En los últimos tres días, se celebró en Palermo, Italia, la serie de “Encuentros de estudio y coordinación sobre el narcotráfico internacional”, un congreso de funcionarios judiciales y fiscales para abordar la problemática de la expansión de la mafia italiana a nivel internacional. El congreso, realizado en homenaje a Giovanni Falcone, el juez que intentó desbaratar a la Cosa Nostra y fue asesinado en 1992, fue organizado por el Estado italiano y la Unión Europea.
Una importante misión argentina integró el Congreso. Viajaron, por ejemplo, Diego Iglesias y Matías Álvarez de la PROCUNAR, el área de la Procuración que investiga delitos narco y el procurador porteño Juan Bautista Mahiques. La Argentina no está exenta de la problemática de la expansión de la mafia. En julio de 2020, por ejemplo, se arrestó a un grupo de hombres acusados de ser parte de la ‘NDrangheta, la mafia calabresa, radicados en la Argentina, con jugadores como Giovanni Di Pietro, alias “Massimo Pertini”, buscado por el secuestro del hijo de un empresario que terminó muerto tras 21 días de cautiverio con cuatro balas por la espalda. Giovanni tuvo un DNI argentino con su nombre real, número 95 millones, con un domicilio en la calle Malabia, sin tarjetas ni cuentas bancarias a su nombre, un fantasma con un DNI perfectamente legal.
El ex comisario general de la PFA Alejandro Ñamandú, que encabezó la Superintendencia de Investigaciones Federales, creador de la Unidad Antimafia de la PFA y condecorado dos semanas atrás por la Embajada de Italia, es una parte clave en la historia reciente del abordaje al problema.
Sin embargo, el congreso no plantea solo a la Cosa Nostra en sí como amenaza, sino a su modelo, tal como se lo experimenta en Ecuador y, en menor medida, en Rosario, una mezcla de venta de drogas, sicariato y terror político. “La violencia del crimen organizado relacionado con las drogas en América Latina no conoce límites, volviendo a plantear hoy un modelo mafioso similar al ala extremista de “Cosa Nostra” a principios de los años noventa del siglo pasado en Italia”, afirma el texto del programa del evento.
El discurso del procurador Mahiques
Hoy viernes, el procurador Mahiques, presidente de la Asociación Mundial de Fiscales, dio un discurso ante los funcionarios en el congreso en Palermo, el único argentino que realizó una presentación, titulada “La cooperación judicial con los Países de América Latina: el punto de vista latinoamericano”.
A continuación, un fragmento:
“La criminalidad organizada representa un desafío sin precedentes a nivel mundial. Este tipo de delincuencia fomenta la violencia, corrompe instituciones y socava el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas.
Con el avance de la globalización, este fenómeno criminal se ha intensificado y complejizado. Las mejoras en la conectividad han contribuido a que las organizaciones delictivas expandan sus actividades ilícitas más allá de las fronteras y operen de forma cada vez más coordinada a nivel transnacional. Todo ello ha obstaculizado enormemente la labor de las autoridades locales abocadas a su persecución penal.
En el contexto de la región europea y la latinoamericana, la tras nacionalidad de este fenómeno se ha evidenciado particularmente en materia de tráfico internacional de estupefacientes. Un buen ejemplo de ello es el caso de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, que hace ya largo tiempo se ha caracterizado por la confluencia de diferentes actividades ilícitas, entre las que se destacan, además del tráfico de drogas, el contrabando y el tráfico de armas.
Las diferencias en los marcos legales dificultan la extradición de sospechosos, la coordinación de investigaciones y el intercambio de información entre jurisdicciones. Esta heterogeneidad, además, crea lagunas de punibilidad, que benefician a las organizaciones criminales y les permite evadir a la Justicia.
Pese a ello, en el último tiempo se han dado pasos importantes en miras de armonizar las regulaciones de las diferentes regiones. Un buen ejemplo de ello es la modificación de las legislaciones locales para cumplir con los estándares internacionales establecidos en las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional (GAFI), especialmente, en materia de lavado de dinero y decomiso de activos”.
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