El martes último, Iuliia Gilfanova se presentó en la Dirección Nacional de Migraciones junto a sus tres hijos, la mayor, una adolescente de 14 años, el menor, un bebé de apenas meses, para pedir su residencia permanente en la Argentina tras entrar al país el año pasado, con su cabeza envuelta por un hijab, la tela que emplean las mujeres musulmanas para cubrir su cabeza. Su pareja estaba lejos, residiendo en Egipto. Lulia llevó su pasaporte ruso para realizar el trámite.
Y el trámite falló.
El ingreso al sistema de su número dio una alerta inmediata: una alerta de difusión de Interpol pesaba sobre su cabeza por dos delitos gravísimos: dos actos de financiación del terrorismo que datan desde octubre de 2014 hasta marzo de 2016, enmarcados en el artículo 205 del Código Penal ruso que establece una pena de hasta diez años de prisión.
Los terroristas financiados, según aseguran fuentes del expediente: el Estado Islámico.
Así, Lulia fue arrestada de inmediato por la delegación Mar del Plata de la PFA, en un expediente a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti, un caso adelantado por el diario La Capital. Se realizó una audiencia, con la mujer de 33 años representada por una defensora oficial. No fue simple conseguir un traductor: al comienzo, el cónsul local ruso se ofreció para convertir a español sus palabras. El vocabulario de Lulia es mínimo. Su hija adolescente no habla una palabra de español.
La vía legal para que Gilfanova salga del país existe: Argentina tiene vigente un tratado de extradición con Rusia por delitos de terrorismo que establece las necesidades y las condiciones para que sea enviada. Sin embargo, en la audiencia judicial, Lulia introdujo un cambio: pidió permanecer en el país bajo asilo político, un expediente que corresponde a autoridades políticas y que correrá en paralelo a cualquier causa judicial.
Conocedores del proceso estiman pocas chances de que prospere: que lo haya pedido tras su arresto complica la situación. “Debería haberlo pedido de entrada”, estima una fuente local de muy alto rango. El pedido de captura ruso, emitido por un tribunal de Kazan, en el sudoeste del país, data de 2020, aseguran fuentes del caso a Infobae. Se cree que vino embarazada al país, antes de que esa orden fuese emitida.
Su bebé, estima la Justicia federal marplatense, nació en Argentina.
Así, en vista a que Gilfanova se encuentra con sus hijos, el juez Inchausti dispuso que la mujer rusa quede bajo arresto en su casa, con sus chicos asistidos por el servicio de Niñez local y bajo una custodia policial permanente. Gilfanova, que se negó a ser extraditada, deberá esperar la presentación del pedido de asilo y su resolución. El delito del que se la acusa, mientras tanto, echa una sombra sobre el proceso.
La información con la que cuenta la Argentina sobre el hecho es escasa: Rusia no se encuentra obligada a entregar el expediente completo. El pedido de extradición formal podrá presentarse en un plazo de 40 días.
Por lo pronto, hay otros rastros de papel.
Gilfanova, según registros a los que accedió Infobae, accedió a un número de DNI argentino, con su correspondiente CUIT. Antes de pasar por Mar del Plata, registró un domicilio fiscal en un departamento de la zona de Ramos Mejía. Tiene un segundo domicilio registrado en la ciudad costera, distinto al del lugar donde permanece bajo arresto.
Gilfanova, por su parte, no es la primera detenida de alto perfil en Argentina que intenta un pedido de asilo político. Serkan Kurtulus, mafioso turco detenido en Ezeiza junto a su cómplice Lider Camgoz, que el mes pasado realizó una brutal protesta al coserse la boca, plantearon el mismo recurso con sus abogados tras ser capturados en Puerto Madero. Kurtulus, con un prontuario de crimen organizado de alta violencia, aseguró al autor de esta nota a mediados de este año que el gobierno de Recip Erdogan intentó contratarlo para que mate al pastor estadounidense Andrew Brunson, cercano a Donald Trump y un férreo opositor en territorio turco.
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