Denunciaron “visible desamparo institucional” en el conflicto por la toma de tierras de Villa Mascardi

La tensión en Villa Mascardi no cesa. Movilizaciones, protestas, manifestaciones, rutas cortadas por efectivos policiales para evitar concentraciones y posibles enfrentamientos, denuncias de desprotección por parte del Gobierno nacional, desde donde en cambio nació la presentación de una denuncia penal ante la Justicia Federal por “posible comisión de delitos” dirigida a organizadores del denominado “Banderazo Patriótico” en defensa de los vecinos de la localidad ubicada a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche: hoy una de las zonas calientes donde persisten históricos conflictos territoriales por toma de tierras.

“Basta de ocupas. El Estado debe defender los dominios públicos y privados” y “No somos fascistas, no estamos armados, somos vecinos” fueron algunas de las leyendas que aparecieron en los carteles de los manifestantes. El reclamo obedece a la inacción de las autoridades nacionales. “El Estado no está presente. No defiende a sus ciudadanos y tampoco cuida y garantiza la propiedad privada”, publicó en sus redes sociales Lorenza Marzen, diputada nacional por la provincia de Río Negro, quien a su vez afirmó que la ausencia de respuesta del Estado Nacional y provincial es “desesperante”.

En esa línea, ayer circuló una carta del Sindicato de Guardaparques Nacionales enviada al presidente de Parques Nacionales, Daniel Somma. “El Cuerpo de Delegados del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina reclama con gran preocupación por el silencio institucional y la falta de garantías laborales por parte de la Administración de Parques Nacionales para con los compañeros que hoy se desempeñan en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre todo el personal que se destaca en el área de Villa Mascardi y Seccional Maitenes”, dice la misiva.

El escrito denuncia el “desamparo institucional” al que se ven sometidos los guardaparques que se desempeñan en la zona sur del parque Nahuel Huapi, en el marco del conflicto por la toma de tierras. “Como es de público conocimiento en la zona de Villa Mascardi se ha desatado un conflicto territorial donde se ve comprometido el patrimonio y bienes del Estado Nacional, razón por la cual nuestros compañeros son el centro de reiterados hechos de violencia, recurrentes amenazas y hasta atentados a vehículos oficiales y particulares, siendo a veces con un alto tenor de agresividad como sucedió en la Seccional Maitenes donde se registraron en varias ocasiones disparos de armas de fuego hacia la vivienda siendo visibles los impactos sobre las paredes”, explicaron.

“Ante el visible desamparo Institucional, este tipo de agresiones se han vuelto frecuentes sin consecuencias graves hasta el momento, aunque no por esto debemos aceptarlas como ‘normales’”, manifestaron. En la carta argumentaron que debieron realizar tareas de control y vigilancia para brindar mayor seguridad en el tránsito vehicular sobre la ruta nacional 40, pero reclamaron que “estas medidas deben ser acompañadas a nivel Institucional por la gravedad del asunto”.

“Estas situaciones de violencia provocan desánimo personal, perjudica el desempeño laboral, genera gran preocupación dentro de los familiares de los compañeros, que a pesar de estas circunstancias han demostrado un gran compromiso para continuar realizando las tareas que según sus funciones deben desempeñar. Por lo antes descrito y por otros hechos de conocimiento interno es que solicitamos se tomen las medidas pertinentes para garantizar la integridad física de las compañeras y compañeros”, exigieron desde el sindicato, fundado el 5 de junio de 1989 en la ciudad de San Carlos de Bariloche e inscripto con el nombre “Asociación de Guardaparques Nacionales de la República Argentina AGN-RA” bajo la Resolución 924-1990 del Ministerio de Trabajo.

En el conflicto en Villa Mascardi, la pulseada es por la propiedad de las tierras de las que grupos mapuches afirman tener derechos ancestrales. En 2017 la disputa se acrecentó cuando la comunidad Lafken Winkul Mapu tomó posesión de un predio de aproximadamente seis hectáreas ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. En ese contexto de enfrentamientos, tuvo lugar el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, el 23 de noviembre de 2017, por una bala policial en un operativo de desalojo.

En el último mes se incrementó la polémica con dos ataques contra una propiedad del predio de “La Cristalina”, ubicada en el kilómetro 2004 de la Ruta Nacional 40 que se dirige hacia El Bolsón. Estos hechos de violencia inspiraron la reacción de buena parte de la población. En la jornada de ayer se realizaron manifestaciones en la ruta y en el Centro Cívico de Bariloche. En relación a esta convocatoria, el Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la cartera de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra los organizadores de las marchas y pidió que se los investigue por cometer los delitos de “instigación” , “apología del crimen” y “asociación ilícita”.

Esta iniciativa del Gobierno nacional, que lejos de dar respuesta a los reclamos de los vecinos agredidos optó por denunciarlos en base a la sospecha de que pudieran excederse en la defensa de sus derechos, suscitó un repudio generalizado, al punto que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, intentó una aclaración de la presentación judicial: “La denuncia se hizo con el objeto de poner en conocimiento de la Justicia información pública sobre posibles grupos organizados que ostentando armas de fuego instigaban la violencia, el uso de armas y amenazas en Villa Mascardi. Para evitar la escalada de violencia y prevenir los choques alentados por esos grupos, enviamos y reforzamos el personal de las Fuerzas Federales. Sostenemos que la resolución de los conflictos sociales debe transitar el camino del diálogo, el respeto y la mediación inteligente”.

En ningún momento el Ministerio de Seguridad alude a las ocupaciones ilegales de tierras ni a las agresiones constantes de que son víctimas los vecinos y los propios guardaparques.

Alberto Weretilneck, senador nacional por Juntos Somos Río Negro, dijo que la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad “es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas”. “El no reconocimiento de la Argentina como Nación, el no reconocimiento de nuestros símbolos patrios, el no reconocimiento de las autoridades electas democráticamente por los ciudadanos, y el no reconocimiento a la propiedad estatal y privada, es la postura ideológica de este grupo violento y extremo que se autodenomina ‘Lof Lafken Winkul Mapu’ y ni siquiera está inscripto en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”, cuestionó.

“Argentina y Mascardi principalmente es el mundo del revés donde por un lado el Estado persigue a los vecinos que pacíficamente peticionan a las autoridades y por el otro lado propone diálogo con quienes amenazan, extorsionan, delinquen y pretenden adueñarse de lo ajeno. Los ciudadanos necesitan que las instituciones de la República estén del lado de quienes respetan la ley y no que los persiga”, manifestó, a su vez, el abogado Nicolás Suárez Colman, especialista en derecho administrativo y referente del PRO.

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