La Fiscalía pidió tres años de prisión para los cuatro guardaparques imputados por la muerte de dos niños

La Fiscalía pidió tres años de prisión para los cuatro guardaparques imputados por la trágica muerte de dos niños en el complejo Lolen, ubicado en el Parque Nacional Lanin, un incidente desencadenado por la caída de un árbol durante fuertes vientos el 1 de enero de 2016.

En el inicio del juicio que se está llevando a cabo en Neuquén, el fiscal Miguel Palazzani solicitó además de los años de prisión, que pueden quedar en suspenso, cinco años de inhabilitación para el jefe del Departamento de Conservación y Manejo, Juan Jones; el titular de Guardaparques, Diego Lucca; la jefa de Uso Público del PNL, María Hileman; y el guardaparque Matías Encina.

En tanto, para los dos integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca -a cargo del camping- que también están imputados, Milena Cheuquepán y Juan Delgado, solicitó la absolución.

Durante su alegato de clausura, Palazzani señaló que “el árbol estaba en espacio público, en una playa pública y con jurisdicción directa de control por parte de la Administración de Parques Nacionales (APN)”.

“Los funcionarios públicos de la APN (Administración de Parques Nacionales) deben responder penalmente por el incumplimiento de los deberes de cuidado establecidos en las normas, porque entendemos que sus omisiones y negligencias encuentran suficiente nexo causal con el resultado lamentable” de las muertes de Martina Sepúlveda, de dos años, y de Matías Mercanti, de siete, además de las lesiones de Federico Mercanti y Carmen Rey, padre y abuela del niño fallecido.

Los cuatro agentes de la APN están acusados por homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones graves culposas agravadas por el número de víctimas, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El presidente del directorio de la APN, Federico Danilo Granato, solicitó al tribunal ser tenido en cuenta como “amicus curiae” o “amigo del tribunal” para la tramitación de las actuaciones. El funcionario fundamentó su presentación “en el interés de esa Administración en aportar argumentos y opiniones de transcendencia para la resolución del caso” y manifestó “la posible afectación de un interés general, por entender que la resolución que se dicte podría llegar a conmover la conservación y visita de los Parques Nacionales”.

Federico Egea, abogado del guardaparques Encina, planteó que la “tremenda desgracia que vivieron las familias víctimas no nos debe llevar a confundir las responsabilidades que pudieron operar en el caso concreto”. “Es un hecho gravísimo, de una tristeza enorme, pero ello no significa que se deba condenar a cualquier persona en nombre de esa circunstancia”, agregó.

Egea aseguró que quedó acreditado que “el árbol se encontraba ubicado en propiedad privada, dentro de la comunidad Curruhuinca”, y que “nadie podía prever ni ponderar el riesgo de la caída de este árbol”, por lo que “no existe ninguna especie de nexo causal entre el trabajo de Encina y el resultado”, concluyó y pidió la absolución del guardaparques.

En la misma sintonía, el defensor de Hileman, Nicolás Agustín Corleto, también pidió la “inmediata absolución con costas” para su defendida y expresó que “después de 7 años de investigación y hasta el día de hoy no sabe qué se le imputa”.

“Estamos ante un hecho completamente imprevisible”, remarcó Corletto y recordó que en el transcurso de las audiencias “vinieron siete ingenieros forestales que dijeron que no es previsible la caída de un árbol”.

Los abogados defensores de Lucca y Jones, Santiago Martínez Winter y José Manuel Ubeira, coincidieron en que “la libre absolución es lo que corresponde”.

“Una tragedia no se puede saldar con una injusticia”, dijo Ubeira, y aseguró que “el hecho trágico, lejos de haber sido encausado como verdaderamente correspondía, fue explotado para generar mayor estrépito y, fundamentalmente, mayor estigmatización”.

Desde el 30 de octubre, hasta ayer más de 20 parques nacionales en el país cerraron sus puertas en un gesto de solidaridad hacia los cuatro guardaparques procesados por la justicia de Río Negro.

Al respecto, Ubeira destacó que los trabajadores de los Parques Nacionales “no pueden creer que sus colegas estén sentados acá por no haber hecho nada”. “Criminalizar a un guardaparque porque un árbol se cae”, en esta causa “es la irreflexión llevada al máximo exponente”, enfatizó.

“Si ustedes producen la libre absolución de las personas que estamos defendiendo comenzarán a reparar el camino de injusticias y brutalidades a las que han sido sometidos”, concluyó Ubeira.

El próximo martes 7 de noviembre a las 16 se dará lugar a las palabras finales de los imputados y se leerá el veredicto. Así lo determinó este jueves al finalizar la audiencia el tribunal integrado por los jueces Alejandro Cabral, María Paula Marisi y Pablo Díaz Lacava.

Con información de Agencia Télam.