Un fiscal de Justicia Legítima pretende apartar a todos los jueces de Casación en una causa contra Julio De Vido

El fiscal Javier De Luca recusó a todos los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal en una causa en la que está imputado el ex ministro de Planificación y diputado nacional del Frente para la Victoria Julio De Vido por defraudación contra la administración pública. En ese expediente se investiga la responsabilidad de De Vido y otros ex funcionarios kirchneristas en la asignación de subsidios a empresas de transporte por montos mayores a los que hubiera correspondido.

De Luca recusó a todos los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal luego de tomar conocimiento de que la camarista Ana María Figueroa había sido apartada -por pedido de la Oficina Anticorrupción- de la Sala interviniente en la causa en la que está siendo investigado De Vido.

Figueroa fue desplazada por la vinculación que tendría con una causa en la que también está siendo investigado el ex ministro de Planificación para determinar si hubo ofrecimiento de dádivas o cohecho. Según la denuncia que dió inicio a este último proceso, De Vido habría enviado equipos de computación a la Cámara Federal de Casación Penal con la supuesta finalidad de obtener a cambio fallos favorables en las causas penales que lo tienen como imputado.

El fiscal de Justicia Legítima Javier de Luca sostuvo -pese a que los equipos de computación fueron enviados a través de la jueza Figueroa- que como las destinatarias eran dos salas por las que pasaron todos los miembros de la Cámara de Casación, la denuncia abarca a la totalidad de los integrantes del tribunal. Por lo tanto, todos los miembros de la Casación deben ser apartados de la causa por dádivas contra De Vido.

Por tal motivo, De Luca recusó a los jueces Eduardo Riggi, Luliana Catucci, Ángela Ledesma, Alejandro Slokar, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky; y pidió que sean apartados del expediente en el que está imputado el ex Ministro de Planificación por la entrega de los equipos de computación a Figueroa.

En caso de ser aceptado el criterio planteado por De Luca, constituiría un antecedente grave ya que se haría extensivo a todas las causas análogas. De esta manera, con recusar a un juez se podrían apartar a todos, de ahí la importancia establecer los criterios de unidad y jerarquía con los debe actuar el Ministerio Público Fiscal a fin de evitar que se produzcan disparates jurídicos como el que propone De Luca.

No es la primera vez que De Luca emite un dictamen polémico. En dos oportunidades pidió desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Elisabet Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, mientras que en el inicio del escándalo Ciccone, dictaminó a favor del ex vicepresidente Amado Boudou al considerar que no se había cometido ningún delito. Casación no aceptó su criterio, la causa siguió su trámite, y Boudou espera tras las rejas que el caso sea elevado a juicio.

En otra oportunidad, pidió que se bajen las penas a dos prefectos que transportaban 91 kilos de marihuana, el equivalente a un millón y medio de dosis, algo que ni siquiera los defensores habían pedido. No es la única opinión de De Luca a favor de narcos: pidió que liberaran a un hombre que la Gendarmería había detenido en Rosario con gran cantidad de marihuana en su automóvil y que había sido condenado a 9 años de cárcel porque consideraba que en un Estado constitucional un ciudadano no debería ser sometido a preguntas de las autoridades, y mucho menos se podría revisar las mercancías que lleva en el auto. También pidió que le redujeran la pena a un narco que había sido condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba bajo el argumento de que la pena era desproporcionada porque no pertenecía a una organización, era pobre, padre de cinco hijos y sin antecedentes.

El dirigente de Justicia Legítima volvió a dictaminar en otra ocasión en favor de un hombre que había sido detenido con 5 kilos de marihuana. Esa vez, opinó que la policía no tenía derecho a demorarlo para identificarlo. En otra causa, sostuvo que es inhumano exigirle a la novia de un preso que no le lleve droga a la cárcel a su pareja y consideró que 28 "porros" es "casi nada".

El historial del fiscal De Luca incluye un dictamen en el que pidió rebajar la pena a un violador serial. Lo llamativo es que "copió" los argumentos de la defensa y argumentó que la pena de 50 años que había recibido el delincuente que había violado, secuestrado y robado a 8 mujeres era cruel, inhumana y atentaba contra la función resocializadora que debería tener.