Presos en el penal de Bahía Blanca.
Presos en el penal de Bahía Blanca.

Los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires pidieron hoy que sean liberados todos los presos bonaerenses, tanto en cárceles como en comisarías, que sean considerados población de riesgo ante el posible ingreso del coronavirus a los penales provinciales. El planteo fue hecho en un habeas corpus que esta tarde ingresó a la Cámara de Casación Penal Bonaerense, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Los defensores - a cabeza de los abogados del Estado en cada uno de los 19 departamentos de la provincia- señalaron que la sobrepoblación y el mal estado de las cárceles hace que para los grupos de riesgo esas condiciones agraven severamente su cuadro en caso de contraer la enfermedad.

En la provincia hay 46.270 presos, entre sus 57 cárceles y las alcaldías, muy por encima de la capacidad establecida, más del doble en algunas unidades: el penal de Dolores, con capacidad para 330, aloja a más de 800. El Servicio Penitenciario Bonaerense, por su parte, elaboró un informe en que reveló que hay más de tres mil internos que son considerados población de riesgo. Los jueces de la provincia ya otorgaron cerca de 800 medidas de excepción como la prisión domiciliaria. En el sistema bonaerense, la población de alto riesgo incluye 644 detenidos de más de 65 años y casi 2500 enfermos con diversas patologías: 233 pacientes con tuberculosis, una enfermedad altamente infecciosa que se hace sentir hace años en penales provinciales junto con la aparición del hantavirus en las heces de roedores en cárceles como Magdalena, 476 detenidos y detenidas con HIV, 950 con neumonía, EPOC, diagnósticos de cáncer. También hay 58 madres con chicos, 20 embarazadas. En las comisarías, los detenidos son 3.994.

Los defensores pidieron que salgan de prisión para evitar que su situación se agrave ante un caso positivo: hasta ahora, el virus no llegó a las cárceles argentinas, tanto por la libertad o por la prisión domiciliaria. Pero además hicieron otros pedidos para liberar a más detenidos y registrar la entrada de otros.

Sobre esto último pidieron en su presentación “la prohibición de nuevos ingresos al sistema de toda persona que esté comprendida en los supuestos de riesgo”.

Sobre las libertades, sugirieron que se hagan extensivas a las personas presas por “delitos leves, sin que haya mediado violencia sobre las personas, o cuando la prisión cautelar ha alcanzado las dos terceras partes del mínimo de la pena del delito que se imputa” y para quiénes tengan penas menores a cinco años y ya hayan cumplido la mitad.

“Es inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo en relación a la enfermedad producida por el virus COVID- 19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires”, señala el habeas corpus de 19 paginas presentado de manera colectiva en favor de los detenidos bonaerenses.

La cárcel de Olmos
La cárcel de Olmos

En el escrito, expusieron cinco razones que justifican su planteo: el hacinamiento que hay en las prisiones impide mantener las distintas que son aconsejables por razones sanitarias; la situación de los que integran los grupos de riesgo “los colocan en posición de enfermarse gravemente, y/o con consecuencias fatales”; el deterioro de las prisiones y las comisarías impiden que estén en condiciones higiénicas; los planteles de médicos están “diezmados”; y también están en riesgo los agentes penitenciarios.

El escrito resalta que el riesgo de la llegada del coronavirus a las prisiones genera tensión entre los presos y con los agentes penitenciarios, que se suma a la que de por sí tiene una cárcel.

La medida de libertad no es novedosa. Los defensores explicaron que ya se aplicó en otros países por el contexto del coronavirus. En Estados Unidos fueron liberados todos los mayores de 60 años que estaban presos en el sistema federal. Fueron unas 10 mil personas. En España fueron liberadas ocho mil personas y en Irán 54 mil recibieron una excarcelación temporal.

Los defensores pidieron que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, de quien depende el SPB, actualice el listado de las personas presas que son grupo de riesgo ante el COVID-19.

La misma Cámara de Casación que debe resolver el planteo es la que esta semana aceptó otro para que todos los presos bonaerenses puedan usar celulares -un elemento prohibido en prisión- mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus. La medida fue tomada para que los internos puedan seguir en contacto con sus familiares porque todas las visitas fueron suspendidas.

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