
En la segunda jornada de alegatos del juicio por el asesinato de Blas Correas, el fiscal Marcelo Hidalgo pidió penas de entre 5 y 6 años de cárcel para los 11 policías acusados de intentar encubrir el crimen ocurrido la madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando el chico de 17 años fue baleado mientras viajaba junto a amigos en un auto por las calles de Córdoba.
Se trata de Wanda Esquivel, Sergio Alejandro González, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica. Llegaron a esta instancia acusados por los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional, falso testimonio y omisión de deberes de funcionario público.
Por el homicidio del adolescente y el intento de asesinato de los amigos de la víctima, en tanto, están acusados Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33), los policías que les dispararon. El miércoles último, la fiscalía solicitó la prisión perpetua para ambos.
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La noche del crimen, los chicos volvían de cenar y unas cuadras antes de recibir los disparos, tuvieron un altercado con dos hombres que iban en una moto. El conductor del Fiat Argo en el que circulaban quiso doblar en U, no los vio y los motociclistas le recriminaron. Tuvieron una discusión breve y se insultaron unos a otros. Segundos más tarde, como consecuencia de una frenada inesperada, la moto, que venía atrás, intentó esquivarlo y rozó el espejo retrovisor derecho, que salió volando.
Los chicos del Argo no lo supieron pero los motociclistas avisaron metros más adelante a dos policías que había un auto haciendo maniobras peligrosas. Eso devino en una alerta radial, que según pudo constatar el fiscal de instrucción José Mana, los policías dieron como un robo. Blas y sus amigos continuaron su camino hasta que en el cruce de la avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, en el barrio Colinas de Vélez Sarsfied de la capital cordobesa, se toparon con un retén de policías que los esperaban ya enterados de un Fiat blanco con presuntos ladrones.

El joven conductor declaró que se asustó al ver que uno de los agentes había desenfundado un arma y le apuntaba. Así, intentó evadirlos. Lo concreto es que instantes después, Gómez y Alarcón abrieron fuego: entre los dos dispararon seis veces y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, que murió minutos más tarde. Tras ello, en el hecho intervinieron los policías acusados de encubrimiento.
De acuerdo a la reconstrucción que hicieron los investigadores, Quevedo y Vélez son los agentes que se encontraron con los motociclistas. Ambos declararon bajo juramento que uno de ellos les dijo sobre los chicos del Fiat: “Para mí, me querían robar”. Pero para el fiscal Mana tanto el conductor de esta motocicleta como su acompañante “al momento de declarar bajo juramento, negaron fundadamente esta circunstancia”.
Un testimonio clave para la imputación de los policías por encubrimiento fue el de Wanda Esquivel, que se quebró y confesó a la Justicia que ella fue quien plantó un arma en una rotonda cercana para que el asesinato cometido por Gómez y Alarcón tuviera una justificación. Y omitió avisar por radio que Blas estaba muerto y que el disparo había salido, sin justificación alguna, de las armas de sus compañeros.
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Minutos antes de la 1 de la madrugada, Esquivel junto a Alarcón plantaron un arma calibre .22 marca Doberman y con numeración parcialmente limada a unas cuadras del lugar del hecho. Y media hora después, según se comprobó, ella misma, en compañía de su dupla policial, el imputado Alarcón, simuló un rastrillaje y el hallazgo “casual” del revólver. “Una clara maniobra tendiente a confundir a la autoridad y favorecer a los imputados Gómez y Alarcón”, resumió el fiscal Mana en su requerimiento de elevación a juicio.
Los investigadores concluyeron que esa arma se la entregó a Esquivel el subcomisario González, a quien además se lo acusó de demorar hasta dos horas en dar aviso a sus superiores de los hechos, con el fin de acomodar la escena del crimen de la forma en que mejor favoreciera a los policías que dispararon.

Para el fiscal Hidalgo, los policías actuaron de una manera “despiadada y perversa”. Durante su exposición, solicitó también que todos ellos sean inhabilitados por 10 años para ejercer cualquier función pública.
El juicio se reanudará el próximo viernes, con los alegatos de los tres abogados querellantes. Los defensores de los acusados, en tanto, se pronunciarán a lo largo de los días 8, 10, 15 y 17 de marzo, tal cual está previsto. La sentencia se espera para fines de ese mes.
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