Esteban Fernando Tulli volaba alto, en más de un sentido. El empresario de 51 años, socio de una firma dedicada en los papeles a la fabricación de calzado, fue arrestado a fines de septiembre de 2022 en una redada masiva de la Delegación Ezeiza de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense. Lo encontraron en un country de Pablo Podestá, donde se movía con una Mercedes Benz Sprinter. Allí, los vecinos, sin mucha imaginación, lo apodaban “El Narco Zapatero”.
Tulli, según la investigación en su contra a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, encabezaba el financiamiento y la ingeniería de lavado de una banda que buscaba penetrar el negocio transa villero con jugadores en asentamientos de La Matanza como Villa Palito, el Barrio 4 de Junio de Avellaneda, Villa El Tropezón, Villa Tranquila, la 9 de Julio y la 18. Había un poco de ambición federal. Ariel Alberto Sosa, miembro de un temido clan familiar chaqueño, es parte del organigrama, una supuesta figura clave en la línea de provisión.
En la redada, los detectives encontraron una avioneta bimotor Piper, a cargo de Julio Michael Katzman, subalterno de Tulli, vendedor de autos de lujo, que también terminó arrestado. Esa avioneta, creen investigadores, no fue comprada para ver el mundo desde arriba, sino para transportar polvo. Hubo 13 detenidos en esa ola de allanamientos; la lista de implicados en la banda tiene más de 30 nombres. Les encontraron autos de marcas como Porsche o Audi, casi 6 millones de pesos, 78 mil dólares, 2 kilos de cocaína, más de tres mil pastillas de éxtasis, 12 armas de fuego. La zapatería de Tulli fue allanada en La Tablada. Allí se encontraron varias armas.
Tulli y Katzman fueron procesados con prisión preventiva por el Juzgado Federal N°2 de Morón en noviembre del año pasado por el delito de narcotráfico, con embargos que superaban los 15 millones de pesos.
El documento del procesamiento menciona siete veces a un hombre que hoy toma el centro de la escena: es Fernando Pérez Algaba, alias “Lechuga”, el empresario dedicado a la venta de autos de lujo asesinado a tiros, desmembrado y arrojado en una valija a un arroyo de Ingeniero Budge.
Pérez Algaba entró en la causa tras ser hallado en un posteo en redes sociales donde aparece con varios de los investigados. Particularmente, fue vinculado por la Bonaerense a una mujer en la familia de Tulli. En su declaración indagatoria, Tulli aseguró desconocer a “Lechuga”.
Sin embargo, Katzman lo mencionó en varias oportunidades en su propio testimonio. Aseguró que lo conoció mientras tenía una agencia de autos en San Martín, tras comprarle un auto. Allí, en 2018, Pérez Algaba le propone abrir una concesionaria dedicada solo al rubro de vehículos de alta gama, un negocio que abrieron pero que “no funcionó” porque tenían “diferentes formas de trabajar”, aseguró el procesado.
Así, Katzman le compró su parte a Pérez Algaba y se quedó con la agencia. “Solo era una relación comercial, a veces tenía un auto para vender y le conseguía clientes o viceversa”, asegura la transcripción volcada en el procesamiento.
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La identificación del cadáver en la valija agitó a los investigadores responsables de llevar a prisión a Tulli y Katzman. La hipótesis narco todavía no es parte del expediente para esclarecer el bestial crimen de “Lechuga”, que investiga el fiscal Marcelo Domínguez de la UFI N°5 de Lomas de Zamora. Sin embargo, todas las variables son posibles. En el fuero comercial porteño, Pérez Algaba enfrentaba demandas por cobro ejecutivo tras emitir cheques sin fondo. Había sido denunciado por estafa en el Juzgado N°3 porteño en 2021, una causa que terminó archivada.
En las últimas horas, se determinó que el empresario ingresó al país desde España y alquiló un departamento en la calle Olazábal, en localidad de Ituzaingó, donde -en paralelo al hallazgo de los restos- se determinó que tramitaba una denuncia por la desaparición de “Lechuga”, realizada por la propietaria de la vivienda.
Según la agencia Télam, la dueña declaró que el empresario residía en Barcelona y la contactó por redes sociales para alquilarle el lugar entre el 13 y el 19 de julio. Como no supo nada más de él, fue a la comisaría.
Ese expediente por la desaparición quedó en manos del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI descentralizada de Ituzaingó, que ordenó una inspección en el departamento alquilado. Allí, los investigadores hallaron su pasaporte, una computadora, ropa, dos valijas, un bolso de mano y una constancia de atención médica psiquiátrica por trastornos de ansiedad.
En el lugar no fue encontrada su billetera, ni su teléfono celular ni DNI ni dinero en efectivo.
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