Se negó a declarar el principal sospechoso de las amenazas a la Casa Rosada, el Congreso y las estaciones de trenes

El sospechoso de 18 años acusado de haber cometido en los últimos dos meses, al menos, 30 amenazas de bomba se negó a declarar ante la Justicia. De esta manera, continuará bajo arresto. Distinta es la situación de los otros dos sospechosos que habían sido detenidos como sus presuntos cómplices, ya que negaron tener relación con los hechos investigados y fueron liberados por falta de mérito.

A F.M.M.R. lo habían detenido el jueves pasado en el domicilio de la localidad bonaerense de Lavallol, partido de Lomas de Zamora, donde reside junto a su padre, un ex efectivo de la Policía Bonaerense. En aquella ocasión, ante los agentes que lo allanaron había confesado ser el autor de las amenazas y señaló que lo había hecho porque estaba “peleado con el sistema”. Además, les dijo a los efectivos que pertenecía a una organización llamada “Mafia del Hentai”.

Sin embargo, al momento de ser indagado por el juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, optó por el silencio, confirmaron fuentes judiciales a Télam.

F.M.M.R. está imputado por el delito de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas, agravadas por haber sido anónimas e intimidación pública. Ercolini rechazó un pedido de excarcelación presentado por su defensa. Continuará tras las rejas mientras avanza la investigación.

Los llamados intimidatorios fueron dirigidos contra la Casa de Gobierno, estaciones de trenes y subtes porteños y despachos de jueces y funcionarios, entre otros lugares. En el marco de la causa, habían sido detenidos otros dos sospechosos, pero ya fueron liberados tras las audiencias indagatorias.

Frente al magistrado, ambos explicaron que no tienen relación con las amenazas. Dijeron que habían vendido las líneas T-Phone de telefonía móvil digital de la empresa Telecentro utilizadas para hacer las amenazas de bomba y negaron cualquier tipo de vínculo con F.M.M.R.

De acuerdo a la investigación de la División Delitos Constitucionales la PFA, en conjunto con las áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen, se estableció que las amenazas eran realizadas a través de varias líneas telefónicas de la mencionada empresa de telecomunicaciones, las cuales utilizan la tecnología conocida como T-Phone, que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet.

Este servicio de telefonía consiste en una aplicación que permite la realización de llamadas telefónicas a un bajo costo. Y si bien el desempeño del sistema es exactamente igual al de cualquier servicio de telefonía móvil tradicional, en este caso las comunicaciones no trafican por antenas, sino por vía digital. De esta manera, no pueden ser rastreadas del mismo modo que se le da seguimiento a una llamada saliente desde un teléfono celular.

Los investigadores concluyeron que una parte de los acusados se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas al mejor postor en el mercado negro de la Deep Web. En ese ámbito, el sospechoso luego de adquirir líneas fraudulentas a nombre de terceros, utilizaba redes Wi-Fi públicas para realizar los llamados intimidatorios; evitando de este modo ser rastreado.

Del análisis de las comunicaciones realizadas por los abonados investigados -puntualmente los llamados dirigidos al número de emergencias 911- se estableció que el autor de las amenazas de bomba utilizó un dispositivo con sistema operativo Windows 10 y la versión de la aplicación T-Phone denominada Accession Desktop 2.31.15, lo cual indica que el individuo habría empleado una computadora portátil tipo laptop.

Producto del análisis y entrecruzamiento de datos, los investigadores detectaron una dirección de IP desde la cual el autor de las amenazas -en un descuido- habría activado una de las líneas telefónicas investigadas tiempo antes de que se registraran las primeras advertencias. Operaba bajo el seudónimo de “Rodrigo Teniente”.

Con esta información, y mediante un nuevo entrecruzamiento de listados de llamadas, activaciones de antenas celulares, movimientos de tarjetas SUBE y relevamientos de redes sociales del adolescente y su padre, se determinó que existían numerosos elementos probatorios para vincular a F.M.M.R. como autor de las amenazas investigadas.