El Tribunal Oral Criminal 7 condenó hoy a tres años de prisión en suspenso a Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Fliess, dueños del boliche Beara, por el derrumbe del entrepiso del lugar ocurrido en septiembre de 2010 que mató a Ariana Lizarriaga, de 21 años, y Paula Provedo, de 20, e hirió a más de 50 personas. A la misma pena también fue condenado el maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien dio el aval para la habilitación del local.
En tanto, el tribunal absolvió a los ex funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y al comisario y oficiales de la Policía Federal que estaban acusados por el caso.
La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti que el próximo tres de agosto a las 20 horas darán a conocer los fundamentos de su decisión, la que podrá ser apelada. El tribunal no aceptó los alegatos de los abogados querellantes que representaron a la familias de las dos chicas fallecidas y los declaró nulos, por lo que sus pedidos de condena no fueron tomados en cuenta. El veredicto fue leído desde la sala de audiencias del Tribunal y la mayoría de las partes lo siguieron por videoconferencia.
El hecho ocurrió la madrugada del 10 de septiembre de 2010 cuando los integrantes del ex grupo Ráfaga estaban dando un recital y se cayó el entrepiso del boliche Beara. El expediente llegó a juicio oral con 17 imputados bajo la acusación de que los dueños del boliche y los funcionarios de habilitaciones del gobierno porteño “era quienes se encontraban en posición de garantes específicos desde la organización hasta el otorgamiento de la habilitación y su ampliación” del entrepiso que fue instalado de manera deficiente y tuvieron un “desprecio de recaudos de seguridad y de la protección de la salud y de la integridad física de los concurrentes”.
El Tribunal condenó a Yun, Dobrila y Fliess, socios en la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que explotaba Beara, a tres de prisión y a cinco años de inhabilitación para ejercer el comercio de casas de fiestas privadas y locales bailables. El maestro mayor de obras Amaru recibió la misma pena de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer su profesión. Los cuatro fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas y por lesiones culposos leves y graves.
La pena es en suspenso, por lo que si queda firme no irán a prisión. Y los dueños de Beara fueron absueltos por la acusación del pago de coimas a funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a oficiales de la Policía Federal.
El fiscal Oscar Ciruzzi cuatro años y medio de prisión para los empresarios y cuatro para el maestro mayor de obras. En su alegato, Ciruzzi había señalado que la construcción del entrepiso que se cayó era deficiente y que su estructura no era apta para soportar la cantidad de gente que concurría al boliche y que no se controlaba cuántas personas accedían a ese lugar. También que los dueños de Beara violaron el deber de cuidado que tenían al no exigieron los planos de la construcción y que habían pedido la habilitación como casa de comidas primero y después como lugar para fiestas privadas pero nunca como boliche.
El resto de los acusados fueron absueltos. Son el co-organizador del recital Maximiliano Fratino; el encargado de Beara Agustín De Grazia; los gestores del boliche Leandro Camani y Matías Pantarotto. También el ex director General de Habilitaciones y Permisos Martín Farrell; el ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas; el exjefe del Departamento de Esparcimiento Norberto Cassano; el ex responsable de Verificaciones y Habilitaciones Isaac Rasdolsky; la ex directora de Fiscalización y Control del gobierno de la ciudad Vanesa Ileana Berkowski. También fueron absueltos el comisario de la Policía Federal Argentina Rodolfo Cabezas y los oficiales Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González. La audiencia de hoy se inició por la mañana con las últimas palabras de los policías que señalaron que eran inocentes.
En su alegato, la Fiscalía había pedido condena para los policías y para Farrell, Saikauskas, Cassano y Rasdolsky. Sostuvo que los entonces funcionarios del gobierno de la ciudad permitieron que Beara funcionara con una habilitación que no era para boliches con noches donde había 700 personas y que los policías cobraban coimas para no controlar el lugar.
A partir de agosto, cuando se conozcan los fundamentos, las partes podrán apelar para que el veredicto sea revisado por la Cámara Nacional de Casación Penal.
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