Un hombre que fue condenado en 2019 por violar a su hija de 14 años en Córdoba volverá próximamente a la cárcel, luego de que la Justicia de esa provincia decidiera revocar la prisión domiciliaria, que se le había otorgado con la excusa de que integraba el grupo de riesgo en el marco de la pandemia del coronavirus.
El sujeto había logrado acceder a ese beneficio por decisión de la jueza de Ejecución Penal de San Francisco María Teresa Garay, quien por haber tomado esa medida ahora enfrenta un juicio político en su contra, el cual debía comenzar el miércoles pasado, pero fue pospuesto.
El criminal, sentenciado a ocho años y tres meses de cárcel por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, tendrá que regresar al servicio penitenciario de San Francisco, en el departamento cordobés de San Justo, donde se encontraba alojado anteriormente.
Fue la misma jueza Garay la que resolvió el “cese de la prisión domiciliaria” que había otorgado el 23 de marzo último a favor de Alfonso Antonio Puntonet, tras considerar los informes médicos que señalaban que el agresor padece patologías como diabetes e insuficiencia cardíaca.
La revocatoria del beneficio se resolvió luego de que desde las autoridades carcelarias le comunicaran a la magistrada que el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) habilitó una carpa sanitaria en el penal, donde se alojarán a los reclusos que integran el grupo de riesgo para la COVID-19.
El 18 de febrero de 2019, en un juicio abreviado, el imputado reconoció que abusó sexualmente de su hija, que actualmente tiene 23 años, cuando ella era menor de edad. Por esta razón, fue condenado a ocho años y tres meses de cárcel.
Al tomar conocimiento de que su padre accedió a la prisión domiciliaria, a través de las redes sociales la víctima criticó severamente la medida judicial y aseguró que ella no fue consultada ni notificada al respecto, tal como exige la ley.
La legisladora provincial del espacio peronista Hacemos por Córdoba, Carolina Basualdo, presentó un pedido de Jury de Enjuiciamiento en contra de Garay, al entender que “incumplió la ley” al “vulnerar los derechos de la víctima al no ser informada” sobre la decisión de la prisión domiciliaria.
El jurado que decidirá la suerte de la jueza debía reunirse el miércoles pasado para resolver sobre la denuncia promovida en contra de la magistrada, pero los miembros de ese cuerpo decidieron posponer su tratamiento para una nueva fecha a determinar.
El hecho es uno más de tantos similares que ocurrieron en los últimos meses en diferentes partes del país: cientos de criminales fueron beneficiados en el último tiempo con la prisión domiciliaria bajo la excusa de pertenecer a los grupos de riesgo por el coronavirus.
Esta situación generó el repudio de una parte de la sociedad e incluso se organizaron cacerolazos en contra de la liberación de estos delincuentes, en algunos casos violadores, a los que se les permitió cumplir sus respectivas sentencias en domicilios particulares.
Por otra parte, la pandemia también incentivó algunos motines en cárceles del país, protagonizados por presos que también exigían acceder a la prisión domiciliaria. El caso más conocido es el que se originó en el penal de Villa Devoto, que duró varias horas y dejó algunos heridos y varios destrozos.
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