Millonaria estafa inmobiliaria en Santa Fe: muertos "vendieron" propiedades y campos por 1.000 millones de pesos

Tres abogados, un escribano, un médico, un contador y un gestor. Así estaba conformada la cúpula de una megaorganización criminal santafesina dedicada a llevar adelante estafas inmobiliarias y que fue desarticulada este miércoles por la justicia de esa provincia tras una larga investigación. Están acusados de quedarse con al menos 32 propiedades y cuatro campos que abarcan un total de mil hectáreas. Todas le reportaron a la banda una ganancia de unos 1.000 millones de pesos.

"La operación tenía por objetivo apropiarse de bienes rurales o urbanos cuyos titulares catastrales no vivían o eran de avanzada edad", informó Matías Merlo, fiscal  de la Unidad de Delitos Complejos del MPA de Venado Tuerto, ciudad que sirvió como centro de operaciones de la organización. En total fueron 14 personas las detenidas, tras una serie de 18 allanamientos realizados en varios lugares: Armstrong, Las Rosas, Rosario, Villa Cañás, la ciudad de Buenos Aires, La Plata y la ya mencionada Venado Tuerto. Además de los profesionales que integraban el grupo, arrestaron a empleados y "prestanombres".

Según explicó el funcionario judicial, la banda se caracterizaba por un método "muy sofisticado". Buscaban inmuebles de personas fallecidas sin herederos o de ancianos radicados en el exterior, y hacían una escritura falsa o un poder autorizando a un tercero y lo transferían.  "Hacían firmar hasta a los muertos", aseguró el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza.

La investigación comenzó en diciembre del año pasado luego de que cinco operaciones donde constaba la firma de personas muertas despertó sospechas en el Registro de la Propiedad de Santa Fe y a la justicia local. A esto se sumaron otras presentaciones particulares ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los investigadores no descartaron que el grupo podría haber estado actuando desde hace cinco o seis años y que sean más los inmuebles apropiados. "En diciembre de 2017 se hicieron varios allanamientos en los que se secuestró importante material probatorio y se determinó que los inmuebles involucrados en estas presuntas estafas eran más de 10", agregó el fiscal.

"El trabajo conjunto de la Fiscalía y PDI logró recabar pruebas y testimonios que permitieron determinar la posible figura de asociación ilícita. Todas las operaciones eran encabezadas por un profesional de la ciudad que a su vez tenía otro contacto que repetían el mecanismo", prosiguió el funcionario. En ese sentido, destacó que este tipo de causas "son delitos de guantes blancos" y que "esta es la verdadera megaestafa inmobiliaria de la provincia de Santa Fe".

"Esta no fue una típica organización criminal a la que todos estamos acostumbrados, sino algo mucho más sofisticado donde conviven abogados, escribanos, contadores, médicos, prestanombres. Y creo que es lo que tenemos que atacar, muchas veces el peso de la ley cae sobre los ladrones de bicicleta y no en este tipo de casos. Acá había una organización ilícita y criminal en el tiempo donde era necesario que el hecho no quedara impune", agregó.

Por lo pronto, las autoridades anunciaron que evaluarán las condiciones de las propiedades y determinará si alguien puede reclamarlas. De lo contrario serán derivadas a la Agencia de Bienes Decomisados.