Ayer por la mañana, la División Delitos Complejos de la Policía Bonaerense allanó uno de los supuestos centros de rehabilitación de la organización La Razón de Vivir en Florencio Varela, una quinta en el cruce de Camino General Belgrano y 1° de Mayo. Al menos ocho víctimas habían llegado a la Justicia para relatar las historias que sufrieron en la comunidad terapéutica promocionada por Marcelo “Teto” Medina, episodios de hambre, frío y ratas, de manipulación y mentiras a personas que vivían en una vulnerabilidad extrema, un caso de asociación ilícita y reducción a la servidumbre investigado por el fiscal Daniel Ichazo, marcado por el trabajo esclavo.
Allí, los detectives atravesaron barro y mugre, instalaciones casi infrahumanas. Las camas cucheta desvencijadas y las bolsas de arroz de baja calidad que hallaron en un depósito parecían un lujo en comparación a lo que verían después.
La visita continuó. Primero, encontraron ranchos precarios, casillas donde dormían los adictos de la organización que habían montado ellos mismos, con un patio en la tierra pelada donde funcionaba una cocina a leña, una olla carbonizada y un barril de metal cortado, para guisos de polenta batidos con un trozo de madera. Luego, encontraron una estructura bajo techo de chapa con pequeños muros internos, lo que parecía un corral porcino. Pero La Razón de Vivir no criaba cerdos. Había ropa doblada en los pequeños muros, medias, pantalones y calzoncillos.
Ese chiquero, por llamarlo de alguna forma, era una celda de castigo. Allí, los rebeldes que se negaban a la disciplina dormían a la intemperie. Las familias de esos pacientes podían pagar, por lo menos, 30 mil pesos por mes para que fueran tratados allí, además de una cuota de ingreso.
El frío y el hambre no eran la única forma que La Razón de Vivir tenía para controlar a los adictos que debía tratar, supuestamente convertidos en siervos. También contaban con el largo brazo de la ley, en cierta forma.
Tatiana Lorena Lanza, de 31 años, fue arrestada por la división Asuntos Internos en su casa de Florencio Varela. Era oficial de policía, cumplía funciones en la Comisaría 4° de Varela, zona de Bosques. La Razón de Vivir se había convertido, en cierta forma, en su trabajo adicional. Solía ser vista dentro de los predios vestida de uniforme. Había llegado allí a través de un familiar suyo, que había sido internado en una de las quintas. “Pegó buena onda con los directivos y se quedó”, dice un investigador clave.
Allí, realizaba llamados a las víctimas, según la imputación en su contra escrita por el juez Ichazo. Decía ser jueza o defensora oficial, les aseguraba que tenían causas en su contra y que si se sometían a la organización terapéutica, nada malo les pasaría. Todo, para evitar que huyeran y para garantizar que se sometieran al esquema de servidumbre.
También hay un ex policía involucrado en la historia, Mariano Torchia, exonerado de la Policía Federal años atrás. Su rol es mucho más jerárquico que el de Tatiana Lorena. Realizó giras por provincias como directivo de la institución junto a “Teto” Medina y el líder máximo, Néstor Zelaya. “Era básicamente un sargento para los adictos”, dice el investigador. Un documento de la causa revela cómo simuló ser un fiscal provincial con al menos una víctima, para contar el mismo cuento: había una supuesta causa contra ese adicto. Si accedía a someterse a La Razón de Vivir, recibiría beneficios.
Las víctimas creían todo.
Según documentos de la causa, Torchia tenía un vínculo sumamente estrecho con el jefe Zelaya, que realizaba un control marcado por la dependencia afectiva y un discurso casi mesiánico con citas bíblicas, con “técnicas de control mental y persuasión coercitiva”, dice un escrito de la causa. Zelaya, por ejemplo, fue escuchado en una intervención telefónica mientras ordenaba a otro imputado que vaya a un domicilio a buscar a un adicto que se había fugado. También, el jefe le prohibía a ese imputado llamar a la policía.
En otro diálogo, el jefe baja la orden de que Torchia se haga pasar por fiscal para engañar a una víctima. Esa conversación fue registrada por la Justicia e ilustra esta nota.
En otro diálogo con Zelaya, el ex PFA asegura que una víctima “se corbateó”, es decir, se suicidó por ahorcamiento. Allí, acordaron -siempre según las transcripciones de escuchas a las que accedió de Infobae- de manipular a la familia de este paciente.
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