El mail anónimo que reveló una interna al rojo vivo en la Policía Federal

Una supuesta trama de corrupción policial con dos comisarios de alto rango es el eje de una polémica en Tribunales. El correo, enviado por un supuesto efectivo para ensuciar a sus superiores, contiene declaraciones incendiarias

Presentación PFA - Ministra Seguridad Sabina Frederic (Foto: Franco Fafasuli)
Presentación PFA - Ministra Seguridad Sabina Frederic (Foto: Franco Fafasuli)

La interna en la Policía Federal Argentina que devino después del cambio de cúpula en el cambio de gobierno toma cada vez más fuerza. En los últimos días, a través de una resolución, la Cámara Nacional en lo Penal Económico benefició a dos comisarios jefes que habían sido acusados de hechos de corrupción a través de un dudoso mail anónimo que llegó al juzgado del doctor Pablo Yaradola, que investigaba el contrabando de celulares de alta gama -denunciado por la firma Samsung- y que tenía como imputado a un empresario.

Así, el juez puso bajo la lupa al al área de Delitos Federales, que estaba al mando del comisario Diego De la Fuente y su segundo Lionel Carlos Selva (que el anónimo confunde el apellido y lo nombra como Silva) y a quienes se acusa de “robar” mercadería y dinero durante allanamientos encabezados por ellos; se aseveraba que solicitaban “coimas” a los presuntos infractores para que “los resultados de los allanamientos den negativos”.

El anónimo, escrito según se sostiene en el texto a fines de mayo de este año por un agente de la Federal enemistado con sus jefes que habría participado de los procedimientos encabezados por De La Fuente y Selva, fue desacreditado y anulado con duros términos por los tres camaristas integrantes de la Sala B de la Cámara de Apelaciones al considerar, por ejemplo, que: “resulta llamativo que un integrante del Departamento Delitos Federales de la Policía Federal no conozca con precisión el apellido de uno de sus jefes y que decida formular una denuncia anónima mediante la remisión de un correo electrónico al juzgado que ordenó un procedimiento”.

El comienzo de la denuncia anónima.
El comienzo de la denuncia anónima.

Ahora, la defensa del comisario Selva, a cargo del abogado Claudio Calabressi, podría solicitar el juicio político del juez Yadarola por su accionar en la causa.

Según pudo saber Infobae de fuentes del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, tanto el anónimo que llegó directamente a la casilla del juzgado de Yadarola, como el contenido del mail alertando sobre presuntas maniobras ilegales realizadas por los dos comisarios de la Federal, “podría haber sido utilizado para armar una causa contra los comisarios Selva y De La Fuente, dado su proximidad con el comisario general Juan Carlos Hernandez -el nuevo jefe de la fuerza- y la buena relación que este mantiene con la ministra -Sabina- Frederic”.

No es la primera vez que un anónimo de un efectivo de una fuerza de seguridad detona un escándalo en Tribunales: uns denuncia anónimo de un efectivo de Gendarmería fue, precisamente, uno de los núcleos de la causa del fiscal José Campagnoli contra el ex comisario Pedro Potocar.

“El fallo de la Sala B, vino a poner un límite a esta causa trucha armada mediante un mail de dudosa procedencia recibido nada menos que a la cuenta del juzgado que estaba interviniendo en la causa por el contrabando de celulares denunciado por la empresa Samsung, con el solo fin de ensuciar a funcionarios policiales honestos. El juez Yaradola se encargó de investigarlos pidiendo infinidad de pruebas sin lograr obtener una sola en contra y en sentido contrario, dejar de investigar al principal imputado de esta causa, al que ni siquiera llamó a declarar”, opinó el defensor Calabresi.

Sabina Frederic y Eduardo Villalba, cabezas del Ministerio de Seguridad (Franco Fafasuli)
Sabina Frederic y Eduardo Villalba, cabezas del Ministerio de Seguridad (Franco Fafasuli)

Así, los camaristas dispusieron que el expediente tenga un cambio de fuero y “se remita a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad para que por sorteo se determine el juzgado de ese fuero que deberá conocer en la misma”, es decir lo mismo que debería haber realizado el juez Yadarola cuando recibió el mail anónimo en vez de incorporarlo a la causa, consideran los jueces.

La causa

La causa original se inició el 5 de febrero de este año, cuando abogados de la firma Samsung denunciaron que en el mercado se estaban comercializando cerca dos millones de teléfonos celulares de alta gama de esa empresa que no habían ingresado al país de forma legal, es decir a través de la Aduana. Dicho en otras palabras, habían sido contrabandeados.

La pesquisa que quedó en manos del juez Pablo Yaradola después de ir a sorteo, por decisión del magistrado, fue delegada al fiscal Jorge Dahl Rocha, algo que se suele hacer de manera habitual, ya sea porque el magistrado está abocado a otros expedientes, o porque no le interesa investigar esa acción.

La fiscalía solicitó la colaboración, como también se hace en estos casos, al Departamento Delitos Federales a cargo del comisario Selva. El 21 de febrero se llevaron a cabo varios allanamientos ya que se habían detectado los posibles lugares donde se estaban vendiendo los equipos contrabandeados. Además del Departamento especial de la Policía Federal, también participó de la medida personal de la Dirección General de Aduanas, que son los que validarán o no el ingreso legal -o ilegal- de los celulares y la pérdida económica que significa para la empresa y la evasión de impuestos al saltearse los controles aduaneros.

¿Procedimiento sucio?: otro fragmento de la denuncia.
¿Procedimiento sucio?: otro fragmento de la denuncia.

De la medida resultó como principal imputado el empresario Natalio Andrés Dabúl, al que se le secuestran casi 137.000 dólares, medio millón de pesos y dinero en otras monedas, como euros. También gran cantidad de elementos de tecnología de alta gama -entre ellos los supuestos teléfonos contrabandeados- siete pendrive con información de cuentas, y una máquina de minar criptomoneda para hacer pagos al exterior.

Estas diligencias ocuparon los dos primeros cuerpos del expediente. Los otros seis, después de la llegada del anónimo en el que se aseguraba, por ejemplo, que De La Fuente y Selva intimidaron a Dabul ingresando a su comercio, ubicado en el barrio porteño de Once, con armas largas y a los gritos, y que hasta denigraron en un segundo procedimiento a la mujer de este. También que lo habrían discriminado por su condición de judío ortodoxo.

El texto también refería que los comisarios se solicitaron dinero para parar el allanamiento y que hasta le robaron diez mil dólares, un hecho, que de ser cierto, el comerciante nunca denunció.

En el mail, que motorizó 67 medidas judiciales contra los jefes policiales que investigaban por decisión del fiscal las supuestas maniobras delictivas de Dabúl, afirmaba que “El señor De La Fuente siempre se ha comportado de en forma irregular en toda su carrera policial en todos los destinos que tuvo y en nuestro ambiente es de público conocimiento sus formas y ritmo de vida imposibles de solventar siendo un policía”, como el que describe esas hipotéticas maniobras.

Sobre Selva, su segundo, al que llama Silva, un hecho cuestionado por los jueces ya que les llamó la atención que un agente no conozca el apellido de su superior, el texto afirma que “Silva, de manera burlona”, y antes de encabezar el allanamiento al domicilio particular del comerciante “le dice con sonrisa burlona ’quedate tranquilo que voy a cuidar de tu mujer’”.

El documento también habla de maniobras que podrían constituir motivos para declarar nulidades en expedientes, presuntos falsos procedimientos en compras clandestinas de tabaco, con montos desviados, siete toneladas incautadas y diez robadas, una presunta piratería del asfalto policial.

A los magistrados de segunda instancia también les llamó la atención que el juez Yadarola nunca le tomó declaración indagatoria a Dabúl, pero en cambio se incorporó al expediente una declaración suya, presentada a través de sus abogados, en el cual ratifica el contenido del anónimo. Es más, a partir de la incorporación del anónimo a la causa, el magistrado reasumió la investigación desplazando al fiscal, una resolución muy poco frecuente.

En la causa ya declararon al menos cinco testigos de los allanamientos realizados tanto en el comercio como en el domicilios del empresario que desmienten los maltratos que los comisarios habrían realizado sobre el imputado. Uno de ellos, un civil, declaró bajo juramento de decir la verdad: “Fue un trato bueno, muy amable, todos tratamos de llevarnos bien en ese momento. No hubo maltrato, griterío, nada. Siempre de buena manera.”.­­­­­­­­­­­

Otro testigo aseguró que los policías hasta les ofrecieron gaseosas.

Una máquina para operar con criptomonedas, incautada en los allanamientos.
Una máquina para operar con criptomonedas, incautada en los allanamientos.

Como se ve, la investigación que comenzó en febrero pasado, derivó en un terreno que poco tendría que ver con un trámite judicial y sí más con el fangoso terreno de las internas policiales que en las piramidales estructuras de los organismos de seguridad se suelen dar entre los uniformados por lo general disconforme con el reparto de cargos y designaciones.

Hay, por otra parte, otro tramo llamativo donde el barro es más profundo: el policía anónimo habla “como anécdota” algo que es de “voz pópuli (sic)” entre los compañeros de cómo uno de los comisarios implicados asegura tener que recaudar “100 lucas verdes por mes para el jefe”, lo que infiere el policía es el jefe de la Federal mismo, sin especificar un nombre.

Yadarola, por su parte, no pidió investigar este tramo del correo. Cerca de la ministra Frederic apoyan a Hernández y hablan de haberle hecho una “tomografía” antes de designarlo en el cargo, con un legajo o un perfil sin manchas.

Seguí leyendo: