Agentes del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- rescataron a 14 hombres que eran explotados y sometidos a trabajo esclavo por un empresario en su fábrica de ladrillos, ubicada en la localidad bonaerense de General Las Heras. Según revelaron fuentes policiales a Infobae, las víctimas “vivían en precarias casas de grandes dimensiones, en condiciones insalubres y de extrema vulnerabilidad”.
La investigación primero estuvo en manos de la Justicia bonaerense, pero al declararse incompetente, el expediente recayó por sorteo en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, quien ordenó un trabajo de campo y observación a través de drones en el predio donde funciona la ladrillera, situado sobre la Ruta Nº6 y acceso Zabala.
Fue así que los agentes pudieron detectar que las víctimas trabajaban en condiciones miserables y vivían en el mismo lugar con parte de sus familias, entre los que había niños y bebés recién nacidos. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el propietario les cobraba el alquiler de viviendas inhabilitables, ya que ni siquiera contaban con servicio de agua corriente, cloacas, luz ni gas. Además, los sometía a jornadas laborales extensas y salarios por debajo de la mitad del salario de mercado para esa actividad.

De los 14 hombres rescatados, seis son de origen boliviano y uno nacido en Paraguay. El resto son argentinos. También se observó que en el predio vivían tres mujeres mayores de edad (esposas de algunos de los trabajadores), de nacionalidad boliviana, quienes se encontraban al cuidado de dos nenes de meses. Asimismo, los investigadores revelaron que en el lugar habitaban otros cuatro menores, que al momento del operativo se encontraban en la escuela. Los trabajadores tenían “ropa no acorde para tal actividad y varios de ellos se encuentran trabajando en negro”, revelaron.
Otro dato al que accedió Infobae es que desde la Dirección de Migraciones informaron que tres de los extranjeros explotados se encuentran en situación irregular. En ese sentido, el empresario -de 65 años- tenía algunas personas contratadas legalmente pero con recibos de sueldo por valores que no corresponderían a la realidad. El resto estaba en negro.

El negocio era redondo, al menos así lo describieron las fuentes. “Se aseguraba tenerlos ahí para hacerlos trabajar a gusto y piacere. No poseían los equipos necesarios para realizar el trabajo, por lo que obviamente su salud se veía afectada. Obviamente evadió aportes sociales. El empleador minimiza el gasto y maximiza las ganancias”, explicaron.
Además del rescate en la ladrillera, la PFA también concretó un allanamiento en el domicilio del empresario. Se trata de una impresionante quinta, con pileta incluida, ubicada en la calle Avenida Soldado Argentino, de la localidad bonaerense de Marcos Paz. El objetivo era detener al explotador. Sin embargo, cuando los agentes ingresaron a la vivienda no lo encontraron. La esposa les indicó que su marido había salido temprano a hacerse estudios médicos. Por lo pronto, el sospechoso no pudo ser localizado.
Luego de los operativos, la Policía Federal pudo incautar también una buenas cantidad de armas. Se trata de una pistola semi automática calibre .22, marca Bersa, con su correspondiente cargador y 11 municiones; dos escopetas, una calibre 16, doble cañón y cartuchos marca orbe y otra del mismo calibre pero sin numeración, y una carabina de repetición, calibre 22 largo, marca Mahely- Mini Max, con el cargador colocado con 9 municiones.

También secuestraron cuatro cuadernos con anotaciones en su interior y la misma cantidad de folios que contienen distinta documentación, entre la que había facturas, recibos y otras anotaciones. No fue lo único. Los investigadores hallaron dinero en efectivos por valores elevados: 29.200 dólares, 6.500 euros, 58.940 pesos argentinos y nueve cheques por varios importes.
Una vez que el empresario sea ubicado, deberá responder antes el juez Armella por los delitos de trata de personas y explotación laboral.
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