El departamento Rosario registra una abrupta baja en los homicidios dolosos en lo que va de 2024 con respecto a años anteriores. En los primeros cinco meses hubo 52 asesinatos, mientras que en el mismo período de tiempo, en 2023 se habían cometido 142, casi el triple. Más allá de la cifra, que muestra un marcado descenso, las organizaciones criminales cometieron hechos de extrema violencia, como fueron los crímenes considerados “narcoterroristas” a comienzo de marzo, cuando sicarios mataron a dos taxistas, un colectivero y un playero con el objetivo de dejarle mensajes a las autoridades del Ejecutivo provincial y nacional.
De acuerdo a los datos que recibió Infobae, en el departamento Rosario hubo 17 homicidios en enero, 7 en febrero, 11 en marzo, 9 en abril y 8 en mayo. Los números de los dos últimos meses son prácticamente comparables con los registros criminales que tuvieron lugar durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.
A modo de tomar un ejemplo para graficar la curva descendente de casos, en abril de 2023 hubo 22 homicidios y en mayo 32.
Según se estudia en el Observatorio de Seguridad Pública, la mitad de las muertes registradas en toda la provincia se dieron en un contexto de economías ilegales u organizaciones criminales. Y del número total, dos de cada tres hechos fueron en la vía pública.
Otro dato ponderado en el análisis del comportamiento criminal es que también bajó al porcentaje de asesinatos por encargo, ya que actualmente representan un tercio del total. “Es un porcentaje más chico que los de 2021, 2022 y 2023″, señalaron en la evaluación realizada en el Observatorio de Seguridad Pública.
Lo curioso es que no hubo cambios en las autoridades de la Unidad Regional II de Santa Fe (que abarca parte del departamento), ya que desde el inicio de la gestión de Pablo Cococcioni, titular de la cartera de Seguridad, se ratificó en el cargo a la jefatura de Daniel Acosta y Mariano Gobi, que el 30 de mayo pasado cumplió un año al mando de la fuerza de seguridad preventora local. Desde el gobierno santafesino adjudican, en parte, que la baja de los índices de violencia altamente lesiva guarda relación con el endurecimiento en las políticas penitenciarias y con política públicas en los barrios con mayores niveles de conflictividad.
Al comienzo de la gobernación de Maximiliano Pullaro, los jefes de las organizaciones criminales fueron colocados en pabellones de alto perfil, bajo medidas más estrictas de comunicación y a la hora de recibir visitas. Esa decisión tuvo su violento correlato: atentados y mensajes dejados hacia el Gobierno, como las balaceras contra la sucursal del Banco Macro de Ovidio Lagos y Saavedra; el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez; la comisaría 19 y ataques incendiarios contra autos estacionados en distintos puntos de la ciudad. El punto más crítico de la seguidilla fueron los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich.
Las investigaciones por los atentados llevadas adelante por el Ministerio Público de la Acusación esclarecieron los ataques incendiarios, las balaceras y los crímenes “narcoterroristas” –llamados así por la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich–, imputando a los presuntos instigadores, partícipes y ejecutores. La excepción estuvo en los homicidios, donde los sindicados autores son menores no punibles.
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