En octubre de 2020, Jorge Federico G., de 59 años, vecino del country Ayres del Pilar fue detenido por romper a golpes “de palo o martillo” el parabrisas del móvil del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el que era trasladado el empresario Lázaro Báez para cumplir con su arresto domiciliario, lo que fue impedido por la gente del lugar que repudiaba su presencia.
El hombre, registrado como empresario y en los rubros de negocios inmobiliarios de la AFIP, que integra una firma a la venta de automotores fue identificado por las imágenes que tomó con su celular otro vecino del country. Así, se emitió una orden para su arresto: la Policía Federal lo encontró en San Isidro. Fue liberado poco después.
La escena en Ayres del Pilar fue caótica: los vecinos impidieron que la camioneta del SPF que llevaba a Báez ingresara al country. El empresario, acusado de lavado de dinero, iba a cumplir en una de las casas del complejo el arresto domiciliario que le había otorgado la Justicia. La camioneta intentó ingresar pero los vecinos lo impidieron. Hicieron sentadas, golpearon el móvil, cantaron y llevaron pancartas. El vidrio de la camioneta Mercedes Benz del SPF, “no se rompió porque es un vidrio antitrauma; si no, hubiese sido herido el chofer”, explicó una fuente del caso. Finalmente, Báez no pudo ingresar al country, volvió a la cárcel de Ezeiza y se encontró un nuevo domicilio que se mantuvo en secreto para no generar eventuales disturbios.
La historia termina. El lunes por la mañana, Jorge Federico G. fue condenado por el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín a resarcir al SPF con una multa de 24 mil pesos y 140 horas de servicio comunitario en una parroquia de Tigre, según el fallo al que accedió Infobae.
El delito imputado, de acuerdo al fallo firmado por el juez Matías Mancini, es el de daño agravado por haber sido ejecutado con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad y por haberse afectado un bien de uso público, en concurso ideal con el delito de resistencia a la autoridad.
Tras el hecho, las autoridades del SPF presentaron una denuncia penal. La PFA analizó los videos del ataque, muchos de los cuales circularon por las redes sociales. Con uno de ellos se logró identificar a la persona que rompió el vidrio.
“Nos cerraron la puerta de proveedores que está por una calle lateral, fue un delirio todo lo que pasó”, dijeron Elizabeth Gasaro y Juan Martín Villanueva, abogados de Báez, en una audiencia virtual que tuvieron con los entonces jueces del Tribunal Oral Federal N° 4 en Comodoro Py, Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado, que tiene a cargo el juicio del empresario. Los abogados pidieron que se abra una investigación contra los vecinos del country por impedir que se cumpla una orden judicial.
Báez iba a vivir en la propiedad N37 del country que está dentro de la zona conocida como “La Arboleda”. Se trata de una propiedad que estaba a nombre de Badial SA, una de las empresas del emporio que manejó en el pasado. Es una casa con techos de tejas, unos 250 m² cubiertos, un lote de más de 800 m² y una pileta de 6 por 4 metros. Antes de la pandemia, el costo rondaba los 500 mil dólares. Finalmente no pudo cumplir allí la prisión domiciliaria.
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