A cinco años de la legalización del aborto: una marea de pañuelos verdes en las calles y el fantasma del rechazo del Congreso

En 2018 los argentinos vieron cómo “La marea verde” se desperdigaba por las calles de todo el país. El color verde era el de la campaña por la despenalización del aborto: mujeres de diferentes generaciones se manifestaron para conseguir cambiar la legislación. Faltaban dos años para que se consiguiera marcar un hito en la lucha de los derechos sociales: en diciembre de 2020, hace cinco años, se aprobó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde entonces el aborto es legal en la Argentina.

Para entender el derrotero de los reclamos tal vez convenga retrotraerse a 2015, cuando un grupo de periodistas lanzó una convocatoria para protestar por la violencia contra las mujeres: se llamó “Ni Una Menos” y fue uno de los impulsos que las nuevas generaciones tuvieron para salir a las calles. Aquel movimiento repercutió mucho tanto dentro como fuera del país.

La lucha de las mujeres por la ampliación de derechos en la Argentina tiene una amplia tradición que se mantuvo durante el siglo XX y el XXI. Por citar tan solo un par de hitos se puede recordar la realización en Buenos Aires el Primer Congreso Femenino Internacional en 1910. Entre sus organizadoras estuvieron, entre otras, Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Elvira Rawson y Alicia Moreau. Las demandas principales del movimiento feminista de la época son el voto femenino, los derechos políticos y sindicales de las mujeres, la igualdad de condiciones laborales y la ley de divorcio.

Otro hecho a resaltar es el ocurrido en 2005, activistas feministas crearon durante los Encuentros Nacionales de Mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es- según explica la web de la organización- una alianza federal amplia de organizaciones y personas lanzada el 28 de mayo de 2005 con el objetivo central de bregar por la legalización del aborto voluntario en Argentina y, más ampliamente, por los derechos sexuales y reproductivos bajo el triple lema ´educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir´ y una consigna permanente: Estado Laico. Su símbolo es un pañuelo verde que ha trascendido las fronteras de Argentina y ha sido tomado por activistas por el derecho al aborto en la región y en el mundo".

“La Campaña se formó en base a grupos preexistentes y tuvo sus simientes en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003 – donde por primera vez se usaron los pañuelos verdes – y en el XIX ENM desarrollado en Mendoza en el 2004. En décadas de lucha feminista la Campaña con el activismo de múltiples y variadas organizaciones feministas, del colectivo LGBTIQ+, políticas, sindicales, de derechos humanos, de profesionales, científicas, académicas, de redes campesinas, comunitarias, de comunicadorxs y artistas logró poner en debate en el seno de la sociedad la realidad de la práctica del aborto, la muerte de mujeres y personas gestantes por abortos clandestinos, las maternidades forzadas en niñas, los mitos, prejuicios e hipocresías en torno al aborto y a la sexualidad en general. Así se instaló en la agenda política la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos”, explicó. Fue la Campaña la organización que presentó ocho veces un proyecto en el Congreso para legalizar el aborto. Pero nunca prosperó.

Para valorar la lucha de las mujeres por sus derechos, entre ellos el del aborto, es conveniente mostrar qué decían las leyes y las disposiciones anteriores relacionadas con esa problemática.

El recorrido legal comenzó en 1886 con el primer Código Penal argentino, que castigaba absolutamente todos los casos de aborto con penas de hasta tres años de prisión.

Recién en 1903, una reforma introdujo la primera excepción al declarar no punible la tentativa de aborto. Posteriormente, con la segunda reforma del Código Penal realizada en 1921, se estableció que no serían punibles los abortos realizados para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fuera producto de una violación o de “un atentado contra el pudor cometido” contra una mujer con discapacidad mental.

En 1968, bajo la dictadura denominada Revolución Argentina, entra en vigencia el Decreto Ley Nº 17.567, que establece un marco más restrictivo para la no penalización del aborto, limitándose a casos en los que el peligro para la salud de la persona gestante es grave o en casos de violación, siempre que estuvieran judicializados.

Cinco años más tarde, en 1973, con el fin de esa dictadura, se sanciona la Ley Nº 20.509 que deja sin efecto todas aquellas modificaciones al Código Penal que no hayan emanado del Congreso Nacional. Así, vuelve a aplicarse el marco legal de 1921.

En febrero de 1974, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, lanzó el Decreto n.º 659 que prohibió la anticoncepción en el territorio argentino. La justificación fue demográfica, argumentando que el país contaba con una baja densidad poblacional.

En 1976, durante la dictadura conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, se restablecieron los lineamientos de 1968 mediante el Decreto Ley Nº 21.338.

La restauración democrática en 1984 trajo consigo la Ley Nº 23.077, que devolvió el marco legal a lo dispuesto en el Código Penal de 1921, restableciendo los casos de no punibilidad definidos entonces y que siguieron vigentes hasta la sanción de la ley en 2020.

En 2012, la Corte Suprema e Justicia de la Nación se pronunció a través del fallo “F.A.L.”, aclarando que toda mujer violada, independientemente de su condición mental (“normales o insanas” decia el fallo), podía acceder a la interrupción del embarazo sin autorización judicial previa ni riesgo de sanción penal para el médico actuante. El fallo indicó que solo se requería una declaración jurada que dejara constancia del aberrante delito padecido. Fue un avance.

El Ministerio de Salud de la Nación publicó en 2015 el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE), recogiendo los criterios del fallo “F.A.L.” y ampliando el concepto de salud para incluir aspectos físicos, psíquicos y sociales, además de precisar que el peligro para la salud podía ser potencial.

Se llegó entonces a 2018. Año de la “Marea verde”. El 14 de junio 2018, la Cámara de Diputados dio su aprobación a la legalización del aborto libre en hospitales públicos con 129 votos a favor, 125 votos en contra y una abstención. Aquel año la obstrucción ocurrió en el Senado donde hubo 38 votos en contra y 31 a favor de la ley. Los senadores rechazaron alternativas a la ley como la reducción del plazo para abortar (de 14 semanas a 12 semanas) o la posibilidad de objeción por conciencia. Fue el Senado el que dio por tierra con la aspiración de buena parte de la sociedad. El conservadurismo, la presión de la Iglesia Católica (por entonces el Papa era Francisco) fueron algunos de los argumentos que se esgrimieron para explicar la derrota legislativa. Fue la vez que estuvo más cerca de conseguirse la despenalización.

En noviembre de 2020 el entonces presidente Alberto Fernández, presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto. Era la primera vez que el Poder Ejecutivo llevaba adelante esa iniciativa. Cumplía con una promesa de campaña.

Cuando se discutía la aprobación de la ILE en 2020 circulaban cifras difundidas por organizaciones feministas que señalaban que desde 1983, desde que se reestableció la Democracia en Argentina, más de 3.000 mujeres habían muerto por una interrupción de embarazo clandestina. A ese número se le agregaba otro, también espeluznante: cada año se hospitalizaban aproximadamente a 40.000 mujeres porque sufren complicaciones por los intentos de aborto que se realizaban en condiciones de higiene y seguridad desaconsejados para cualquier práctica médica que quiera evitar complicaciones o infecciones.

El 10 de diciembre de 2020, en el día internacional de los Derechos Humanos, la ley se aprobó en la Cámara de Diputados con 131 votos a favor, 117 votos en contra y seis abstenciones.

Aquello pareció una victoria para los que impulsaban la legalización del aborto. Pero el fantasma de 2018 estaba presente. La aprobación de la ley requería el visto bueno del Senado. Los senadores, considerados como más conservadores, podrían volver a ser, como en 2018, el último obstáculo a la ley. Pero no fue así.

El 30 de diciembre de 2020, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo por 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.

En 2021 Fernández promulgó la Ley 27.610 permitió el acceso legal y voluntario a la interrupción del embarazo, estableciendo entre otras cosas que “las personas con capacidad de gestar podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional”.

Una historia de lucha que se mantuvo en el tiempo consiguió su cometido. Fue hace cinco años.