El acuerdo a cargo del fiscal Fernando Rivarola de un juicio abreviado, que benefició a los tres acusados de violar a una menor en grupo en septiembre de 2012 con penas de tres años en suspenso, todavía no está cerrado. Marcelo Nieto di Biase, el juez de garantías del caso debe homologarlo para que ocurra y tenga validez.
El juez puede rechazarlo, si así lo considera, algo infrecuente en el sistema penal argentino dado que el acuerdo no solo fue hecho entre el fiscal y los defensores de los tres acusados: también cuenta con la aceptación de la víctima, algo requerido por ley. La joven, de 16 años al momento del ataque, no quiere enfrentar un proceso penal público según fuentes judiciales.
El acuerdo, según las mismas fuentes, estipula “una indemnización económica” para la joven abusada, con un monto que se mantiene en reserva.
Sin embargo, el acuerdo es llamativo desde su naturaleza. La causa había comenzado como un expediente de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación en grupo, gravemente ultrajante. El cambio de la calificación es casi total: ahora es abuso simple agravado por el grupo, una calificación que permite el juicio abreviado. ¿El argumento de la fiscalía? No se pudieron recolectar pruebas suficientes para probar una violación, a pesar de 60 testimonios y pericias.
En Capital Federal, una reconocida fiscal de instrucción se sorprende: “No se puede cambiar la base del hecho, que tampoco prescribe. Hay algo raro, que no cierra".
La resolución de Nieto di Biase llegaría la semana próxima, según voces tribunalicias en Chubut. El juez, por otra parte, tiene un historial de decisiones controvertidas.
En septiembre de 2018, de acuerdo al MPF chubutense, Nieto di Biase fue criticado por fiscales por beneficios recibidos por una acusada de corrupción, presunta miembro de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado provincial, que bajo arresto domiciliario salía de su casa al despacho de su psicólogo sin acompañamiento policial, como si estuviera libre, con un recurso presentado ante el Superior Tribunal de Justicia.
En septiembre de 2016, según información de Télam, el magistrado liberó, curiosamente, a Manuel Colón, uno de los tres acusados de entrar a robar a la casa de uno de los jueces del Superior Tribunal provincial en septiembre de 2015. La banda era de tres miembros: los otros ya habían sido beneficiados con la prisión domiciliaria ante la oposición del fiscal del caso. Sin embargo, el juez argumentó: “Vivimos en la misma comunidad y lo conozco desde hace diez años... Sabemos que estuvo en conflicto con la ley, pero esa vez en la calle lo vi mejorado y distinto”.
Colón, según sus antecedentes, ya había matado a una persona, un caso de 2007, un joven al que asesinó de dos tiros a la salida de un boliche. ″Sé que cometió un homicidio, pero al momento de esta audiencia, a la pena ya la cumplió y si tuvo deslices, puede mejorar. En lo personal hago votos para que siga un camino distinto, como cuando lo vi, que había mejorado. Me gustaría que cambie su actitud personal. Por eso le doy mi voto de confianza. Pero la confianza se da una sola vez, porque si lo veo aquí de vuelta no voy a tener la misma actitud”, continuó en su discurso en una audiencia preliminar del caso.
A fines de 2019, Colón fue acusado de un nuevo robo y homicidio, de acuerdo al diario Jornada. La víctima fue una jubilada de 80 años.
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