
Ayer comenzó en la provincia de La Pampa el segundo proceso judicial por el crimen de Lucio Dupuy, el chico de 5 años que fue asesinado por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigaíl Páez, quienes fueron condenadas a prisión perpetua en febrero de este año. Esta vez, en el banquillo de los acusados están la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Alejandra Catán: se trata de quienes le otorgaron la tenencia de la víctima a las asesinas y que podrían ser destituidas de sus cargos.
El proceso continúa hoy a las 15 en la misma sala. Durante la primera jornada declararon 12 testigos, entre ellos, familiares de la víctima y las funcionarias que intervinieron en la discusión por la tenencia del menor. En primer lugar, habló Leticia Noemí Hidalgo, la tía de Lucio que, junto a su marido Maximiliano Dupuy, tenía la guarda del nene hasta que Ballester, ex titular del Juzgado de Familia Nº1 de La Pampa, decidió dárselo a la madre.
“Todo fue normal hasta que la mamá pidió tener otra vez a Lucio. Ahí me empezó a amenazar, me decía que me iba a pasar de todo…. Lucio no era un nene que pidiera irse con su mamá. Yo le dije que no se lo iba a devolver. Mi marido también le dijo que no, entonces ella fue a denunciarnos y la policía nos sacó al nene”, dijo la mujer.
La testigo dejó en claro que la defensora oficial Fernanda Coronel –quien tramitó la tutela– le aconsejó que no entregara a Lucio (“no tengo nada que decir de ella”) y que el acuerdo de cuidado personal lo firmaron el asesoramiento de la abogada particular Adriana Mascaró. “¿Por qué cambiamos de defensora? Creímos que era una opción mejor”, añadió.
“Mascaró nos dijo que era su mamá. No tuvimos opciones (para no entregarlo). No teníamos a quién preguntar, qué hacer, no teníamos ayuda… Lo entregamos por cansancio”. Cuando le preguntaron por qué Lucio no pudo ir a vivir con su padre, Hidalgo respondió: “Eso preguntáselo a Christian”. Y aceptó que el padre no reclamó por su hijo.
¿Sospechaba que la madre maltratara a Lucio? “Teníamos que ir a buscarlo (a Santa Rosa), pero no nos dejaban pasar” por las restricciones existentes por la pandemia por coronavirus. ¿Alguna vez sospechó que la madre ejerciera violencia sobre Lucio o lo ? “No. No sé… no”, contestó.
El testimonio del papá
Christian Sebastián Dupuy, el papá del niño, fue uno de los testigos pertenecientes a su familia en el inicio de jury. “Estuve de acuerdo con que Lucio estuviera con mi hermano y mi cuñada”, sostuvo. “Por lo que me contaban mi papá, mi hermano y mi cuñada, ella (Magdalena Espósito Valenti) siempre los amenazaba”, continuó.
En ese sentido, aprovechó para mostrarse arrepentido de la forma en la que actuó y ya con el daño hecho, tomar conciencia de que tuvo la oportunidad de hacer algo diferente. “Yo tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más; pero nunca me imaginé lo que iba a pasar”, remarcó
Consultado sobre su participación en los trámites judiciales sobre la tutela de su hijo, dijo: “Jamás me citaron de ningún lado en ninguno de los dos expedientes. Contraté a una abogada (Yamila Isoardi) para establecer un régimen de visitas”, explicó. Dijo que ese régimen tuvo lugar en 2021, cuando Espósito Valenti ya tenía otorgado el cuidado personal.

“En esa mediación pregunté por el cuidado personal y no me lo dieron porque era una mediación por el régimen de visitas. Yo firmé el acuerdo y ella no y ese acuerdo nunca se cumplió porque me impedían ver a Lucio y no me atendían las videollamadas. Por eso hice, en Santa Rosa, una denuncia por impedimento de contacto”, dijo.
Cuando le preguntaron si veía a Lucio durante el lapso que estuvo con su hermano y su cuñada, respondió que “trataba de ir muy de a poco en la relación con Lucio, para que no se volviera loco”. “A veces les daba mercadería, cuando podía”, agregó.
Al consultarle sobre por qué no insistió con el pedido del cuidado personal, luego de que no se lo aceptaran en la mediación por el régimen comunicacional, contestó: “Porque era una situación que había que tomar con pinzas. Si hacía algo mal, ellas me prohibían ver a Lucio. Me bloqueaban las videollamadas. ¿Si eso se lo dije a mi abogada? No, porque no tuve más contacto con ella”.
“¿La mamá amenazó de muerte a Leticia o su hermano?”, le preguntaron. “No tengo conocimiento”, dijo. “¿Sospechó que la madre ejerciera violencia sobre el niño?”, continuaron las preguntas. “Si lo hubiera visto, hubiese hecho algo”, sostuvo.
La defensora Díaz pidió que se le dé vista al fiscal por entender que pudo existir un falso testimonio, ya que Hidalgo afirmó que el padre no tenía contacto con ella ni hacía aportes económicos, mientras Christian Dupuy aseguró que entregaba “dinero y mercadería” para la manuntención de Lucio.

Los abuelos también hablaron
El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, afirmó que la madre de la víctima “denunció que el nene estaba golpeado cuando lo tenía” a su cuidado su hijo Maximiliano, pero que eso no era cierto. “A Lucio no se lo devolvieron a la madre. Ella fue y se lo trajo a Santa Rosa cuando existía un régimen de visitas y no podía traérselo a Santa Rosa”, dijo. “Ella denunció que el nene estaba golpeado cuando lo tenía mi hijo Maximiliano. Por eso la policía fue hasta la casa de Maxi y le hizo un montón de preguntas a Lucio”, recalcó.
“Yo contraté a (la abogada Adriana) Mascaró para que Lucio retornara a su centro familiar, paterno y materno, porque eso se demoraba mucho y porque sospechábamos que se lo traerían a Santa Rosa. A Mascaró le mostramos un montón de pruebas. Fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian… Todo eso no sirvió para nada. Esas pruebas se las llevó a la jueza Pérez Ballester”, explicó Ramón Dupuy. Sin embargo, no pudo confirmar que fehacientemente llegaron a manos de la magistrada.
Ramón Dupuy también afirmó que no vio situaciones de violencia ligadas a la madre del nene.
En tanto, la abuela paterna de Lucio, Silvia Noemí Gómez, respondió sobre si sospechó de situaciones violentas: “No, si no la historia hubiera sido otra”. Y dijo: “Consideramos que hubo alguien detrás de su escritorio que no hizo bien su trabajo”.
Más testimonios de familiares
Maximiliano Dupuy, el tío paterno del niño, explicó que cuidaron de Lucio desde fines de 2018 y que en “octubre o noviembre” de 2019, cuando la madre comenzó a pedir la tutela del nene no se la quería dar porque la mujer “no tenía una vida fija” y veían “publicaciones con drogas”.
”Legalmente nunca hicimos nada, más allá de la tutela. Hasta ese momento no habíamos tenido ningún problema”, dijo y agregó: “Después de eso aparecieron las denuncias de Magdalena y la policía me sacó a Lucio por una denuncia de la madre. Hice una contra denuncia para defenderme. Ahí dije que temía que podía hacer con Lucio cuando lo tuviera a solas.”
Para Maximiliano, “hoy se podría haber hecho más por la tutela, pero en ese momento no lo sabía”.
En tanto, Marilin Espósito Valenti, hermana de Magdalena y tía materna de Lucio, declaró que al principio Lucio se quedó con ella y su mamá en General Pico y que se lo dieron a los tíos paternos cuando la ahora condenada se fue a trabajar a Córdoba.

En su testimonio cargó contra Magdalena, la madre del chico.
”Era reacia a que Lucio tuviera contacto con su mamá y su familia materna. Ese fue el disparador de la situación conflictiva. Mientras vivió con ella, mi mamá y yo fuimos todos los sábados a buscarlo, aunque nunca dejó que se quedara a dormir con nosotros. Incluso cuando ella (Hidalgo) tuvo que irse a Bahía Blanca durante el embarazo, Lucio quedó al cuidado de la familia paterna aunque nosotras estuviéramos disponibles”, finalizó.
Los relatos de las funcionarias
María del Carmen Andreani -quien fuera secretaria del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N°1 de General Pico desde 2004 hasta el 1 de agosto de este año- definió a Pérez Ballester como “muy responsable, preparada y estudiosa” y calificó de “ejemplar” el desempeño de la magistrada en el caso.
Negó que alguien de la familia paterna haya concurrido al juzgado a expresar alguna disconformidad. En tanto, sobre los criterios para escuchar a un niño o niña, indicó que “no es lo mismo un niño de cuatro que de diez años, se debe tener en cuenta su capacidad progresiva”. En este caso, Lucio tenía dos años cuando se tramitó la tutela y cuatro cuando se gestionó el cuidado personal.
En la misma línea se expresó Fernanda Gabriela Coronel Pordomingo, defensora civil de General Pico. “Nunca, en mis diez años en la función judicial, se escuchó a un niño de esa edad (Lucio en la tramitación de la tutela tenía dos años). Para mí sería victimizarlo. Cuando tienen menos de cinco se angustian, lloran y piden por la madre”, dijo y remarcó que no es habitual que se soliciten informes: “No se hacen nunca. Cuando en una homologación hay situaciones de violencia, abuso o peligro, no firmamos un cuidado personal”.
A su vez, explicó por qué el padre de Lucio, Christian Dupuy, no fue citado: “Porque (la tutela) fue un proceso voluntario y sin controversias. Lo único que había que demostrar era si la tía era idónea para el ejercicio de sus funciones”.
“La jueza Pérez Ballester es proba, honesta, estudiosa y sumamente cuidadosa. Y además tiene empatía con la gente. Es un placer trabajar en ese juzgado”, elogió a la acusada y también destacó a Catán: “Elisa tiene empatía con los niños, es parte de su personalidad. Tiene una excelente llegada y es una persona muy preparada”.

A continuación, declaró Edit Ester Minetti, integrante del equipo técnico del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N°2 de General Pico, quien colaboró en la realización del informe socio-ambiental en el expediente de la tutela a pedido de Pérez Ballester. Para ello entrevistó en su domicilio a los tíos que cuidaban de la víctima, Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo. También interrogó a las hijas del matrimonio. Dijo que no se citó a Lucio.
Minetti mencionó que en su trabajo no surgió un abandono o desamparo total por parte de la madre. También negó que para realizar un informe de ese tipo deba hacerse un seguimiento de la situación familiar.
Alejandra Inés Rodríguez Vargas, la abogada de Espósito Valenti, recordó cómo fueron las circunstancias en que se llegó a un acuerdo sobre la tenencia. Luego afirmó: “Conocí a Lucio. Era un niño feliz, contento, que todo el tiempo estaba abrazado a su mamá”. Por último, señaló que “hubiera sido posible escuchar a Lucio si el expediente (de cuidado personal) hubiera avanzado”, pero finalmente las partes se pusieron de acuerdo y el cuidado quedó en manos de la progenitora.
Otra de las testigos fue Adriana Alicia Mascaró, abogada de Leticia Hidalgo. “Leticia no estuvo presionada (para firmar el acuerdo), simplemente no quería renegar más. Me decía que la madre llamaba a cualquier hora los días que no estaban convenidos por el régimen comunicacional. Por eso lo delegó en el papá”, sostuvo y subrayó que, durante todo el tiempo en que se discutió la tenencia del menor, desconocía sobre presuntas situaciones de riesgo para Lucio.
Para finalizar la jornada se presentó a declarar Adriana Eva García Civalero. Fue quien llevó adelante la mediación por la cual Hidalgo y Espósito Valenti convinieron un régimen comunicacional, aunque no acordaron el cuidado personal.
En su caso, aseguró que la tía “no me dijo que estuviera presionada” y acotó que “si se hubiera detectado que alguna de las partes no hubiese tenido libertad para decidir, la mediación no hubiera podido avanzar”. “¿Por qué no se acordó el cuidado personal? Porque las dos partes entendieron que debía existir previamente una revinculación de la madre con su hijo, ya que hacía tiempo que no estaba con él”, concluyó.

El pedido de la Procuración
El fiscal general en ejercicio de la Procuración General de La Pampa, Guillermo Sancho, pidió la destitución de la jueza y la asesora. Para Sancho, las funcionarias -que permanecen suspendidas mientras se hace el juicio y cobran sólo el del 50% de sus salarios- son responsables de “omisiones e incumplimientos reiterados” que “causaron la muerte del niño”, de acuerdo con la agencia Télam.
El funcionario judicial expuso en sus alegatos de apertura los motivos por los cuales tanto la jueza como la asesora deben ser apartadas de sus funciones: no escuchar la opinión de Lucio, pese a estar expresamente ordenado en todas las normas que rigen la materia (familia), al presumir “que no estaba condiciones de declarar”; no citar ni recabar la opinión del padre y de la madre; no darle intervención a la autoridad de aplicación administrativa -Dirección General de Niñez- ante “la posible vulneración de derechos” y que la asesora consintiera el archivo de la causa.
Sancho se refirió a dos momentos en la vida del niño, el primero cuando el 2 de julio de 2019 su madre acordó dejarlo bajo la tutela de su tía política, Leticia Noemí Hidalgo, debido a que no estaba en condiciones económicas de mantenerlo; y el segundo, cuando el 4 de noviembre de 2020, la jueza Pérez Ballester homologó un nuevo acuerdo entre la tía y Espósito Valenti para dejar sin efecto la tutela y que el cuidado personal de Lucio pasara otra vez a manos de la madre.
”No se escuchó al niño pese a que (en ese momento) era aún más importante, ya que Lucio tenía cuatro años, y se avizoraba una conflictividad familiar, aunque no hubiera indicadores de violencia”, volvió a cuestionar Sancho. El proceso continúa hoy.
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