Los metrodelegados nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunciaron hoy una serie de “medidas de autodefensa” para el próximo martes 18 de julio, pero a las pocas horas dejaron sin efecto la comunicación inicial y pasaron la protesta para el miércoles 19. Como suele ocurrir en el último tiempo, desde el gremio piden reducir la jornada laboral por la exposición al asbesto, que, según denuncian, ya provocó la muerte de tres trabajadores.
Mediante un comunicado firmado por Roberto Pianelli y Néstor Segovia, secretario general y secretario adjunto de la AGTSyP respectivamente, el sindicato comunicó que la protesta comenzará a las 9 de la mañana con la apertura de molinetes en las estaciones San Pedrito (Línea A), Juan Manuel de Rosas - Villa Urquiza (B), Constitución (C), Congreso de Tucumán (D), Virreyes (E) y Facultad de Derecho (H).
Luego, desde las 10 y hasta las 13, se llevará a cabo la interrupción total de todas las líneas de subtes y el Premetro.
“Lamentablemente tenemos que anunciar nuevas medidas de autodefensa porque no hemos recibido ninguna propuesta de las empresas Emova y Sbase”, explicó este sábado Andrea Salmini, secretaria de prensa de AGTSYP.
Salmini, al igual que lo publicado en el comunicado, responsabilizó a la presencia del material cancerígeno asbesto -descubierto en 2018- por la muerte de tres trabajadores. Además, denunció que 87 empleados y 1 pasajera resultaron afectados, en tanto que 2.150 trabajadores deben asistir a una visita médica todos los años para verificar que no haya secuelas por la exposición a este grupo de minerales fibrosos caracterizados por su resistencia al calor y a la corrosión.
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“Le pedimos disculpas a los usuarios por los inconvenientes que les pudiéramos ocasionar, y los invitamos a sumarse a nuestro reclamo por un subte libre de asbesto”, concluyó Salmini.
En respuesta a la nueva medida de fuerza que adoptarán los metrodelegados, desde la compañía Emova sacaron un comunicado en el que reiteran su “disposición al diálogo” a pesar de que sostienen que la reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta “inviable”.
“La empresa trabaja activamente en un plan de desasbestización en continuidad con el proceso iniciado hace 5 años. Este trabajo se realiza a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, insiste la empresa concesionaria de los subtes.
Por último, desde la compañía lamentaron la medida de fuerza “injustificada” que perjudicará a las personas que necesitan trasladarse en el subte y el premetro.
Bajo el mismo reclamo, la semana pasada el sindicato AGTSyP - Metrodelegados llevó adelante un paro escalonado de subtes que, como suele ocurrir con estas medidas de fuerza, afectó a miles de pasajeros que utilizan a diario este medio de transporte público.
La interrupción del servicio comenzó en la Línea E y el Premetro a las 5:30 del miércoles 5 de julio, y se extendió en ese servicio hasta las 10. A partir de allí la protesta se trasladó a las líneas A y B, que estuvieron sin servicio hasta las 14:30. Luego, la medida de fuerza continuó de 14.30 a 19 en las líneas D y C. Finalmente, pasadas las 18 el reclamo avanzó con el paro total de la línea H hasta el cierre del servicio.
Mientras se llevaba a cabo la medida de fuerza, miembro del secretariado ejecutivo de AGTSyP, Claudio Dellecarbonara, apuntó contra la empresa concesionaria del subte, Emova, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al enumerar las causas que llevaron al gremio a realizar la medida de fuerza.
“Seguiremos con las medidas tratando de que se haga lo que se tiene que hacer, que es retirar el asbesto, cambiar las flotas, poner a todos los trabajadores bajo vigilancia médica y reducir las jornadas de trabajo para minimizar los efectos de todos los factores de insalubridad”, aseguró el referente gremial.
Además, sostuvo: “Les pedimos disculpas a la gente, pero no es una pelea de trabajadores contra trabajadores como intenta hacer ver el Gobierno y la empresa. Acá hay una realidad donde los que deberían dar respuestas no lo hacen, no cumplen con la ley, no cumplen con los fallos de la Justicia, o sea que son delincuentes y eso ha producido la muerte de trabajadores, la afectación de trabajadores y también de usuarios”.
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