
El Gobierno nacional creó el Programa Formando Capital Humano, que brindará formación profesional de personas que tienen dificultades para incertarse en el mundo laboral y apuesta a mejorar la empleabilidad en el país.
La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 295/2026 en el Boletín Oficial.
De acuerdo con lo dispuesto, el plan ofrece cursos de formación laboral y profesional acordes a los requerimientos de los distintos sectores económicos. El objetivo es que los beneficiarios puedan incrementar sus oportunidades de inserción en el mercado formal, mejorar su situación de empleo actual o avanzar en el desarrollo de proyectos ocupacionales propios. La medida también enfatiza la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público y privado, priorizando la transparencia y la equidad en el acceso a las herramientas de capacitación.
El programa está dirigido a personas con problemáticas de empleo, consideradas entre los grupos con mayores barreras para integrarse al empleo formal o mejorar su posición en el mercado laboral. Según los lineamientos generales aprobados, los destinatarios podrán acceder a una oferta variada de cursos y trayectos formativos, priorizando aquellos que respondan a las demandas concretas de la estructura productiva nacional.
Una de las características centrales del programa es el uso de un sistema de vouchers, que permite a los beneficiarios elegir la capacitación más adecuada a sus necesidades y gestionar de manera directa su participación. Este mecanismo busca eliminar la intermediación y reducir la discrecionalidad en la asignación de recursos, promoviendo un modelo de financiamiento de la demanda. La instrumentación de los vouchers apunta a generar mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los fondos públicos destinados a la formación laboral.

De esta manera, el Ministerio de Capital Humano será el encargado de coordinar la oferta formativa, articulando con instituciones educativas, asociaciones de trabajadores, empleadores y organizaciones de la sociedad civil. La medida prevé, además, la integración de acciones desarrolladas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de lograr una gestión unificada y descentralizada de los recursos y programas.
La puesta en marcha del Programa responde al diagnóstico de que la evolución tecnológica y productiva genera tanto oportunidades como desafíos en materia de empleo. Sectores como la automatización, la digitalización, las energías renovables y la industria 4.0 demandan perfiles con competencias técnicas específicas y habilidades adaptadas a procesos de innovación.
El programa reconoce que la falta de oferta formativa adecuada, la escasa actualización tecnológica y la baja incorporación de competencias blandas han dificultado la cobertura de vacantes en áreas clave de la infraestructura productiva y los servicios esenciales. Por ello, la política pública orienta sus esfuerzos a fortalecer el capital humano, proporcionando herramientas para mejorar la productividad y la equidad en la distribución de oportunidades laborales.
El gasto que demande la implementación del programa será atendido con cargo a las partidas presupuestarias del Ministerio de Capital Humano, asegurando la continuidad y sustentabilidad de las acciones propuestas. La medida entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y será comunicada a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su correspondiente registro y archivo.
La gestión y supervisión de la política estará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que asistirá al ministerio en la formulación, diseño e implementación de las acciones. El programa contempla la cooperación con provincias y municipios, así como la articulación con políticas y programas de empleo a nivel nacional, regional e internacional.
El lanzamiento de este Programa refleja la decisión de abordar de manera integral los desafíos de empleabilidad, productividad y desarrollo de capacidades laborales en el país. El modelo adoptado prioriza la transparencia, la descentralización y la orientación de los recursos públicos hacia quienes enfrentan mayores dificultades para insertarse o progresar en el mercado de trabajo formal.
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