El gobierno porteño detectó deudores alimentarios en los partidos de Boca, River y San Lorenzo este fin de semana

En los últimos meses, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha intensificado los controles en espectáculos deportivos y culturales, logrando detectar a más de 100 deudores alimentarios morosos en menos de un año. Este fin de semana, la política de restricción de ingreso a personas inscriptas en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) volvió a ponerse en práctica en estadios emblemáticos de la capital. Tres personas fueron identificadas en el partido entre Boca y Racing, mientras que otras dos resultaron detectadas durante los encuentros de San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto y Vélez-River. Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida por las autoridades porteñas para garantizar que quienes adeudan la cuota alimentaria no puedan acceder a actividades recreativas hasta cumplir con sus obligaciones legales.

La cifra total de personas restringidas ya asciende a 102 desde el inicio de los operativos en marzo del año pasado, tras la modificación de la Ley Nº 269 mediante la sanción de la Ley Nº 6.771 por la Legislatura de la Ciudad. En apenas dos semanas, se impidió el acceso a quince individuos en distintos eventos masivos, consolidando la iniciativa como una herramienta firme para promover el cumplimiento de los deberes parentales. La medida, que abarca tanto recitales como partidos de fútbol, se aplica en colaboración entre los Ministerios de Justicia y Seguridad porteños. El objetivo declarado es fortalecer el derecho alimentario de niños y adolescentes, priorizando el bienestar de los menores por encima del disfrute de espectáculos públicos.

Quienes figuran en el RPAM no pueden volver a ingresar a estadios o eventos culturales de gran convocatoria hasta que regularicen su situación ante la Justicia. Esta restricción responde a la convicción de que las actividades recreativas deben quedar en segundo plano frente a la responsabilidad de garantizar el sustento de los hijos. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, remarcó en declaraciones oficiales: “En la Ciudad las obligaciones se cumplen sin excepción. Y los chicos y adolescentes están en el centro de nuestras prioridades”. Además, Tapia subrayó que los operativos permiten visibilizar la problemática y estimular que los deudores regularicen su situación: “Lo que buscamos es que quien adeuda la cuota alimentaria, cumpla con esa obligación antes de destinar recursos a actividades recreativas”.

Los controles abarcan no solo el ámbito futbolístico, con presencia en partidos de la Liga Profesional, la Copa Argentina y las Eliminatorias del Mundial de 2026, sino también espectáculos internacionales y nacionales de gran convocatoria. Durante el último año, las inspecciones se extendieron a recitales de artistas como Bad Bunny, Los Piojos, Lali Espósito, Guns N’ Roses, Don Osvaldo, Linkin Park, Dua Lipa y Oasis, así como al encuentro internacional entre Los Pumas y All Blacks. En total, se realizaron 119 operativos, siempre con la consigna de impedir el ingreso a quienes figuran en el registro de deudores alimentarios.

La política va más allá del control en eventos. El Ministerio de Justicia de la Ciudad impulsó una estrategia de articulación con otras jurisdicciones, organizando el Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios Morosos en la Universidad de Buenos Aires. Funcionarios y representantes judiciales de 16 provincias participaron de la reunión, donde se acordó avanzar en la conformación de una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos. Este esfuerzo conjunto busca unificar criterios y facilitar el intercambio de información entre distritos, con el propósito de que la restricción de acceso a espectáculos se aplique en distintas regiones del país.

El subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, destacó: “Los operativos no solo permiten aplicar la normativa vigente, sino también reforzar la conciencia social acerca de que la obligación alimentaria no es optativa, sino un derecho esencial de niñas, niños y adolescentes”. El trabajo del RPAM ha hecho posible que muchas personas accedan por primera vez a información sobre su situación judicial o inicien trámites pendientes, generando un impacto concreto en la regularización de obligaciones alimentarias.

Además de los controles en eventos masivos, la política de la Ciudad de Buenos Aires contempla acciones de prevención y difusión para sensibilizar a la sociedad sobre el derecho de los menores a recibir la manutención que les corresponde. La articulación entre organismos públicos y la participación de la sociedad civil se consideran fundamentales para consolidar una cultura de cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias.

En paralelo, el impacto de la medida se refleja en otras jurisdicciones. Recientemente, un fallo judicial prohibió la entrada de un hombre a un casino de Bariloche por no pagar la cuota alimentaria, decisión que se suma a las restricciones implementadas en la capital y evidencia la expansión del enfoque restrictivo a nivel nacional. La judicialización y la sanción social se convierten así en instrumentos complementarios para estimular el cumplimiento de los deberes parentales.