Predominan los hombres reclutados en el Estado Plurinacional de Bolivia bajo el engaño de un futuro lleno de prosperidad. Esa ilusión rápidamente se desvanece: terminarán endeudados por los costos del traslado, hacinados y explotados. La parada final de acogida serán los sombríos talleres textiles clandestinos del conurbano bonaerense, con condiciones de vida insalubres. Allí a muchos les retendrán los documentos y parte de su paga en sus extenuantes jornadas laborales.

Les darán a cambio 15 minutos para el almuerzo o vales para alimentarse en locales aledaños, siempre con la anuencia previa de los dueños o regentes del taller. Una salida inconsulta será castigada, muchas veces con violencia. En su extrema vulnerabilidad y sumisión, acatarán con ritmo febril la directiva de cortar, confeccionar y planchar indumentaria a la que generalmente le coserán marcas adulteradas. Para algunos esa pesadilla supone una mejora en sus condiciones de vida de origen, aún más deplorables. Para otros implica la capitulación de sus derechos laborales. Con resignación o consentimiento o incluso con todos los matices que caben en esos extremos ellos son según la ley víctimas del lucro de terceros.

En el complejo —y heterogéneo— universo de las víctimas de trata en Argentina, la explotación laboral casi triplicó en 2018 a la explotación sexual. Mientras 173 víctimas del comercio sexual fueron rescatadas en su mayoría de departamentos privados de la ciudad de Buenos Aires, otras 545 personas fueron liberadas de talleres clandestinos, fábricas y fincas agrícolas, principalmente en la provincia de Buenos Aires.

La foto del año que se fue muestra que al iniciarse las causas judiciales por trata a partir de allanamientos un 58 % de las víctimas explotadas en lo laboral son de nacionalidad boliviana, seguidas por un 33 % de argentinos oriundos del NOA y un 6 % de ciudadanos paraguayos. De ese universo, el 71 % es hallado en talleres textiles, casi un 5 % en fábricas y el resto en fincas agrícolas ubicadas en su mayoría en la provincia de Buenos Aires.

Así lo consigna un informe de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) del Ministerio de Seguridad que participa junto a otros organismos como la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y especialistas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PNR) de los numerosos allanamientos. Bajo el mandato judicial, la DNI realiza las pesquisas de investigación criminal para prevenir y desbaratar a esas organizaciones.

De acuerdo con esas estadísticas, las 718 víctimas rescatadas en todo el país en 2018 representan un número ostensiblemente menor al de 2017 cuando fueron rescatadas 1338 personas. Así la prevalencia de la explotación laboral por sobre la sexual se mantiene y hasta se dispara: mientras 252 personas fueron presuntamente explotadas sexualmente ese mismo año, otras 1086 resultaron sometidas en lo laboral.

Para Rodrigo Bonini, titular de la DNI de la Secretaría de Seguridad que conduce Eugenio Burzaco, el menor número de rescates de un año a otro de potenciales víctimas (ya que será la Justicia con el material probatorio reunido la que dictaminará si fueron víctimas de trata u de otros delitos conexos) muestra una reducción en la oferta de la explotación. En parte, afirma, gracias a la efectividad con la que el Estado viene combatiendo esos delitos desde la sanción en 2008 de la Ley 26.364 de Trata y su modificación en 2012 (Ley 26.842).

"No se puede hablar de trata cero porque la operatoria de esos clanes criminales siempre va a existir", dice Bonini a Infobae. "Pero hoy podemos afirmar que hay menor cantidad de oferta de comercio sexual y se redujo el negocio de la explotación laboral gracias al fortísimo trabajo conjunto para combatir esos ilícitos".

Bonini habla de una drástica baja delictual y señala: "Los locales nocturnos en CABA para el negocio de la prostitución fueron completamente erradicados. No queda uno. Y en cuanto a los talleres clandestinos y fincas agrícolas en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, se los viene combatiendo no solo con inteligencia criminal, también de forma conjunta con Migraciones, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Justicia, la PROTEX y organizaciones de la sociedad civil que participan de los operativos".

Según el informe de la DNI, en los tres años de la gestión de Cambiemos hubo 1117 allanamientos para combatir la trata, 632 detenidos y un total de 2681 potenciales víctimas rescatadas en las 24 provincias. En esa foto siempre el número de víctimas de explotación laboral superó ampliamente al de la explotación sexual.

La deuda pendiente: la sistematización de criterios estadísticos

Los guarismos del Ministerio de Seguridad, sin embargo, al relevar el número de operativos con las personas identificadas, independientemente del avance o desenlace de las causas judiciales que las involucran, terminan cimentando una radiografía de la trata que puede resultar parcial o sesgada.

De hecho, una de las insistentes recomendaciones de las Naciones Unidas ha sido que el país sistematice un método estadístico eficaz para cuantificar ese delito. Los datos tanto de la Protex, basados en las condenas judiciales, como los del Ministerio de Justicia, que mide la asistencia a las víctimas a través del Programa Nacional de Rescate (PNR) incluidos los del Ministerio de Seguridad, focalizados en los operativos, son naturalmente divergentes y a veces hasta contradictorios para hilvanar una foto nítida de trata. Por ejemplo: según el PNR las víctimas de Trata en 2018 triplicaron a las consignadas por la DNI y sumaron 1495 personas. Ello se debe, explicaron voceros de la cartera de Justicia, a que la asistencia a las víctimas no sólo se realiza tras la irrupción de los operativos sino que también se despliega esa misma asistencia a pedido de los tribunales mientras investigan delitos conexos y surgen otras posibles víctimas.

"Estamos trabajando desde el Consejo Federal de Trata de Personas en una subcomisión estadística que intenta armonizar todos los números para que sean más entendibles", explicó a Infobae la fiscal federal Alejandra Mángano, cotitular de la Protex junto a Marcelo Colombo.

En relación a la prevalencia de la explotación laboral por sobre la sexual, la fiscal describió: "En cada caso de explotación sexual las víctimas puede ser de dos hasta 36 mujeres. Es un delito más acotado. En cambio, en la trata laboral puede haber un campo con cientos de trabajadores".

El mes pasado, Mángano presentó un informe estadístico de la Protex sobre trata en la última década. Se relevaron las 271 sentencias judiciales dictadas desde la sanción de la ley que también dispuso la creación de esa fiscalía especializada. Ese panorama retrospectivo exhibe que en los últimos diez años hubo un total de 1204 víctimas de trata: un 77 % fueron por explotación sexual, mientras que casi el 20 % fue de índole laboral, con otro 3, 2 % no especificado.

Siempre demanda tiempo bajar un delito y más cuando las políticas públicas y la clara decisión política y legislativa de combatirlo tiene relativamente poco margen temporal, dice Bonini. Pero como exfuncionario de la Agencia Gubernamental de Control en la Ciudad ha visto cómo el comercio sexual ha ido decreciendo, afirma.

Ante ese panorama, la cifra hoy incuestionable la aporta la Protex con la cantidad de condenados por trata. En una década han sido 564 personas condenadas que sometieron a un total de 1204 víctimas, en su mayoría por explotación sexual.