Abogados, empresarios y jubilados: la insólita vida secreta de los hombres de la mafia calabresa que operaban en la Argentina

Había que detenerlos en el día, el mismo en que su circular roja impactaba en el sistema internacional: el riesgo era demasiado, podrían alertarse entre sí en todo el planeta, distribuidos entre Costa Rica, Albania, ocultos a simple vista con sus familias y sus profesiones y los teléfonos. La orden desde Interpol en Roma llegó el martes a la división local de la Policía Federal, que los había investigado durante cuatro meses.

Así, cayeron, una supuesta célula activa, según Interpol, los hombres acusados de ser parte de la ‘NDrangheta, la mafia calabresa, radicados en la Argentina, buscados por el Juzgado Penal de Reggio Calabria.

Fue un golpe global, con arrestos en simultáneo, en coordinación con los agregados policiales de la Embajada de Italia. Los encontraron ayer por la mañana en sus departamentos de lujo en Palermo, en una casa en Cañuelas. Los marcaron tras rastrear sus propiedades, sus autos con marcas como Mercedes Benz. Habían vivido aquí durante años, supuestamente con el propósito de comprar cocaína en la frontera del kilo de polvo más barato del mundo, para enviarlo disimulados en cargamentos al resto del planeta, un kilo que podría valer dos mil dólares convertido en 30 mil euros o más. La mafia solo necesitaba un equipo. Y el equipo operó en este país durante más de una década, con vidas perfectamente legales.

Giovanni Di Pietro, alias Massimo Pertini, nacido en Roma en 1956, era un hombre particularmente cruel, un histórico, lo habían buscado por el secuestro del hijo de un empresario que terminó muerto tras 21 días de cautiverio con cuatro balas por la espalda. Lo habían arrestado aquí según datos que constan en registros italianos, una detención porteña de 1990 por robo y falsificación. Giovanni tiene un DNI argentino con su nombre real, número 95 millones, con un domicilio en la calle Malabia, sin tarjetas ni cuentas bancarias a su nombre, un fantasma con un DNI perfectamente legal. Lo vinculaban a clanes dentro de la mafia, las famiglias conocidas como Belloco y Pesce, a reuniones con traficantes. Di Pietro, alias Massimo, según Interpol y las investigaciones italianas, era el enlace entre la droga latinoamericana y la N’Drangheta.

Fabio Alejandro Pompetti, otro de los detenidos, no es italiano, sino argentino, con doble ciudadanía. Es abogado, registrado en el Colegio porteño con tomo y folio. Conformó varias empresas en la década pasada registradas en rubros gastronómicos, exportación de alimentos, tres firmas constituídas entre 1998 y 2004, con domicilios en la Avenida del Libertador, en la calle Virrey del Pino. De vuelta en Italia lo vincularon a nombres pesados, un interlocutor de pesados como Francesco Morano. “Durante años ha sido el portavoz de los proveedores sudamericanos para la ‘Ndrangheta”, aseguraron autoridades italianas que hablaron de una red de contacto para blanquear dinero y esquivar controles aduaneros. Tenía otro interlocutor, supuestamente, Carmelo Aglioti, detenido en noviembre de 2019 en un operativo global donde cayeron otros 44 sospechosos.

Ferdinando Sarago, “Il Vecchio”, “El Viejo”, había nacido en Rosarno en 1941. Logró un DNI nacional, donde simplemente se llama Fernando. Con 79 años, está registrado como empresario en la AFIP: incluso tiene una jubilación del ANSES según registros consultados por Infobae. Tuvo una SRL que lleva su apellido, dedicada en los papeles a producir ropa con empleados a su cargo. Lo vinculan a Carmelo Aglioti, a las famiglias Belloco y Pesce, y a un escándalo interno de la mafia por un cargamento perdido de 200 kilos de polvo. “A él se dirigían para las diversas necesidades operativas y para el transporte de documentos secretos”, asegura a una fuente oficial desde Italia.

Ninguno se resistió al caer. Hoy, todos esperan en una celda de la Federal, Italia pidió su arresto y extradición, un proceso a cargo del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora con el magistrado Juan Pablo Augé y el Juzgado Federal N°1 de María Romilda Servini.

La PROCUNAR, el ala de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico con el fiscal Diego Iglesias, también fue parte de la investigación con la Unidad Antidrogas de Gendarmería. Un buque que partió desde Buenos Aires hasta Reggio Calabria fue la primera pista en octubre de 2016. Desde su cubierta se lanzaron al Mediterráneo más de 380 kilos de cocaína disimulados en bolsos en el agua cercana al puerto de Gioia Tauro. Escuchas telefónicas vincularon a Carmelo Aglioti con el cargamento: sus movimientos migratorios que había llegado a Buenos Aires desde el aeropuerto de Fiumicino en marzo de ese año. Gendarmería siguió sus movimientos en Ezeiza al llegar, hasta un hotel céntrico donde se hospedó y consiguió un teléfono descartable alimentado con cargas virtuales hechas en kioskos.

Lo siguieron a un café donde, según documentos a los que accedió Infobae, tuvo una reunión con Pompetti. Tiempo después, fue visto a bordo de la camioneta Mercedes Benz a nombre de Sarago en Puerto Madero: lo vieron almorzando en un restaurant de Puerto Madero junto al empresario. Se habló de otros movimientos, de un cómplice brasileño y el interés en comprar un cargamento de limones con el posible fin de ocultar droga en un envío internacional. Eventualmente, la PROCUNAR pidió intervenciones telefónicas a las líneas, por ejemplo, del abogado Pompetti. Sin embargo, PROCUNAR no pudo comprobar la participación en un envío, algo que la Justicia italiana deberá resolver.

Juan Carlos Hernández, jefe de la PFA, definió el operativo esta mañana como “un éxito operativo internacional”. Fuentes policiales italianas en el país, por otra parte, no descartan la existencia de otros miembros de la mafia.

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