La Justicia de Jujuy definirá hoy el posible traslado de Milagro Sala por su estado de salud

El juez de Ejecución Penal de Jujuy, Carlos Cattán, mantendrá una audiencia para este jueves en la que deberá resolver sobre el traslado de Milagro Sala a un centro de salud de alta complejidad tras el pedido realizado por la defensa.

Actualmente, la dirigente social cumple una prisión domiciliaria en su casa del Barrio Cuyaya en San Salvador de Jujuy. Se encuentra inmovilizada por las dificultades que presenta para caminar debido al cuadro de trombosis que padece desde junio de 2022.

Frente a esto, la defensa de Sala solicitó una audiencia judicial por “cuestiones humanitarias”. “Estamos en una situación de suma urgencia”, mencionó a Télam la representante legal de la líder de la Tupac Amaru, Alejandra Cejas, al ser consultada sobre el estado de sanidad actual de Sala.

Por esto mismo, se estableció que la audiencia se lleve a cabo este jueves en horas del mediodía. Será presidida por el juez Cattán, quien resolverá sobre el estado de la dirigente jujeña condenada a 13 años de prisión por el caso conocido como “Pibes Villeros”.

Sobre el estado de salud de Sala, Cejas agregó que requiere dos operaciones en su pierna izquierda, ya que se intentó con un tratamiento de fórmulas no invasivas para contrarrestar la trombosis, pero no resultaron. “En la provincia de Jujuy no se puede operar a Milagro Sala y hay sólo cuatro médicos en el país que pueden hacerlo y es por ello que consideramos pertinente su inmediato traslado”, alegó la abogada.

En este contexto, la defensa había solicitado que la suspensión de una audiencia que había sido fijada para realizarse el martes 26 de septiembre en el marco de la causa del barrio Campo Verde, iniciada por el Gobierno de Jujuy en 2021 tras presentar una denuncia en su contra por “instigación de resistencia a la autoridad”.

En la principal causa contra la dirigente de la Tupac, el Tribunal Oral concluyó que Milagro Sala conformó y lideró una asociación ilícita entre los años 2013 y 2015. Los delitos atribuidos a dicha asociación fueron las extorsiones a varias personas y defraudaciones en relación con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, respecto de los pagos en ejecución de catorce convenios firmados entre el IVUJ y diferentes cooperativas de trabajo y, finalmente, en relación con un convenio de la misma naturaleza suscripto entre una cooperativa y el municipio de la ciudad de Palpalá.

El tribunal resaltó que esta organización criminal logró un altísimo acatamiento de las directivas de Sala en razón de que sus “miembros conformaron las ficticias cooperativas” y también porque Sala y los demás integrantes de esta “cimentaron la obediencia de otros cooperativistas con la ilustración de los males que se les infligiría a los insubordinados”, ya que “se impuso así una suerte de temor y obediencia a raja tablas [sic] de las órdenes que recibían, cooperativista [sic] y miembros de distintas organizaciones sociales, pues quienes se resistían o confrontaban con alguno de los miembros de la asociación ilícita habían sido lesionados, extorsionados, amenazados y privados de la obtención de obras, bolsones de comidas, capacitaciones”.

De igual forma, enfrenta varios procesos penales en forma simultánea. Había sido detenida en enero de 2016 y en primera instancia fue alojada en la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero para luego recibir el beneficio de la domiciliaria por el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además de la causa “Pibes Villeros”, la Justicia jujeña la condenó a tres años de prisión en suspenso por un violento “escrache” a Gerardo Morales y la investiga por otra denuncia de desvío de fondos en torno a la construcción de viviendas sociales.