En una serie de redadas bajo las directivas del Juzgado Federal N°11 subrogado por Marcelo Martínez De Giorgi, la Policía de la Ciudad y la AGC allanaron dos galerías en Balvanera y Once donde encontraron el mayor stock ilegal de teléfonos en tiempos recientes.
El primer procedimiento ocurrió en la galería Sarmiento II en Sarmiento al 2800 de Balvanera. Cayeron ocho imputados, hombres y mujeres de nacionalidad peruana y venezolana. Allí, la Policía de la Ciudad encontró el lote principal: 445 teléfonos, 34 chips, 268 baterías, 6300 dólares y 52 mil pesos.
El lugar era básicamente un shopping de teléfonos de dudoso origen: ocho locales se dedicaban a venderlos. Los aparatos no solo en locales que eran explícitamente de teléfonos, también se ofrecían en locales de comida que desafiaban una orden de clausura y sus comensales no respetaban la distancia mínima para prevenir el contagio de coronavirus. Varios de los aparatos integraban la lista negra del ENACOM, marcados como robados o hurtados.
El tarifario, por otra parte, tenía precios de base como 35 mil a 50 mil pesos por un iPhone, un cuarto de su precio en un local legal.
Algunos de los imputados intentaron correr, sin suerte. Al ser capturados y cacheados se le encontraron otros aparatos denunciados en el ENACOM junto con gran cantidad del efectivo. La Agencia Gubernamental de Control, presente en el operativo junto a la fuerza porteña, reinstaló las fajas de clausura. Hizo falta la presencia de grupos tácticos como el GAD, ante la hostilidad de personas en la galería contra los efectivos.
Otra pista llevó a la Policía y a la AGC a otra galería en Pueyrredón al 200, zona de Once: tres locales que también habían violado la clausura contenían varios celulares denunciados como robados en la lista del ENACOM.
En uno de los pasillos, se detuvo a un hombre de 24 años que estaba ofreciendo teléfonos, también denunciados como robados, y tenía en su poder gran cantidad de dinero en efectivo que no podía justificar. Así, quedó detenido. Luego se allanó el domicilio de uno de los detenidos en la galería de Balvanera, donde se encontraron otros cuatro iPhone.
La semana pasada, la Policía de la Ciudad allanó el restaurant Manos Criollas en Junín al 300, luego de recibir el dato de una reunión de supuestos pungas especializados en robar teléfonos. Encontraron que el Manos Criollas, a puertas cerradas, había violado una clausura: los comensales fueron sorprendidos en sus mesas con la cena atorada en la garganta, los palparon de armas, tenían ganas de comer en vez de pistolas y revólveres.
En una mesa del fondo, tres hombres y una mujer se destacaban del resto. Tenían 15 celulares de diferentes marcas, algunos reportados por robo en el ENACOM, les pidieron explicaciones pero no pudieron darlas. Todos ellos rondaban los 40 años, todos ellos de nacionalidad peruana.
El cónclave no extrañaba, dentro de todo. El robo de celulares en la Capital Federal siempre supuso cierta cohesión organizativa, entre los arrebatadores y los “bolseros” que compran teléfonos al por mayor para alimentar el mercado negro de locales semi-clandestinos en galerías que ofrecen aparatos con su software lavado a nuevo. Pero la mesa era curiosa: la mujer, en los papeles, se dedicaba supuestamente a vender corpiños y bombachas. Otro de los detenidos se dedicaba a la venta de autopartes, otro estaba indocumentado. Quedaron detenidos.
Entre ellos estaba Freddy Contreras Chuqui, oriundo de Lima, con un pedido de captura internacional todavía vigente y una condena por punguear aparatos en subtes porteños.
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