El caso del empresario inglés acusado de maniobras fraudulentas para no pagarle a un petisero que perdió un brazo en el trabajo

El 30 de septiembre de 2017, la vida de Nelson Bravo, un joven petisero por entonces de 24 años, cambió para siempre. Mientras se encontraba trabajando en el Club de Polo Puesto Viejo de Cañuelas, un lujoso complejo con cinco canchas y hasta un hotel, tuvo un dramático accidente: su brazo fue mutilado al tener contacto con un tornillo sinfín con hélices dentadas que es usado para descargar la avena con la que alimentan a los caballos. Al hombre, que no contaba con ART y estaba empleado en negro, no pudieron salvarle la extremidad en el hospital y por eso inició un amparo contra la empresa para que le dieran una prótesis. Una historia de explotación laboral extrema.

La Justicia laboral le dio la razón pero nunca recibió lo que le correspondía. Desde entonces se embarcó en una batalla judicial contra sus ex empleadores, quienes fueron denunciados por desarrollar una serie de maniobras fraudulentas para no pagar la indemnización. Hoy están imputados y esta semana el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº50 los citó a declaración indagatoria para el próximo 30 de noviembre. Mientras tanto, Nelson subsiste como puede -sin su brazo hábil- para mantener a su familia, a la espera de que su tragedia sea reparada. La musculatura, hueso, y piel se fueron deteriorando con el tiempo. La herida fue grave.

Los acusados son el empresario de origen inglés Jeremy Charles Philip Baker y su esposa, Liliana Celina Forrester, ambos titulares de las empresas Ancien Poste S.A. y Londres & Baires S.R.L., las firmas que administraban el club al momento del accidente. Después del accidente, Nelson, representado por el abogado Nicolás Schick, inició una pelea en la Justicia en la que primero reclamó una prótesis de su brazo. El 28 de marzo de 2018, el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 24 de la Ciudad de Buenos Aires le dio la razón y ordenó al empresario pagar el monto. El fallo fue apelado pero en junio la decisión fue ratificada en segunda instancia.

Fue en este momento, de acuerdo con el documento de la citación a indagatoria al que accedió Infobae, que comenzaron a verse las supuestas maniobras fraudulentas para no hacerse cargo de pagar lo que les correspondía. “Con posterioridad a ello, los imputados cambiaron la razón social del predio conocido como Puesto Viejo (...), explotado por Londres & Baires S.R.L. y Ancien Poste S.A. a Rush BA S.R.L, empresa que también pertenece a los imputados”, dice el documento.

No fue lo único. El mismo 26 de junio, el día que la Sala 5º de la Cámara de Apelaciones del Trabajo ratificó el fallo que ordenaba el pago de la prótesis, Forrester “transfirió el dominio fiduciario” del predio donde funciona el club desde Ancien Poste a la razón social Administradora Fiduciaria Puesto Viejo S.R.L. “El cambio fraudulento de titularidad del inmueble (...) hizo que el embargo intentado se encuentre anotado de forma provisoria”, agrega el documento.

Como tercera maniobra, de acuerdo con la denuncia reseñada también en la citación a indagatoria, se incluye el presunto vaciamiento de las cuentas bancarias a nombre de Londres & Baires y Ancien Post a la empresa Rush.

“Lo primero que hago después es pedir un amparo para que le entreguen la prótesis contra la empresa, que en ese momento era Ancien Poste S.A. y Londres & Baires S.R.L. Ganamos el amparo pero no se la dieron. Luego iniciamos un reclamo por el despido y reparación integral por lo que le pasó. Ganamos el juicio, con una sentencia definitiva de la Sala 5º de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que se dictó en septiembre de 2021″, contó a este medio el abogado de la víctima. Sin embargo nunca le pagaron. Incluso, en diciembre siguiente, el fallo nuevamente fue ratificado por el tribunal de alzada.

Schick confirmó a este diario que finalmente, tras diversas apelaciones y recusaciones, una ART fue obligada a dar la prótesis, pero la indemnización no fue pagada. La deuda crece.

“Como consecuencia de las maniobras perpetradas, se frustraron los derechos del denunciante, tornándole imposible el cobro de su crédito”, agrega el texto judicial, que enumera una a una las cuentas a nombre de las razones sociales y detalla cómo fueron las presuntas estrategias para ocultar los bienes y el dinero de la empresa. “De su lectura se advierte que de las cuentas en pesos a nombre de Ancien Poste surge desde el mes de enero de 2018 hasta agosto de 2019 varias transferencias bancarias por importes elevados”, a cuentas de las otras dos razones sociales, sostiene el documento.

Lo que explicó el abogado es que la pareja está sospechada de que inició un proceso de insolventación irregular y vaciaron las cuentas. Sostiene que crearon nuevas sociedades para administrar el club de polo, por lo que inició en 2022 una denuncia penal por vaciamiento, desbaratamiento de derechos, insolventación fraudulenta y falsedad ideológica. “Nelson vive hoy en la indigencia, está imposibilitado de trabajar. Iniciamos esa acción penal y justamente la novedad es que esta semana, con un dictamen de fiscalía favorable, Baker y su esposa fueron citados a indagatoria”, dijo el letrado.

El expediente quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº50, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniar y del fiscal en lo Criminal y Correccional Nº 62 Ariel Yapur.

El club de polo cuenta con más de 250 hectáreas, tiene restaurantes, hoteles de lujo y -según su página web- venden lotes. A raíz de todo el proceso y por pedido del abogado de Nelson, el juez Fernando Saravia, a cargo del Juzgado Comercial N° 11, decretó el pasado 8 de agosto la quiebra de Londres & Baires SRL, ordenó el allanamiento y secuestro de toda la documentación y le prohibió salir del país a Baker.

También decretó la inhibición general de bienes sin límite de tiempo, a través del banco central y ordenó el embargo de los fondos sobre todas las cuentas bancarias, incluidas las de Rush, que es la firma que continuó con las operaciones de la empresa. El banco que ayudó en las maniobras para transferir los fondos también será investigado.

“Le pedimos la quiebra y le decretaron la quiebra. Ahora no puede salir del país. Tiene todo bajo la administración de un síndico. Es una ficción porque el campo de polo sigue trabajando”, dijo el letrado. Entre otros detalles, Schick recordó que durante todo el proceso, los ex empleadores de Nelson le iniciaron una acción penal por estafa procesal. La Justicia lo desestimó. “Esto fue una maniobra para amedrentar”, agregó el abogado.

El documento sostiene que “quedó demostrado que los aquí imputados (...) lograron insolventarse, simulando despojarse de sus bienes con el objeto de tornar imposible el cobro de las obligaciones reconocidas al denunciante, mediante sentencia que se hizo lugar a la medida cautelar del 28 de marzo de 2018″.

Nelson- asegura el abogado- está lamentablemente condenado a la indigencia. Tenía 24 años cuando ocurrió el accidente y hoy escarba la basura para poder vivir. “Es dramático el caso. Un megamillonario hizo un montón de medidas para no pagar y ahora va tener que responder en la justicia penal. Está quebrado en la justicia comercial. Sus abogados buscaron dilatar todo”, concluyó. El 30 de noviembre deberá contestar las preguntas del juez.