El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky ordenó el procesamiento de 53 personas físicas y jurídicas en el marco de la causa de la mafia de los contenedores, proceso que investiga el contrabando de 532 contenedores que salieron a plaza y de 39 en situación de rezago en una operatoria hecha por una organización que respondía a los hermanos Miguel, Diego y Alejandro Paolantonio.
El magistrado, con la ayuda de la fiscalía 6 y de la PROCELAC, logró constatar que en los 39 contenedores en situación de rezago existían grandes diferencias en cantidad, calidad y especie entre lo declarado y lo que en realidad contenían.
Para llevar adelante estas maniobras la banda de los Paolantonio utilizaba sociedades "pantalla" sin capacidad económica ni operativa con el fin de mantener oculto al verdadero dueño de las mercaderías. Los integrantes de estas empresas eran personas de bajos recursos y pertenecientes a un mismo entorno familiar que se iban alternando como administradores de las sociedades. Según se pudo comprobar durante la investigación, muchos de ellos son beneficiarios de planes sociales de la ANSES.
La organización contaba con un grupo de reclutadores que se encargaba de buscar y convencer a las personas que luego cumplirían la función de testaferros en las sociedades "pantalla".
Para constatar la diferencia de peso de los contenedores que salieron a plaza se utilizó un archivo electrónico denominado BAPLIE, a través del cual los agentes marítimos intercambian información relacionada con la logística de cargas, indicando peso y ubicación de los contenedores en el buque.
Este documento, que es una prueba fiel e inalterable, fue usado por el juez Aguinsky para constatar el peso real de los contenedores permitiendo determinar las diferencias con la mercadería declarada. Usando este recurso se pudo comprobar que en las 571 operaciones investigadas la organización delictiva habría evitado declarar más de 7.800 toneladas de mercadería.
Estas maniobras habrían contado con la connivencia de funcionarios aduaneros que intervinieron en las verificaciones obligatorias de las mercaderías.
Durante la investigación, Aguinsky ordenó casi 150 allanamientos en los que se secuestró material informático con los correos electrónicos enviados por agentes de comercio exterior imputados en la causa, en los que explicarían la maniobra del millonario contrabando.
En esta causa hay 60 personas físicas y jurídicas imputadas de las cuales 53 han sido procesadas por el juez Marcelo Aguinsky quien además ordenó trabar embargos por 131 mil millones de pesos.
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