En las últimas horas, el Departamento Antidrogas Litoral Rosario de la Policía Federal allanó 29 domicilios en el marco de una causa que investiga el tráfico de armas en la jurisdicción más violenta del país. Los procedimientos, a cargo del fiscal Gastón Ávila, terminaron con ocho detenidos y la incautación de 56 pistolas y 66 escopetas y fusiles, la mayoría de alto calibre, indicaron fuentes policiales a Infobae. Se incautó, también, una gran cantidad de dinero en efectivo: 17,6 millones de pesos y 123 mil dólares.
Entre los objetivos, se encontró un taller de producción con un torno de alta tecnología empleado para fabricar repuestos para armas. La pista que dio inicio al caso, aseguran investigadores judiciales, fue un cruce de información con la ANMAC.
El fiscal Ávila solicitó mediante el Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del MPA una serie de datos sobre compradores de armas que manejaban un volumen notable de material, compradores, por así decirlo, sólidos de papeles a simple vista. Sin embargo, sus ingresos, usualmente de poco menos de medio millón de pesos por mes, no se condecían con la cantidad de armas que compraban en el mercado legal.
La sospecha, desde ya, era que las insertaban en el mercado negro, para terminar en manos de la industria rosarina de la droga y el sicariato. “Había gente de bajos recursos que tenía registradas 30 o 40 armas, otros que compraban 1000 balas al mes y no tenían armas a su nombre”, continúa una fuente clave en el caso. También se allanó una pequeña armería ubicada sobre el boulevard Seguí.
Por lo pronto, no trascendió si un capo del hampa local está a cargo del negocio. Por lo pronto, no hay pruebas que vinculen directamente a uno de los tantos jefes narcos que operan en la ciudad.
Entre los detenidos se encuentra Claudio S., titular de un pequeño arsenal, que no fue encontrado por la Federal cuando allanó su casa en la zona sur de Rosario. Registrado en el rubro de demoliciones de la AFIP, Claudio S. llamó la atención de otro investigador en la ciudad más violenta del país: el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios del MPA, que le siguió el rastro como participe necesario de un crimen.
Federico P., que fue arrestado en la calle, un hombre de 35 años que trabaja en blanco para un fabricante de lámparas local, está acusado de haber comprado más de 25 millones de pesos en armas en los últimos quince meses, sin tener el bolsillo suficiente para semejante gasto.
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