Tras un fuerte reclamo del gobernador Gerardo Morales, las provincias de Jujuy y Salta obtuvieron un permiso judicial para distribuir 864 kilos de hojas de coca que fueron incautadas en causas vinculadas al contrabando, ante el desabastecimiento del producto de consumo cotidiano y cultural ocasionado por el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia.
El pasado 7 de mayo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pidió a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de su provincia que arbitren los medios para que se entreguen a su administración las hojas de coca que estaban secuestradas en dos causas por contrabando e importación ilegal. El reclamo lo hizo público en las redes sociales, donde además formuló el pedido a la AFIP y a la Secretaría General de la Presidencia, a fin de que se frene la quema del material incautado.
Poco después, un planteo similar fue acompañado por el gobierno de Salta, a cargo de Gustavo Sáenz.
En su solicitud por escrito, Gerardo Morales apuntó que buscaba “remediar la situación de desabastecimiento de hojas de coca destinadas al consumo personal que atraviesa la provincia”, debido al cierre de fronteras resuelto como medida preventiva por la COVID-19. Y resaltó que la hoja de coca “constituye un elemento central en la cosmovisión de los pueblos indígenas”, y que su escasez estaba produciendo “malestar social” en las comunidades, de acuerdo a un informe encargado a las licenciadas en Trabajo Social y Psicología Rita Domínguez y María Laura Cabezas.
En la misma sintonía, el ministro de Seguridad salteño, Juan Manuel Pulleiro, solicitó el 18 de mayo el mismo requerimiento y se comprometió a proceder a respetar “íntegramente la trazabilidad y transparencia de dicho proceso”. En esa clave, tanto Jujuy como Salta elaboraron protocolos sanitarios específicos para la elaboración, tratamiento y entrega de las hojas de coca durante el contexto de pandemia.
Los planteos, finalmente, tuvieron el visto bueno de la Justicia. A través de una resolución conjunta, a la que tuvo acceso Infobae, los fiscales federales Erico Zurueta y Eduardo Villalba, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, definieron habilitar la entrega de 864 kilos del producto incautado en distintos oficios.
Según los considerandos del texto, los pedidos “resultan atendibles” ante el desabastecimiento y que la escasez “traería aparejado una conculcación de prácticas ancestrales de los pueblos originarios que se han extendido a toda la sociedad jujeña y salteña”, al referirse a la práctica del coqueo.
Las dificultades en la adquisición de hojas de coca ya estaban en la agenda local de los gobiernos norteños. Morales se comprometió a realizar una entrega gratuita de las hojas de coca “a las comunidades indígenas y a los trabajadores del campo y de la construcción", siguiendo los controles sanitarios, bromatológicos y de seguridad para garantizar que las hojas de coca sean destinadas al consumo personal de los jujeños.
En la misma sintonía, el diputado nacional Jorge Rizzotti junto a otros legisladores presentó en mayo ante la Cámara de Diputados una declaración para que el Poder Ejecutivo intervenga en el abastecimiento, a raíz de los altos costos y la escasez de la oferta que se originó por el aislamiento obligatorio preventivo.
Según publicó el diario Perfil, hace dos meses el kilo de coca común en La Quiaca se obtenía por $1.800, mientras que hoy sale entre $10.000 y $12.000. En las grandes ciudades, el cuarto de kilo se compraba por un valor entre los $500 y $600, y ahora la bolsa de 100 gramos se está consiguiendo en los kioscos por 1.500 pesos.
La práctica del coqueo, de carácter ancestral, “es la base de la identidad de los pueblos indígenas, arraigada culturalmente, pero de apropiación de todas las clases pues se encuentra incorporada a la vida cotidiana", asegura la decisión firmada por los fiscales. Cuenta con propiedades que mitigan “el hambre, la sed y el cansancio físico”, según consignó uno de los reportes oficiales presentados ante la Justicia.
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