En Córdoba, las autoridades municipales presentaron acciones penales contra once personas por arrojar residuos en la vía pública y en baldíos privados. La noticia surge de la intensificación del monitoreo urbano, una estrategia impulsada desde mediados de año. Las cámaras de videovigilancia, instaladas en coordinación entre la Municipalidad de Córdoba y la Policía de Córdoba, identificaron a quienes infringieron la normativa, lo que derivó en que sus casos llegaran directamente a sede judicial.
El fenómeno de los “basurales a cielo abierto” viene generando preocupación en los equipos de control sanitario municipales. Los registros oficiales exponen un incremento de la basura depositada en lugares no autorizados y, por tal motivo, se formalizó desde el municipio la presentación de denuncias contra quienes son captados por las cámaras en plena acción.
Las pruebas audiovisuales, obtenidas tanto por el Centro de Monitoreo Urbano dependiente de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas como por la central de comunicaciones de la Policía de Córdoba, fueron remitidas a la Fiscalía de Instrucción que conduce Raúl Garzón. En este marco, los funcionarios identificaron y notificaron judicialmente a once personas; la investigación alcanza tanto a titulares de terrenos como a personas detectadas manipulando o trasladando de manera irregular residuos domiciliarios o voluminosos.
Según explicó al medio cordobés La Voz el subadministrador General de la Justicia Municipal de Faltas, Lucas Carpio, el municipio decidió profundizar las tareas de seguimiento desde julio, luego de detectar reincidencia en las zonas donde se emplea vigilancia visual. “Se limpiaba y se volvía a arrojar. Hicimos un seguimiento y esta práctica continuó, por eso realizamos las denuncias”, sostuvo.
El sistema implementado con enfoque preventivo y sancionatorio, aseguró Carpio, pone especial énfasis en el seguimiento del “efecto rebote”: “Se limpia y se vuelve a arrojar”. Motivo por el que, además de las denuncias individuales, también se señaló a propietarios, ocupantes o poseedores de baldíos y viviendas situadas en barrios como Ampliación Cabildo, José Ignacio Díaz Segunda Sección, Los Boulevares y General Savio, advirtiendo sobre la necesidad de remediar los daños y asumir los costos de limpieza, de acuerdo a lo indicado por el funcionario.
El registro de actas labradas por monitoreo en 2025 alcanza las 121, mientras que, desde junio de 2024 hasta el 12 de diciembre de 2025, la Municipalidad de Córdoba retiró 5.210 toneladas de residuos en distintos operativos conjuntos con la Unidad de Riesgo Sanitario. Uno de los datos destacados: “Los vehículos que arrojan basura son de mediana y de alta gama. Los que arrojan residuos son responsables al igual que los que no limpian”, enfatizó Carpio.
Respecto a la dinámica ilegal, la municipalidad advirtió sobre reincidencia, dado que la limpieza periódica de basurales no frena la práctica. Por esta razón, la fiscalización se extendió a 52 espacios públicos monitoreados y el municipio busca incrementar ese parque tecnológico. Incluso, se destaca en la denuncia que, para frenar la proliferación de enfermedades y daños ambientales, se solicitaron medidas como el allanamiento y cierre obligatorio de predios involucrados. En paralelo, los operativos de limpieza ya implicaron la intervención judicial de 104 inmuebles.
En el aspecto sancionatorio, el régimen actualizado del Código de Convivencia prevé multas que oscilan entre 200 y 2.000 Unidades Económicas Municipales (equivalentes a sumas entre $2.212.800 y $22.128.000), la posible inhabilitación del carné de conducir y hasta el secuestro de los vehículos involucrados en las maniobras ilícitas. Las pruebas fílmicas, alerta la Municipalidad, son la pieza principal de impulso de las denuncias penales y administrativas.
Carpio exhortó a la población a “mantener la ciudad limpia” y utilizar canales oficiales para disponer de objetos voluminosos o desechos. La autoridad municipal advirtió que se detectó el uso de servicios no habilitados, situación que persiste pese a la disponibilidad de alternativas legales promovidas por el municipio.
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