El 10 de febrero de 2017, Darío Roberto Pereyra fue asesinado en el contexto de una riña tumbera en el Pabellón Nº 11, Sector “C” de la Unidad Carcelaria Nº 6 del Servicio Penitenciario Federal en Rawson, una cárcel célebre por su violencia, a donde el SPF suele enviar detenidos problemáticos de otras jurisdicciones,
Otro detenido, Oscar Santos Laya, se convirtió en el principal sospechoso. Laya, hoy de 34 años, curiosamente, nunca fue condenado por el crimen. Luego estuvo preso por otro delito en la Colonia Penal de Ezeiza, la Unidad N°19. Con el tiempo, recuperó la libertad. Debía reportarse ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia por el crimen de Pereyra, pero en octubre de 2021 fue declarado rebelde y se pidió su captura, ya que nunca dio señales.
Al final, cayó por ir a la cancha.
La Policía de la Ciudad lo capturó el último domingo en el marco del programa Tribuna Segura en los controles alrededor del estadio Tomás Ducó de Parque Patricios, en el encuentro entre Barracas Central y Estudiantes que terminó con una fuerte goleada, ganó Estudiantes 6 a 1. Santos Laya, que iba a ver a Barracas, perdió por partida doble.
El caso tiene ciertas particularidades. Santos Laya había tenido un registro en la AFIP para operar comercialmente, había dado dos domicilios en territorio porteño, uno en la calle Iriarte. Sin embargo, los que entregó a la Justicia en el marco de la causa por el crimen de Pereyra fueron totalmente truchos. Uno estaba ubicado en la calle Chubut. Policías federales fueron a chequearlo. La altura no existía. Su defensor oficial aportó otro en la calle Los Patos al 2800: resultó ser una dependencia del ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Un patrullero fue allí y se entrevistó con un encargado, que dijo no tener idea de quién era Santos Laya.
También hay un giro más oscuro. La madre de Pereyra se convirtió en querellante en los tribunales chubutenses un año después de la muerte de Darío. Allí se inició un expediente por abuso de autoridad: apuntó directamente a varios penitenciarios por el crimen. El caso fue tratado por la Cámara Federal porteña, que falló a favor de la querella en 2020 luego de que un tribunal chubutense desestimara la denuncia.
Un fiscal pidió que se investigue “...la posible omisión deliberada de los funcionarios públicos del S.P.F. -en posición de garante- de incautar elementos que pudieron haberse detectado con antelación. Que además del incumplimiento propio de sus funciones, podía configurar el delito de homicidio culposo, por imprudencia y/o defectos de control en los procedimientos de requisa de parte de los agentes que tenía a cargo dicha obligación...”
Así, cuatro agentes quedaron bajo sospecha. “La prueba colectada hasta el momento resultaba suficiente para convocar a prestar declaración indagatoria al personal a cargo del control y seguridad de las personas detenidas, quienes se encontrarían individualizados”, asegura otro documento del caso.
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