
Desde las 6 de la mañana de hoy, la DUOF Rosario de la Policía Federal lleva adelante ocho allanamientos ordenados por la Justicia federal. El blanco: ocho policías de la Policía de Acción Táctica de la fuerza de Santa Fe, acusados de haber robado 15 kilos de cocaína y cincuenta mil dólares en un procedimiento realizado a comienzos de agosto, además de llevarse armas de fuego, pertenencias personales y privar ilegítimamente de su libertad a tres adultos y dos niños.
El procedimiento en cuestión fue realizado por la PAT el 13 de agosto pasado en la calle Forest al 5000. Allí, según dejó trascender la propia fuerza santafesina, se incautaron dos escopetas, una carabina con mira telescópica, cartuchos, tres granadas de mano -aparentemente de humo-, una balanza de precisión y sobre ella medio ladrillo de cocaína. Un hombre de nacionalidad peruana y otro oriundo de Bolivia fueron arrestados.
El botín real, sin embargo, habría sido mucho más.
Los allanamientos de la mañana de hoy, que continuaban al cierre de esta nota, se realizaban en Rosario, Santa Fe Capital y otras ciudades y en la base de la Dirección General Policía de Acción Táctica, sito en calle Lola Mora 100 bis de la ciudad de Rosario, con la participación de un veedor del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.
Las medidas fueron requeridas por el Área Investigación y Litigio Casos Complejos-Oficina Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros de la Unidad Fiscal Rosario en una causa a cargo de Javier Arzubi Calvo y los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa, bajo la firma del juez Carlos Vera Barros. En los procedimientos también participa Gendarmería Nacional.
No es la primera vez en lo que va del año que agentes provinciales se ven involucrados en un presunto delito. A fines de febrero pasado, cinco policías fueron detenidos por pedido del fiscal provincial Franco Carbone, quien luego los llevó a audiencia imputativa por supuestamente haber plantado tres armas y carteles dirigidos al gobernador Maximiliano Pullaro a un joven al que arrestaron el 31 de enero en la vía pública, en Pasaje Ancuña y Rouillón, en la zona oeste.
En esa audiencia, Carbone afirmó que los uniformados habían puesto una pistola calibre 9 milímetros, una calibre .380 y una calibre .40 en la camioneta Hilux del joven, al que conocían por ser allegado a un integrante del clan Tripi, que está condenado por venta de droga en el complejo Fonavi Parque Oeste.
Las armas, según aseguró el fiscal, habrían sido utilizadas para el ataque a tiros contra una sucursal del Banco Macro, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, la sede de la Tropa de Operaciones Especiales, la Comisaría 19ª y una estación de servicio, atentados que tuvieron lugar entre diciembre y enero pasado, donde se arrojaron también notas intimidatorias donde estaban mencionados el gobernador y el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni. Las pistolas también se usaron para herir a un joven en Pedro Lino Funes y Cerrito.
Los nuevos allanamientos ordenados por la Justicia federal ocurren en unas últimas 24 horas ardientes para el hampa de Rosario, con el asesinato en la zona norte de la ciudad de Samuel Miqueas Medina, yerno de “Guille” Cantero, capo máximo de Los Monos, acribillado de 16 tiros por sicarios a bordo de una moto, luego de semanas de relativa paz con una notable baja en los homicidios en Rosario, usualmente motivados por el sicariato y la guerra entre bandas.
Medina atacado por sicarios desde una moto mientras manejaba un conducía un Volkswagen Polo blanco. Murió en el acto. Un joven de 18 años que iba como su acompañante terminó internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con un disparo en el hombro izquierdo. Así, se convierte en el testigo clave del caso. La Policía Científica encontró 16 vainas calibre 9 milímetros: se presume que los asesinos usaron una ametralladora.
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