Elevaron a juicio a un grupo de personas que lavaba dinero proveniente del narcotráfico en Mendoza

Este jueves la justicia mendocina elevó la causa en la que acusan a seis personas de lavar dinero proveniente del narcotráfico, entre las cuales hay una fue condenada en 2022 a 13 años de prisión por acopiar un cargamento de casi media tonelada de marihuana.

El sospechoso fue identificado como Matías Díaz Verón y fueron 450 kilos de marihuana los que lo condenaron a estar detrás de la rejas por un largo periodo.

En tanto, el fiscal federal Fernando Alcaraz, a cargo interinamente de la Fiscalía Federal 2 de Mendoza, fue quien decidió elevar el caso a juicio frente al Juzgado 1 del mismo fuero, que resolvió llevar a juicio a los miembros de un grupo familiar y sus allegados, todos oriundos del Departamento de Las Heras.

Según pudo conocer Télam, otra de las partes acusadas se llama Leila Carolina Ovando Cruz y fue quien junto con Verón, puso en circulación en el mercado automotor e inmobiliario de Mendoza, dinero proveniente de la comercialización de drogas para concretar la compra de siete automóviles y cinco propiedades, que luego alquilaban.

Recordando los hechos, la investigación se inició en abril del 2020 luego de que se haya llevado a cabo el secuestro de casi media tonelada de marihuana. En la misma el Ministerio Público Fiscal pudo constatar una diversidad de bienes en el patrimonio de ambos, que figuraban a nombre de familiares directos o allegados.

Al año siguiente logró determinarse como la organización criminal consolidaba las ganancias provenientes del narcotráfico, a partir de tareas de campo realizadas por la Policía de Mendoza; copia de los legajos de los autos; matrículas y escrituras públicas de los inmuebles; y las comunicaciones entre los acusados.

Por este motivo, en mayo de 2021 se imputó a los seis sospechosos por la puesta en circulación de dinero proveniente de un delito para adquirir cinco inmuebles.

Más tarde, con la investigación avanzada y nuevo datos adquiridos, como la compra de seis vehículos, algunos de ellos de alta gama, se solicitó la detención del principal acusado, a quien en octubre de ese año se le encontró un teléfono celular desde su lugar de detención, en el que posteriormente se hallaron conversaciones que daban cuenta de que seguía vinculado al comercio de cocaína.

Finalmente, según el MPF el dinero necesario para la compra de cada bien estuvo lejos de poder ser justificado por los acusados, ya que carecían de ingresos económicos registrados y no se les conoció el desarrollo de actividades lícitas informales.

Siguieron una encomienda con cocaína y su destinatario era un narco preso en una cárcel federal

Esta historia comienza en el no tan lejano peaje Lima de la Ruta 9, a la altura de Zárate y sobre la autopista que une a Buenos Aires y Rosario. En ese punto neurálgico para la actividad económica del país, Gendarmería revisó, en un control de rutina, un vehículo de transporte de encomiendas. Era 20 de enero.

Los canes antinarcóticos que acompañaban a los hombres de uniformes verdes reaccionaron frente a un paquete y el olfato no les falló: llevaba más de seis kilos de cocaína, distribuidos en seis ladrillos. El peso total fue de 6290 kilogramos de polvo blanco.

La encomienda en cuestión tenía un remitente de Orán, en Salta. Los gendarmes, enseguida, marcaron el teléfono del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Informaron, además, que el destino final de la droga era un centro de distribución en la provincia de Mendoza.

El juzgado no cortó la cadena ni levantó la perdiz. En cambio, dispuso la sustitución de la sustancia estupefaciente por envoltorios de idénticas características y peso, con el objetivo de realizar una entrega controlada, al tiempo que la Unidad de Procedimientos Judiciales Campana de Gendarmería, en conjunto con agentes de la Dirección Antidrogas de la misma fuerza, rastreaban los domicilios de los remitentes y destinatarios.

El paquete recorrió los más de mil kilómetros hasta llegar a destino y los narcos mordieron el anzuelo. El 25 de enero, dos hombres se presentaron en la sucursal mendocina de la empresa de distribución y reclamaron el paquete. No sabían que estaban rodeados por gendarmes que los estaban esperando. Fueron detenidos en el acto. Además, les secuestraron sus celulares.

En esos aparatos, los investigadores hallaron información clave: uno de los destinatarios de la droga era un interno alojado en el Complejo Penitenciario VI de Cuyo del Servicio Penitenciario Federal, por hechos vinculados al narcotráfico.

En esta etapa de la trama, entró en juego la actuación de un agente revelador, es decir, un efectivo que simuló interés en la compra de cocaína para poder bucear en el interior de la estructura que llevó adelante la maniobra, en apariencia, burda. Una vez más, la técnica de investigación, funcionó. Hubo allanamientos en domicilios mendocinos. Secuestraron dinero en efectivo, en moneda nacional y extranjera, y más teléfonos.

Al mismo tiempo, allanaron la cárcel de Cuyo en busca del salteño Luis Wilder “Gavilán” Zalazar, un reo con antecedentes por narcotráfico. Le secuestraron el celular que usaba dentro de la prisión y González Charvay ordenó su detención.