
La tensión entre el Gobierno y las universidades continúa en aumento de cara al ya anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. De esta manera, asociaciones gremiales anunciaron un paro nacional para la semana próxima.
La medida fue convocada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), desde donde convocaron a un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo para el jueves 26 de septiembre.
A la medida, adhirieron la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) en reclamo de mejoras salariales y en defensa del presupuesto universitario.
Los días anteriores a la medida desde APUBA y ADUBA anunciaron que se realizarán jornadas de “visibilización”, que fueron estipuladas para el martes 24 de septiembre, cuando se realizará un abrazo al Hospital de Clínicas y el miércoles 25 de septiembre, día en el que las asociaciones asistirán al Conejo Superior de la UBA.
Estas actividades fueron convocadas desde las asociaciones gremiales en respuesta al anuncio del presidente Javier Milei, que confirmó la semana pasada que vetará la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Senado.

El proyecto contó con 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
Sin embargo, el mandatario adelantó que vetará la legislación al avalar las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien acusó a los senadores de hacer “populismo legislativo”.
Durante una entrevista radial, Álvarez fue consultado por la ley que aprobó el Senado y expresó: “Ya lo dijo el Presidente que cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal y el enorme esfuerzo lo iba a vetar”. “El proyecto tiene dos partes, una parte que es sobre los gastos de funcionamiento, que es abstracto porque eso ya está equilibrado, digamos los gastos de funcionamiento de las universidades recibieron 270% de aumento, que era lo que pedía el CIN. Y además la Universidad de Buenos Aires tiene aparte del resto del sistema, un aporte especial que hace el Estado al mantenimiento de los hospitales que está por fuera de los gastos de funcionamiento. O sea, tiene un refuerzo particular para el mantenimiento de los hospitales. Y eso se está pagando. Este puntualmente”, agregó en diálogo con Radio Mitre. A esto Milei sumó: “Veto total”.

La última medida de fuerza tuvo lugar la semana pasada cuando la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), junto a la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu) llevaron adelante un paro de 48 horas y convocaron a una movilización al Congreso.
En simultáneo, el Consejo Superior de la UBA emitió un comunicado destacando que los salarios de los docentes universitarios han perdido, en promedio, entre un 35 y un 55 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos ocho meses.
En este contexto, la vicepresidenta Victoria Villarruel envió el martes un mensaje a quienes, desde su punto de vista, utilizan al sistema educativo como “una herramienta de adoctrinamiento” en el marco del acto por el Día del Profesor.
Villarruel apuntó contra las autoridades de la UBA y sostuvo que “durante décadas se ha hecho un esfuerzo inusitado por parte de una oligarquía universitaria para penetrar las mentes de los estudiantes, pervirtiendo la voluntad de aquellos que deberían estar formándose para aportar sus saberes a la Patria, siendo profesionales de prestigio, ejerciendo su profesión de la mejor manera en pos de la grandeza de la Nación”. “El propósito real del que educa no es otro que formar el perfil moral y ético de las generaciones que van a tomar la posta y la conducción de la Argentina a futuro”, señaló.
Así, consideró como “un crimen” y un “acto de cobardía” educar políticamente a los niños y los adolescentes. En medio de las tensiones, cuestionó a quienes defienden la Ley de Financiamiento Universitario al decir: “¿Con qué moral los detractores profesionales que no quieren que nada cambie critican el equilibrio fiscal de nuestro gobierno? ¿Son los mismos que permitieron que la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo tuviera $1500 millones destinados para sólo 16 egresados?”.
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