios significativos. Estas condiciones reflejan un desprecio total por las normativas básicas de seguridad e higiene en el ámbito laboral”, apuntaron desde el sindicato, que habló también de “serias violaciones a los derechos laborales y humanos”.
Un arquitecto, un contratista y dos inversores de una obra en Tigre fueron detenidos por explotación laboral

Un arquitecto, un contratista y dos inversores fueron detenidos la semana pasada tras un operativo realizado en un exclusivo desarrollo inmobiliario en construcción en el partido de Tigre, donde la Dirección General Impositiva (DGI) descubrió a 24 trabajadores en condiciones de explotación laboral.
Según informaron fuentes oficiales, la mayoría de los obreros, provenientes de la provincia de Salta, vivían en condiciones precarias y trabajaban largas jornadas de hasta 14 horas diarias, de lunes a sábado, sin estar registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, bajo la dirección de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En la causa también interviene la Secretaría de Juan Cruz Schillizzi.
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