Las pornoextorsiones, o sextorsiones, cometidas por presos con celulares ocultos en sus celdas se convirtieron en uno de los delitos de moda durante la pandemia. El planteo es simple: una mujer es empleada como señuelo, lo que comienza un intercambio de imágenes. Así, sigue un engaño, usualmente con un falso policía o un falso abogado que amedrenta al hombre del otro lado de la línea con denunciarlo y, básicamente arruinarle, la vida con una causa si no pacta. Le exigen dinero. Y la víctima cae.
El caso de Peteco Carabajal se convirtió en una suerte de insignia, cuando a mediados de este año una banda liderada por un preso en una cárcel de Ituzaingó le robó al folclorista santiagueño cerca de 100 mil pesos luego de que una joven lo contactara por Facebook.
Con el tiempo, tras los contactos iniciales, el cantante recibió una llamada en su teléfono. Era un hombre que se identificó como Ricardo Gutiérrez y que decía pertenecer a la brigada de ciberdelitos de la Policía Bonaerense. Este tal Gutiérrez le aseguró a Carabajal que “estaba siendo investigado por corrupción de menores”. Así, el folklorista hizo la denuncia para alertar sobre la maniobra y dos sospechosos fueron detenidos.
Las caras de los delincuentes en este tipo de delito se conocen. Pero rara vez se ve la de la mujer que sirve de anzuelo. La historia de “La Pochola” se vuelve distinta a las demás.
Elba Soledad González, de 29 años, fue detenida en julio de este año en la ciudad de Puerto Madryn tras una investigación del fiscal Juan de la Vega, acusada de haber extorsionado telefónicamente a un hombre para que le pagara 100 mil pesos a cambio de no publicar las fotos íntimas que, supuestamente, le había enviado.
El caso fue descubierto a partir de la denuncia de la víctima, quien se contactó con la Policía chubutense después de recibir un llamado anónimo de un hombre que lo acusó de haberle enviado fotos íntimas a su supuesta hija. “Le mandaste fotos porno a mi hija, soy el padre. Te va a llamar mi abogado para arreglar”, le dijo el extorsionador a la víctima en esa comunicación, según pudo saber Infobae. Las fotos del intercambio, suponen las autoridades, corresponderían a González.
Así, se montó un encuentro en la zona del Barrio Sur, una entrega controlada del dinero con policías ocultos en sus vehículos. “La Pochola” llegó a bordo de su pequeña moto Honda Wave: curiosamente, resultó ser la cobradora. Fue arrestada de inmediato. Luego, se investigaron sus vínculos.
Así, se descubrió que su entonces novio, David Alejandro Carballo, estaba preso por robo y homicidio en el Instituto Penitenciario provincial que está sobre la Ruta N°3, entre Trelew y Puerto Madryn: una cárcel modelo con pintura reciente, cancha de fútbol y básquet.
Justamente, en las últimas horas, la cárcel fue allanada en busca de los principales sospechosos. Con el expediente en manos de los fiscales Silvana Salazar y Raúl Barroso, Carballo no era el único en de su lista, además estaban Jonathan Vega y Sergio Bassi: detenidos allí y acusados también de homicidio. Les encontraron pendrives y una serie de anotaciones.
La actual pareja de “La Pochola” también está acusada de ser parte de la trama: escondía cuatro celulares en su casa, que serán peritados. Y allanaron un tercer objetivo. La propiedad de un policía en Trelew que vigilaba el Instituto Penitenciario, según confirmaron fuentes con acceso al expediente a Infobae.
Miguel Orlando Briceño, de 26 años, es empleado de la Policía de la provincia de Chubut, al menos, desde febrero de 2020 según registros consultados. Se sospecha que habría cobrado una coima de 180 mil pesos por ingresar seis teléfonos a la cárcel: le secuestraron tres celulares, una netbook y una notebook. Los presos, insólitamente, habían marcado el pago en un cuaderno que les incautaron.
Sin embargo, Briceño no fue detenido. Las autoridades policiales lo pasaron a disponibilidad mientras su situación es investigada.
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