Pidieron apartar al juez del caso del crimen de una mujer trans en una comisaría: no consideró el “odio de género”

Un nuevo capítulo se abrió esta semana en la investigación por el crimen de Sofía Fernández, la joven trans asesinada en una comisaría de la localidad de Presidente Derqui durante abril de 2023. Esta vez, el paso lo dio el abogado de la familia de la víctima, Ignacio Fernández Camillo, quien pidió el apartamiento del juez de la causa por no haber evaluado las torturas que sufrió la mujer antes de ser asesinada en un calabozo y no considerar el “odio de género” como agravante en el hecho.

La presentación judicial es contra Walter Federico Saettone, titular del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, quien a principios de junio decidió la liberación de nueve de los 10 policías de la Bonaerense que habían sido detenidos por su participación en el crimen. Cuatro de ellos estaban acusados de ser autores del asesinato, mientras que los otros cinco eran apuntados por encubrimiento.

En ese entonces, el juez alegó que no había pruebas suficientes en su contra. Pero en la misma resolución también informó un importante cambio en la calificación que pesaba sobre Carlos Matías Rodríguez, el único agente que sigue tras las rejas luego de que se constatara que él fue el único que tuvo acceso a la celda de Fernández durante el rango horario en el que fue asesinada.

Inicialmente, estaba acusado por homicidio calificado por odio a la identidad de género y por ser perpetrado por miembros integrantes de la fuerza policial. Sin embargo, Saettone quitó dos de las agravantes. “Ahora está acusado solo por homicidio calificado por ser miembro de la fuerza de seguridad”, señaló el representante de la familia de Sofía a Infobae.

Sobre las calificaciones que fueron removidas, explicó: “Con su convicción (el juez) entiende que, como había búsquedas de pornografía trans en el celular del propio Rodríguez, eso hace que no tenga odio a la identidad de género. Y saca la de participación premeditada de dos o más personas porque si no tenía que mantener privada la libertad a los otros policías que estaban en la guardia con él”.

Con estos antecedentes como contexto es que en las últimas horas la parte denunciante solicitó que Saettone dé un paso al costado en la investigación. Según justificaron en la presentación judicial, la petición se debe a que el titular del Juzgado de Garantías Nº7 de Pilar perdió la objetividad que el caso requiere y su función exige.

Entre las causas enumeradas en el documento, se menciona la intervención que el juez tuvo en la investigación en la que Sofía fue aprehendida en 2023, además de la concesión de domiciliarias a la mayoría de los acusados de forma inconsulta con la familia de la víctima y la “arbitraria valoración efectuada respecto de la prueba producida”.

Asimismo, se hace hincapié en la “absurda modificación de la calificación legal en la investigación” y la ausencia de análisis de las torturas (con signos de abuso sexual) padecidos por Sofía, que fueron consignadas por el abogado Fernández Camillo cuando requirió la nulidad de las prisiones domiciliarias otorgadas días antes de la liberación de los sospechosos.

Finalmente, menciona la denegatoria de las medidas de seguridad para la familia de Sofía y para la investigación y la habilitación que otorgó el juez para la intervención de peritos de parte pagos por el Ministerio de Seguridad de la provincia. “Es una situación prohibida por nuestro Código Procesal Penal y solo habilitada por la omisión de resolución”, se lee en el documento respecto de esta última.

El crimen de Sofía Fernández aún sigue en investigación y quedan varias medidas por proveer. Entre ellas, se espera una nueva inspección a la comisaría 5ª de la localidad de Presidente Derqui, donde ocurrió el hecho, que ya tiene fecha para el 9 de octubre próximo. Además, fuentes judiciales detallaron que todavía están pendientes varios informes y análisis de celulares que podrían sumar nuevo material a la causa.