Falsos policías al acecho: buscan combatir a los delincuentes que se disfrazan de oficiales para robar

Los delitos cometidos por falsos policías son una modalidad utilizada por bandas mafiosas que a la vista de la gran cantidad de casos detectados en los últimos meses, parece haberse instalado.

Sin dudarlo, el ciudadano de bien se detiene en un control policial cuando desde un retén un uniformado hace señas de stop. Lo mismo les ocurre a los camioneros en una ruta. También se paralizan quienes ven la puerta de su casa derribada al grito de "¡Alto, policía!". Ni que hablar cuando forajidos armados y vestidos como colegas ingresan a una comisaría con el objetivo de liberar a un compinche.

Para que esto ocurra, los malvivientes necesitan asemejarse lo más posible a los hombres de ley. La vestimenta es fundamental, es imprescindible que los uniformes sean lo más parecido, sino iguales, a los que utilizan los agentes en actividad.

Hay causas judiciales, como las que llevan adelante jueces como Ricardo Alí, en La Matanza, o Jorge Rodríguez, en Morón; en las que se investiga en qué comercio los asaltantes compraron pantalones, chaquetillas, insignias, chalecos y hasta gorras para hacerse pasar, por ejemplo, por policías bonaerenses (aunque también se encontraron ropas de organismos federales de seguridad).

Sin ir más lejos, el pasado viernes 27 de julio, fueron detenidos dos falsos policías que se dedicaban a robar comercios en la Zona Oeste del Conurbano Bonaerense. Durante los allanamientos que realizaron los hombres al mando del comisario general Daniel García, a cargo de la Superintendencia de Seguridad AMBA Oeste, secuestraron siete armas de fuego (un Fusil R 15 con numeración suprimida, dos Pistolas Glock Cal. 9mm, dos carabinas calibres 7.65 y 22 serie suprimida, y dos revólveres calibres 357 y 22).
También incautaron un Handy con frecuencia policial, una chapa pecho similar a la de las fuerzas de seguridad, dos gorras con inscripción de la Policía, parte de uniformes policiales y un juego de esposas.

Según el expediente que tramita en la UFI N° 7 del Departamento Judicial de San Martín, los dos delincuentes de nacionalidad peruana detenidos se hacían pasar por policías para no ser detectados cuando realizaban los trabajos de inteligencia previos a los robos. El último de ellos ocurrió en una heladería ubicada en San Martín al 480, donde resultó víctima una mujer de 28 años.

Fue la misma comerciante quien había declarado haber visto al menos a "un policía provincial" en la esquina de su negocio durante varios días. Hasta ahora estaba convencida que el oficial estaba brindando seguridad en el barrio, y no lo contrario.

Ese mismo día, pero en San Pedro, una banda de piratas del asfalto, vestidos de policías robaron la carga completa de un camión que trasportaba productos comestibles en el kilómetro 165 de la Ruta Nacional 9.

Los cuatro delincuentes que encañonaron al desprevenido chofer, habían bajado de un auto Vento color champaña vestidos de la cabeza a los pies de agentes del orden. Al menos otros dos casos ocurrieron en la zona, uno de ellos fue contra un productor batatero a quien un grupo de malvivientes, vestidos de policías provinciales lo interceptó sobre el ingreso a Ríos Tala y le robaron la recaudación que llevaba.

Una semana atrás, La Bonaerense desarticuló a otra banda criminal integrada por ocho hombres y una mujer que azotaba a la zona de Garín, en el partido de Escobar, también vestidos de policías.

En los ocho allanamientos que realizó la Coordinadora de Investigaciones (CDI) Zárate – Campana, se secuestraron uniformes policiales, un chaleco transporte, municiones y pistoleras. Como en otros casos, aquí también la ropa no había sido confeccionada en un taller clandestino montado al efecto, sino que eran idénticos a los utilizados por los policías de verdad.
Y así se pueden seguir sumando hechos.

Uniformes con trazabilidad

Para intentar evitar esta compra de vestimenta por parte de las bandas de narcos, piratas del asfalto y ladrones de viviendas en los lugares autorizados para adquirirlos, el diputado provincial Matías Ranzini, ligado políticamente al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de ley que busca "terminar con el delito cometido por falsos policías", según su propia definición realizada a Infobae.

"Es muy importante que empecemos a discutir un mercado que hoy es de libre acceso a los delincuentes, y empezar a tener un control como se tiene con otras herramientas de la fuerza policial, como por ejemplo el armamento", opinó el titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados bonaerense.

Aunque parezca extraño esta es la primera vez que se aborda esta problemática desde la actividad legislativa. El espíritu de la ley es crear un registro de comerciantes de uniformes, insignias, distintivos, y demás elementos propios de la fuerza.

En su primer artículo se destaca que la autoridad de aplicación será el propio Ministerio de Seguridad y que estará bajo su órbita "el Registro Provincial de Personas Físicas y/o Jurídicas autorizadas a comercializar uniformes, distintivos e insignias oficiales y/o similares pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo se establece que "cada uniforme vendido en los comercios habilitados, a miembros de la policía, cuente con un código QR que permite identificar a su legítimo propietario, lo cual tiene una especial importancia en el supuesto de ser hallado en la escena de un delito".

El denominado "QR" o similar es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los datos no solo del comercio dónde se vendió el uniforme, sino también el nombre y apellido del policía comprador, su número de legajo, grupo sanguíneo, y fecha de adquisición del uniforme. Algo así como la trazabilidad de los medicamentos.

Esta sería una forma de desalentar la compra de la vestimenta oficial por parte de los delincuentes.

A esta altura del relato, y de la complejidad del tema, vale preguntarse, y responderse, por qué razón se venden los uniformes de las fuerzas de seguridad.

Al menos para la policía de la provincia de Buenos Aires, la contestación es la siguiente: el primer uniforme del policía recién recibido se lo entrega el ministerio de Seguridad. A partir de ese momento los agentes comienzan a percibir un "ítem" en el salario destinado para "renovar" el uniforme, insignias y calzado.

Es decir, el Estado se hace cargo de un único uniforme, el resto corre por cuenta del efectivo que se debería ver obligado a "ahorrar" esos pesos mensuales para adquirir los siguientes. Como hasta ahora no existe una normativa de regulación sobre el tema, la "pilcha" policíaca puede ser comercializada en cualquier lugar y sin ningún tipo de control.

Por este "descontrol", el propio ministerio de Seguridad llegó a detectar que bandas de traficantes, por ejemplo, hasta llegaron a comprar uniformes nuevos en ferias vecinales, donde identificaciones, insignias, camperas y gorras de policías eran ofrecidas junto a latas de conservas, yerba, queso y canarios enjaulados.

Si es conveniente o no que esta modalidad continúe debería ser tema para otro debate. Por el momento el proyecto de ley de Ranzini prevé "establecer fuertes sanciones pecuniarias, además de la posibilidad de clausura definitiva del establecimiento, para desalentar la venta de estos elementos por canales de comercialización no inscriptos en el Registro creado, es decir, fuera de control estatal ejercido por la Autoridad de Aplicación".

De ser aprobada la normativa establece que "los comercios habilitados deberán registrar los datos de las personas que adquieran uniformes, distintivos e insignias oficiales y/o similares de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para ser entregados a la Autoridad de Aplicación y adosar en el caso del uniforme, un código QR" con los datos que se detallaron antes.

A la luz de los acontecimientos diarios es evidente que las autoridades, y los legisladores, deben hacer algo de manera urgente para que los mafiosos no salgan a robar a vestidos con uniformes oficiales aprovechándose, como dice Ranzini, "de la autoridad que impone, a los ciudadanos, el uniforme policial".